Por: Álvaro Zapatel Malpartida
Corresponsal de Enfoque Derecho en Boston College
Estudiante de Economía con mención en Economía Política Internacional

En 1968, el ecologista Garrett Hardin escribió un ensayo que le valió reconocimiento mundial por ser el primer académico en describir un problema común en un mundo de escasos recursos e individuos intentando maximizar su beneficio sin cooperación alguna – como suele ser el caso en nuestra realidad. Aquel ensayo fue titulado “The Tragedy of the Commons” – que en castellano se puede entender como “La Tragedia de los Espacios Comunes”. Los “Commons”, en regiones de habla inglesa como el Reino Unido y EE.UU., son entendidos como los espacios comunes, valga la redundancia, en los que cualquier individuo puede hacer uso de aquel sin tener que incurrir en el pago de una tarifa, peaje o impuesto –  podríamos decir que los parques en la actualidad, a excepción del Circuito Mágico del Agua, cumplen con esta descripción. Así, cualquier individuo tiene la plena libertad de utilizar aquel espacio de acuerdo a sus intereses individuales. Un caso notable, y del que se desprende un caso real del ejemplo que Hardin utiliza en su paper, fue el de las áreas verdes y de pasteo que conforman el “Boston Common” –conocido como el parque central de la ciudad de Boston. El “Boston Common” es el parque más antiguo de EE.UU. y por ello ha sido escenario de sendos acontecimientos históricos en lo que va de su existencia.

Como parte de aquella extensa historia, en el siglo XVI el “Boston Common” era utilizado por granjeros y distintas familias como un espacio de pasteo para el ganado que aquellas personas tuvieran. Dadas las características del “Boston Common”, cualquier individuo podía ir con su ganado y beneficiarse de las áreas verdes que este parque ofrecía. La historia concluye con un resultado negativo, pues todos aquellos que llevaron sus vacas, obedeciendo al interés individual de satisfacer a su ganado, terminó por agotar el pasto que, de haber cooperado los granjeros o de haber existido mecanismos de cooperación entre los consumidores del pasto – es decir, los granjeros – o del municipio como tal que regulara – mediante mecanismos de exclusión como un peaje de entrada – el abuso del consumo de pasto en el “Boston Common”.  Por ello, los granjeros, al maximizar su utilidad individual, terminaron por agotar el pasto que pudo haber persistido como espacio de pasteo por mayor tiempo. El caso del “Boston Common”, se convierte, entonces, en una Tragedia de los Espacios Comunes, en el que el principal problema es la presencia de “free riders”, o personas que consumen algún recurso público en proporciones mayores o menores a lo que realmente debieran consumir. Estos “free riders” no enfrentan los costos que, de no haber imperfecciones en aquel mercado, debieran incurrir. ¿Y a qué se debe aquel problema? A que los costos externos al consumo directo de aquel recurso – por ejemplo, el posible agotamiento del pasto del parque – no se han internalizado en el precio que aquel consumidor enfrenta en el mercado. Así, al ser el pasto del parque “gratis”, el consumidor se apropia de una porción del pasto mayor a la que realmente debiera apropiarse, ya que los costos que pudieran existir por el abuso de consumo del pasto no se reflejan en el precio explícito de su uso, que es cero. Si aquel razonamiento es hecho por todos los consumidores del pasto, siendo esta asunción totalmente probable, todos los consumidores abusarían del pasto disponible y por ello, terminarían agotando un recurso que, de haber internalizado los costos relacionados a su abuso, pudiera haber prevalecido.

Entre posibles soluciones al problema están las regulaciones que el Estado, a través de leyes, impuestos u otros incentivos económicos, pudiera ejercer para internalizar las externalidades – es decir, reflejar los costos que inicialmente no son expresados en los costos percibidos por los consumidores, como también reducir el número de “free riders” y por ello reducir el potencial abuso de determinado recurso o bien. Entre aquellas posibles soluciones al problema está el “Teorema de Coase”, desarrollado por el Nobel de Economía, Ronald Coase.

Este paper fue objeto de análisis de distintos especialistas y académicos, tales como los Premios Nobel de Economía Ronald Coase y Elinor Ostrom. Si bien Hardin fue criticado por no haber hecho algunas aclaraciones con respecto a aquel ejemplo – como el hecho que un parque como el “Boston Common” no necesariamente es un bien público como la defensa nacional (es decir, un bien cuyo consumo no genera rivalidad o que no excluye a otros el consumo del mismo). Sin embargo, lo propuesto por Hardin nos permite aterrizar un problema que actualmente viene causando muchas noticias, reacciones en la web y caras largas: la contaminación visual que el exceso de pancartas electorales está generando en Lima y otras ciudades del Perú.

Son 3900 hombres y mujeres los que están aspirando a convertirse en Padres y Madres de la Patria, y por ello la batalla por cada voto es encarnizada, sumando a la ya obvia cuantiosa oferta de candidatos el incentivo individualista que trae el voto preferencial.  Así, la vía pública se convierte en el espacio idóneo para una batalla campal que se concentra, principalmente, en la proliferación de carteles publicitarios como una herramienta elemental de “branding” o “posicionamiento en el mercado”. Para colocar sus carteles, los candidatos no deben incurrir mayor costo que el de la producción del cartel, puesto que la vía pública, como tal, no requiere a los candidatos el pago de alguna tarifa, impuesto o peaje por el uso de determinado espacio en la misma. Hasta ahí, la situación se convierte en un “win-win” para los candidatos, puesto que estos son libres de colocar cuantos paneles quieran en tantos lugares como deseen mientras tengan los medios suficientes para pagar el costo de producción de sus paneles publicitarios. Los candidatos, al pensar tanto en el Perú y en llegar al Congreso para poder compartir sus ideales de honestidad, justicia, lealtad, triunfo (¿?) y otras virtudes como las que señalan en sus paneles, se olvidan de un elemento crucial para conseguir sus objetivos: el perjuicio en la utilidad de los electores, quienes se ven afectados negativamente con el exceso de publicidad invasiva y, posiblemente, irrelevante para ellos. De esta manera, los candidatos abusan del consumo del espacio a ocupar en la vía pública y, de paso, son productores de contaminación visual. Asimismo, el exceso de avisos publicitarios puede terminar siendo contraproducente para los mismos candidatos, ya que atrofian la atención del elector y este termina por ser indiferente frente a la abundancia irrelevante de avisos publicitarios.  Esto podría constituir un interesante estudio utilizando la Teoría de Juegos para analizar la interacción de estos candidatos-competidores al hacer uso de un espacio común.

A esto también se le puede sumar el peligro distractor que aquellos paneles pudieran tener en desmedro de los conductores. Estos perjuicios en la utilidad de los electores – quienes también son usuarios de la vía pública – se traducen en costos que los candidatos no están incurriendo, puesto que no existe ningún mecanismo o regulación que internalice aquellos costos en el precio que los candidatos afrontan al querer colocar algún cartel.  Según el Teorema de Coase, en casos en los que existen externalidades y “free riders” abusando de un recurso o bien público, deberían existir legislaciones que buscaran asignar derechos de propiedad de aquel recurso. Si bien en este caso aquello podría ser difícil – ya que veo poco probable que el gobierno otorgue directamente a los electores-ciudadanos el derecho de propiedad sobre la vía pública, como también lo complicado de concretar un acuerdo entre tantos accionistas del mismo bien – correspondería a entidades políticas y de participación, como la Municipalidad de Lima o el Congreso de la República, el internalizar aquellas externalidades que generan por la proliferación de sus carteles.

Recientemente la Alcaldesa Villarán intentó regular con una ordenanza municipal la cantidad de carteles que actualmente se exhiben en las calles de Lima. La reacción desde el Poder Legislativo, principalmente de aquellos Congresistas-Candidatos, no tardó en hacerse efectiva y en criticar a la Alcaldesa con diversos comentarios que cuestionaban su talante democrático, su despotismo, su comportamiento abusivo, entre otras perlas. El gran problema que tiene la Alcaldesa Villarán es que, como tal, no puede legislar. Los encargados de legislar son aquellos que la critican.

Entonces, si la teoría dice que el Estado debe generar leyes que regulen la proliferación de “free-riders”  y reduzcan, mediante incentivos, las externalidades ocasionadas por los contaminantes visuales… ¿qué hacer cuando son los mismos “free-riders” los que deberían ser encargados de legislar aquellas leyes? La respuesta es no es simple, pero en vista de aquel problema, poco se puede hacer si aquellos que debieran regularse, no lo hacen. Este es, por lo general, un problema endémico en el Congreso de nuestro país.

Una alternativa que, humildemente, puedo brindar, es el plantear el problema desde la perspectiva de los contaminantes-candidatos. Así, estos van a responder frente a incentivos que afecten su bienestar en lugar de lo que cívicamente debiera importarles más: el bienestar de los ciudadanos. Si los candidatos-contaminantes son persuadidos frente al impacto negativo que la proliferación de carteles tiene sobre sus candidaturas – por el potencial beneficio neto negativo que cada candidato percibe por cada cartel extra que cuelga como también por la reacción indiferente de los electores frente a la sobreoferta – podría existir un afán por legislar de tal manera que menos candidatos-contaminantes tengan la facilidad de entrar al espacio publicitario de la que actualmente existen. Así, reducirían el “efecto neutralizante” y un incremento en el beneficio neto con respecto al que pudieran tener actualmente. ¿Quién dijo que esto se trataba de los electores-ciudadanos? Si los candidatos-contaminantes entienden que, a menos carteles, mayor efecto publicitario, entonces podrían verse incentivados a auto-regularse y reducir el impacto de los actuales “free-riders”. Si bien aquella alternativa no ha sido evaluada empíricamente, podría ser objeto de análisis y estudio. Lamentablemente, lo más probables que, aun así fuera mejor para los Padres y las Madres de la Patria regular la proliferación de carteles publicitarios, estos no lo harían.

Amigos y amigas, tengamos cuidado que este puede ser un preámbulo de otro quinquenio otorongo. Es así que actualmente, nosotros los peruanos, vivimos una tragedia electoral.

*foto: Jorge Carlos Prado Zambrano – El Comercio

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