La norma es que el gobierno de salida, en búsqueda de mayores réditos electorales, utilice las pocas decisiones -aún dentro de sus competencias- con afán populista, sin importar la sensatez o insensatez de las mismas. Dos disposiciones recientes nos permiten respirar con tranquilidad: en primer lugar, la rebaja de aranceles que alcanza a 3,401 partidas (el arancel promedio bajaría de 5% a 3.4%); en segundo lugar, la decisión por parte del Ejecutivo de observar la Ley de Protección Patrimonial (o “Ley Oviedo”).

Aprovecharemos la reducción arancelaria para comentar los perjuicios a los consumidores del proteccionismo local. Desde el punto de vista de los consumidores, que contabilizan la totalidad de los peruanos, la rebaja de las partidas brinda dos beneficios palpables en el corto plazo: precios más bajos de los bienes importados y mayor variedad de productos (en cuanto a calidad y otras variables afines); en el mediano plazo, existirán otros beneficios que estarán ligados a cómo reaccionen los productores locales.

Los demagogos, prestos a responder contra cualquier política “neoliberal”, arremeten contra esta medida por razones “nacionalistas”: en opinión de ellos, dichas reducciones atentan contra las industrias locales. Ello, sin embargo, no es necesariamente así. Los industriales locales, que significan un grupo minúsculo frente a los consumidores de los bienes en cuestión, deberán volverse más competitivos, lo cual significará mejoras en sus procesos productivos, en sus prácticas gerenciales y en cualquier otro campo donde los aranceles les hayan permitido mantener ineficiencias en su cadena productiva. Aquel que no reformule su estructura productiva resbalará en el cierre de sus operaciones eventualmente, lo cual tampoco sería malo, dado que dichos activos se transferirán parcialmente a otras industrias más productivas (la famosa “destrucción creativa” de J.A. Schumpeter).

Los proteccionistas y mercantilistas locales gemían por mantener este tipo de prebendas en los noventa; hoy, después de 20 años de medidas de apertura comercial, podemos constatar las bondades de dicha medida en el largo plazo y en el íntegro de los grupos involucrados: la tasa de arancel promedio en 1977 era 92%, en 1981 fue 32%, en 1988 volvimos al 70%, en 1990 se bajó drásticamente a 26% y se mantuvo decreciendo hasta el 3.4% actual. No obstante, la tasa de crecimiento del PBI manufacturero ha sido 5.3% para los últimos 10 años, una tasa similar al PBI nacional. Así las cosas, no sólo ha probado ser mejor para los consumidores locales sino también para los sectores -supuestamente- “desprotegidos”.

En todo caso, una felicitación al ministro de Economía y esperamos que esta racha de medidas económicamente “sensatas” se mantengan durante el resto de la campaña.

1 COMENTARIO

  1. Sería interesante ver cuáles son las partidas arancelarias que han sido dadas de baja y cuál es el sustento para hacerlo (algo que no he visto en la mayoría de diarios y artículos), más que solamente rebajarlas por ser políticas “neoliberales” que van con la política económica general. Como dice, la rebaja de aranceles beneficia al consumidor y tiene importantes efectos a mediano y largo plazo, pero así como necesariamente podría no afectar a la industria nacional, podría sí hacerlo, recordando que los mercados no son perfectamente competitivos a la hora de tratar, por ejemplo, con distintas condiciones iniciales en empresas extranjeras.

    La apertura comercial de los 90s ha sido, efectivamente, positiva para el crecimiento del PBI a lo largo de los años y para la eliminación de varias empresas que no eran competitivas y eran subsidiadas sin sustento por el Estado. Sin embargo, no podemos negar que varias nacionales también cayeron al no poder competir con empresas extranjeras que sí eran apoyadas por sus Estados con subsidios y con poca regulación laboral. Mucho en economía “depende” y hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones a la hora de tomar decisiones de política.

    Lo curioso sería que, en vez de subir y bajar aranceles de acuerdo a gobiernos de turno y discursos heterodoxos u ortodoxos sin mayor análisis, se haga de acuerdo a una política comercial bien definida y una línea un poco más clara de política industrial, la que ahora es inexistente. En ese caso, sí consideraría que hay una verdadera sensatez económica.

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