No, no nos hemos equivocado estimado lector, estamos reconociendo –desde el propio título– nuestra calidad de no-especialistas respecto de una de las materias que se abordará explícitamente en la presente nota. Nos referimos, como es natural, a la categoría tributaria de impuesto, la cual a su vez conlleva un manejo –por mínimo que este sea– de nociones como tributo (vinculado o no-vinculado), capacidad contributiva, confiscatoriedad, etc. Es por ello que estamos conscientes de las probables críticas de las que podamos ser objeto por el empleo no-técnico de dichas nociones, por lo que pedimos las disculpas anticipadas a los auténticos especialistas.

Ante tamaño reconocimiento, surge una interrogante inmediata: ¿por qué leer los desvaríos de un no-especialista sobre un tema que exige una altísima especialización? La respuesta, curiosamente, es en gran parte la misma que motiva la pregunta, en la medida que no somos especialistas no podemos analizar los debates jurídicos que los especialistas desarrollan; por tanto, intentaremos estudiar los fundamentos de carácter social y económico que justifican el cobro y el pago de un tributo. Incluso el efecto que genera el tributo en los miembros de la sociedad es difícil de describir pero sabemos muy bien que es particularmente vívido (al menos para un sector importante de ella), ya que extrae una parte del patrimonio de un sujeto (el contribuyente), quien puede no recibir una ventaja específica ante dicho desembolso (en los tributos no-vinculados) o recibiéndola (como un bien o un servicio) puede que considere que no tiene por qué pagar por él (pues, como sucede en el caso de los impuestos y muchas veces también en el caso de las contribuciones, es una obligación estatal) o que su cobro es excesivo (sobre todo en las tasas, si bien la discusión sobre los impuestos confiscatorios es uno de gran relevancia teórico-practica del régimen tributario).

Teniendo estos elementos de juicio en mente, podemos sintetizar las reacciones de los miembros de la sociedad en dos expresiones típicas. La primera, el dinero que se desembolsa por impuestos se extrae, como es obvio, de nuestro patrimonio y por ello deseamos conservarlo (o, en otras palabras, ¡es nuestro dinero y queremos quedarnos con él!); y, la segunda, el dinero se entrega al Estado quien muchas veces lo gasta de modo indiscriminado y sin identificar las verdaderas necesidades de la sociedad (o, si se quiere, ¡es nuestro dinero, por ello deseamos gastarlo libremente y como creamos conveniente¡). No obstante que, en no escasa medida, las reacciones aludidas tienen un componente de verdad, también hay que observar que parten de una premisa que es susceptible de crítica: el dinero aludido no es totalmente nuestro.

Hacer una afirmación de este tipo puede parecer injustificada, sin embargo, bien vistas las cosas no debería causar demasiada perplejidad, por no decir que debe ser admitida pacíficamente. En efecto, el patrimonio que cada persona acumula no es sólo el fruto de sus iniciativas individuales, de su trabajo, de su ahorro o, en fin, de lo que pudiese heredar de otro, sino que para obtenerlo, mantenerlo o transmitirlo se requiere –como es natural– de un sistema que lo respalde. Vale decir, nuestros esfuerzos no son del todo autónomos e independientes sino que se encuentran enmarcados dentro del sistema social, económico y jurídico del medio en el que nos desenvolvemos. Acaso se podría iniciar una actividad comercial sin un sistema que asigne titularidades (a través de la propiedad intelectual sobre un lema, una patente, etc.), pasando por su tutela (sea por medio de la represión de la competencia desleal, la responsabilidad civil o bien la sanción administrativa/penal) y culminando con la posibilidad de lograr su desplazamiento (por el uso de mecanismos contractuales); si eso sucede en el caso de iniciativas privadas (y ello sin siquiera entrar a analizar que para financiar dichos emprendimientos se requiere –por lo general– la participación de mercados regulados, como el sistema financiero) otro tanto se puede decir acerca de actividades que se encuentran funcionalmente dependientes de la actividad ajena.

Aunque no resulte evidente para muchos, en realidad los impuestos se erigen en un precio que los ciudadanos debemos pagar en aras de alcanzar no sólo la propiedad sobre bienes, sino también la libertad necesaria para la búsqueda personal de felicidad o, para ser menos optimistas, para la consecución de nuestras metas. Sin un sistema que asigne y tutele titularidades, los individuos no podremos ser auténticamente libres, no sólo porque la propia libertad es un derecho que debe ser asignado y tutelado, sino porque sin dicho sistema no existiría un incentivo para invertir, pues no habría ninguna seguridad de que el beneficio resultante permanecerá en nuestro patrimonio. Digamos que una persona desea construir una casa, para ello requiere adquirir el terreno sobre el cual edificará, contratar a quienes llevarán adelante la obra, obtener el material para la misma y (casi con seguridad) obtener el financiamiento respectivo. Si dicha persona no tuviese la certeza de que podrá retener la obra para sí, no la realizaría puesto que asumiría todos los costos y no sabe si es que recibirá los beneficios netos esperados.

Lo curioso de una constatación como la mencionada es que el verdadero sentido o justificación para imponer el pago de un impuesto no sería el denominado principio de capacidad contributiva (que hipotéticamente grava determinados hechos o eventos que revelan riqueza) sino más bien la utilidad que el contribuyente extrae del propio sistema o, si se quiere, la necesidad que tiene el contribuyente de dicho sistema. Nos explicamos, una persona que realiza una actividad económica, que tiene patrimonio o que tiene capacidad para adquirirlo requiere más del sistema y del Estado que aquella persona que no los tiene. La razón de ello es sencilla, si no existiese ni el Estado ni el sistema jurídico no tendría manera de obtener su titularidad, protegerla o trasmitirla; si se quiere los sujetos que formamos parte de la formalidad requerimos del Estado y del propio sistema jurídico más de lo que lo hace una persona que no forma de ella o que no tiene bienes. Un indigente no necesita más que para medidas asistenciales para la satisfacción de necesidades vitales, las cuales muchas veces no son siquiera provistas por el Estado y debido a su indefensión pocas veces tienen alguien que permita que su voz sea escuchada; en cambio, una persona que realiza una actividad económica no necesita del Estado sólo para medidas asistenciales sino fundamentalmente para la seguridad jurídica, incentivos para su actividad, etc.

Inicialmente hemos aceptado nuestra calidad de no-especialistas, es por ello que nos sentimos en la posibilidad de cuestionar una categoría institucional como lo es la capacidad contributiva. Tal vez la crítica no haga más que evidenciar, desde un punto de vista diverso, un contenido ya existente en la propia noción en cuestión. La idea de capacidad contributiva se suele centrar, al menos en muchos autores, demasiado en el excedente patrimonial que tiene un individuo y que en atención a la solidaridad social debe aportar más que otro individuo. En puridad, creemos que ello no es tan cierto o al menos debe subrayarse que esos mismos sujetos con excedente patrimonial son los que en mayor medida requeriran (potencialmente) tanto de la existencia del sistema jurídico cuanto del propio Estado. Esta constatación deja aún en el tintero el alcance del Estado y del uso de los impuestos pero ello excede los límites de la presente nota.

En conclusión, no podemos estar más de acuerdo con aquella frase de Oliver Wendell Holmes jr. según la cual los impuestos «son el precio que pagamos por la civilización».

¿Cómo citar este artículo?

SAAVEDRA VELAZCO, Renzo. ¿Quién tiene mayor necesidad de pagar impuestos? Un esbozo crítico desde la perspectiva de un no-especialista. Publicado el 1 de julio de 2010. http://enfoquederecho.com/%c2%bfquien-tiene-mayor-necesidad-de-pagar-impuestos-un-esbozo-critico-desde-la-perspectiva-de-un-no-especialista/ (visitado el dd/mm/aa a las hh:mm).

4 COMENTARIOS

  1. Interesante el punto de vista, y solo para corroborar lo que aquí se sostiene y como muestra de que siempre es posible pensar diferente, aun cuando esto sólo sea un mero ejercicio intelectual, terciaremos con estas ideas que nos muestra un escenario distinto a aquellas que nos dicen, “mi dinero es mío de mi y el estado me lo quita mediante impuestos, por lo que en buena cuenta, los tributos son el instrumento para conculcar la propiedad privada.”
    Una persona sólo puede decir, “esta casa o este carro es mío, o es de mi propiedad”, cuando el derecho así lo reconoce. Si el derecho no me reconoce como propietario de una casa, yo no soy propietario de esa casa, de la misma manera que yo no me puedo reclamar marido de mi vecina si yo no me he casado con ella.
    Ahora bien, la idea común es que uno trabaja, por ejemplo empresarialmente, y obtiene ingresos, lo que conlleva a que uno determine una renta neta, una utilidad, una ganancia imponible. Seguidamente, el Estado mediante el Impuesto a la Renta afecta mi propiedad al llevarse el 30% de mis ganancias, lo cual se muestra sumamente injusto, si además no recibo aparentemente nada a cambio, individualizado en mi espera personal.
    Sin embargo, veamos las cosas desde otra óptica. Imaginemos por un momento que las cosas no son como antes fue descrita, sino que el derecho, quien asigna las titularidades dijera: en el mismo momento que se produce la ganancia, la utilidad o la renta, en ese preciso momento y antes de que se incorpore al ámbito patrimonial de quien ha trabajado y la ha hecho posible, en ese preciso momento un 30% de esa renta es de propiedad del Estado, por concepto de Impuesto a la Renta y el 70% restante es de propiedad de quien lo ha generado. Si así fueran las cosas, quien no paga el impuesto, no es que con dicho acto se esté resistiendo a ser privado de su propiedad, sino que con ello seguramente estaría conservando para sí un 30 % que no le pertenece, negándoselo a su verdadero propietario, entonces, ¿Quién le roba a quien cuando no se pagan los impuestos?.

  2. Es cierto. La idea básica de la nota es presentar una posibilidad alternativa sobre por qué se deben pagar impuestos y quién estaría en mayor necesidad de pagarlos. Incluso la idea que presentas me parece válida, aunque un tanto limitada a impuestos que imiten la estructura del impuesto a la renta (vale decir que graven utilidades) y no al resto de impuestos (en los que se grava por ejemplo “exhibiciones de riqueza” como lo son la compra de bienes, contratación de servicios, etc.).
    Empero, y aquí creo que radica nuestra coincidencia, el aspecto a prestar atención es que el sistema jurídico es quien determina las titularidades y por ende podría expresar que ab initio esa parte de los beneficios o utilidades debe ser entregada al Estado, con lo cual no es que se extrae “algo” del patrimonio de un sujeto sino que sencillamente se traslada a su verdadero titular. Si bien ello me parece posible de admitir desde el punto de vista lógico y jurídico le veo algunos inconvenientes de naturaleza práctico (habría que establecer un mecanismo que permita la determinación y pago de tales impuestos casi al momento en que se genera; al menos si es que se quiere difuminar ciertos riesgos y a su vez impedir la percepción del sujeto de que ese “pago” en realidad si extrae una parte de su patrimonio -si el período de dilata es de esperar que se genere una percepción de titularidad-); sin mencionar que, al menos en el caso del impuesto a la renta, impediría discriminar aquellos tramos inafectos o generar esquema escalonado de tasas a aplicarse. Sin embargo, creo que es una buena idea.
    Gracias por tu comentario.
    RSV

  3. La propuesta realiza por “anonimo” a mi parecer no solo tiene inconvenientes parcticos, sino que tambien los hay de caracter juridico.

    Y es que para la determinacion del impuesto a pagar, resulta necesario que este “ingrese” (o que se genere la exigibilidad del credito) efectivamente al patrimonio del contribuyente, solo a partir de ahi se realiza el calculo de la base imponible y el consecuente monto a pagar. De hecho es tan importante este “ingreso al patrimonio”, pues solo de esa forma se justificaria, por ejemplo ” la compesacion de perdidas por periodos anteiores”.

    Ademas, no debemos olvidar que los impuestos se fundan en el principio basico de “capacidad contributiva” . Y en virtud a este principio y de las consideraciones personales que se realicen del sujeto, es que en determinadas situaciones se exoneren el pago de determinadosimpuestos ( claro con excepciones como el IGV que grava hasta a el mendigo).

    Por estas razones considero, que la confluencia de los Ingresos, con el patrimonio del contribuyente, resulta de vital importancia para la dterminacion del impuesto a pagar.

    Por ultimo solo bastaria recordar lo dicho por el Maestro Geraldo Ataliba, para quien el tributo es “una obligacion de transferir la propiedad al estado, de origen publico, distinto de las sanciones y los precios publicos”

    De lo dicho por este maestro, se conclueye que como se tarta de un OBLIGACION DE TRANSFERIR EN PROPIEDAD, esto implica necesraiamente que primero sea propiedad del contribuyente

    saludos

  4. Estimado CDA:

    Tienes razón en que a nivel dogmático-tributario, el pago de impuestos se fundamenta en la denominada “capacidad contributiva”. Sin embargo, el ejercicio que se hace importa hacer a un lado esta idea pues, en mi opinión, no aprehende correctamente una serie de ideas.

    Precisamente por ello deseaba subrayar el hecho de que quienes “exhiben mayor capacidad contributiva” son los que más requieren del aparato estatal y del propio sistema jurídico, debido a que éste es el que les permite ser titulares, realizar actividades económicas, etc. Creo que, en ese contexto, la afirmación del “Anónimo” no es tan errada; sobre todo por que se hace al margen de la “capacidad contributiva”. Pero sí podría discutirse la aplicación de criterios como “lo devengado” o “lo percibido” que al final del día son más elecciones normativas más bien arbitrarias que sustentadas en criterio lógico-jurídicos. Nuevamente, afirmo ello con la libertad de ser no-especialista.

    Saludos cordiales,

    RSV

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here