La identidad juvenil en la sociedad contemporánea (al menos en los sectores urbanos y de nivel socioeconómico medio y alto en nuestro país) se define en gran medida a través de los usos dados al tiempo de ocio y al consumo cultural durante el mismo. Éste consumo, cada vez más diferenciado (de música, ficciones literarias, gráficas y audiovisuales; moda; espacios, etc.) define, en un segmento de la juventud, la formación de subculturas crecientemente diferenciadas, cuyos miembros poseen referentes, actitudes y signos distintivos comunes. Tenemos, entre otras subculturas: metaleros, punks, góticos, emos, rastas, hip-hoperos, surfers, gamers, geeks y otakus.

Las denominaciones de origen son signos que cumplen una finalidad distintiva y que tienen por particularidad que, en su estructura, se aprecia el nombre de un lugar geográfico. Además, tales signos se refieren necesariamente a productos con características que se encuentran presentes gracias al lugar geográfico correspondiente. Promover las denominaciones de origen reviste una especial importancia a partir del importante bagaje agrícola y las especiales características climáticas y culturales de diversas zonas de nuestro país, lo cual se traduce en una necesidad de orientar los esfuerzos en la línea del análisis y reconocimiento de nuevas denominaciones de origen.

Ha sido un acierto que el Pleno del Congreso aprobara el 22 de junio pasado, por unanimidad, el Proyecto de Ley N° 1983-2007-PE, y que poco después (17 de julio) el Presidente promulgara la Ley Nº 29561 que establece la continuidad en la cobertura de preexistencias de la  capa compleja en el Plan de Salud  de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), resolviéndose el problema de exclusión en la atención de los trabajadores que sufren de enfermedades y, al cambiar de empleo, sus EPS’s no cubren los tratamientos.

Enfoque Derecho informa a sus lectores sobre la actualización del Blog Sin Censura Previa de Christian Donayre Montesinos.

 

El autor, en su nuevo artículo: “Precisando el margen de acción del juez constitucional frente a la demora del proceso penal”, analiza los límites del Tribunal Constitucional al dar sentencia sobre casos de violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable dentro de un proceso penal. El artículo desarrolla los nuevos criterios esgrimidos por el juez constitucional peruano, tomando como punto de análisis el caso “Julio Rolando Salazar Monroe” (Expediente N° 05350-2009-PHC/TC).