En el 2006, Alan García planteó un objetivo gubernamental: reducir la pobreza relativa, la cual bordeaba el 44.5% (el 2005 cerramos con 48.7%), al 30%. No fuimos pocos quienes calificamos de exageradas las expectativas presidenciales; empero, y a la luz de los resultados (31% al 2010), sólo queda -en este plano- aplaudir. Los resultados no son, por cierto, atribuibles a la expectativa presidencial; finalmente, ello se debe a centenares de personas y proyectos que escapan a los deseos de una persona. Lo plausible es, en todo caso, el establecimiento de un objetivo cuantificable sobre un problema clave: la mejora de la calidad de vida de aquellos más necesitados.

Las razones del logro, valdría la pena recordarlo, son visibles: mantenimiento de los generadores agregados de crecimiento -estabilidad macroeconómica (fiscal y monetaria), apertura comercial, reformas a nivel microeconómico, et. al.- junto a mejoras en infraestructura -carreteras, electrificación, agua y desagüe, entre otros-. Todo ello permitió el crecimiento sostenido del ingreso promedio (48.9% promedio) y el aumento sustancial del gasto social (de S/.25 mil millones a S/.41 mil millones) entre el 2005 y el 2010.

A diferencia de anteriores gobiernos, que por cierto sentaron las bases de dicho éxito, la clave a resaltar es el uso de un indicador como parámetro de análisis. Por ello, parece obligatorio exigirle a Ollanta Humala un objetivo de reducción de pobreza, más aún cuando su plataforma política se constituyó -finalmente- en una manifestación de crecimiento con mayor inclusión social -terminologías que suenan muy bien, pero que no permiten un seguimiento preciso-.

Las claves que agracian la reducción sistemática de la pobreza son, hoy, ampliamente conocidas: mejoras en capital humano, entrelazadas con políticas multisectoriales (estabilidad macroeconómica, mejoras en infraestructura, calidad institucional, reducción del peso regulatorio, entre muchas otras). Las reformas dirigidas a reducir la corrupción, hacia un Estado más eficiente y políticamente más estable, son, por supuesto, la cereza sobre el helado.

Teniendo presente que el FMI calcula un PIB per cápita para el 2016 de $13,183 (PPP) y que la elasticidad de la reducción de pobreza per cápita de PIB para los últimos 5 años ha sido de -0.85, el gobierno de Ollanta Humala podría plantearnos reducir la pobreza al 23% como objetivo central de su mandato.

El nacionalismo ofreció, durante la segunda vuelta, un gobierno promotor de las inversiones, alejado de la corrupción y comprometido con los más necesitados. Y si bien suena prometedor, son las cifras aquellas que nos permiten comparar los compromisos y los resultados obtenidos. Esperamos, por ello, un objetivo de pobreza medible al final de su mandato en el 2016.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here