Por: Paula Siverino Bavio
Profesora de Derecho Civil, y Directora del Observatorio de Bioética en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El pasado 27 de julio se aprobó el Decreto Supremo 011-2011-JUS[1] que establece la necesidad de seguir los principios de la Bioética en su relación con los Derechos Humanos explicitados en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco (2005) para el diseño de políticas públicas en temas de relevancia bioética. En este escenario cabe reflexionar sobre la necesidad de que el Perú cuente con una Comisión Nacional de Bioética.

Las Comisiones Nacionales de Bioética (CNB) tienen una tradición de varias décadas en el mundo y hoy su constitución se encuentra recomendada por Naciones Unidas, a través de la Unesco. Surgieron hace unos treinta años para dar una respuesta gubernamental a los graves y crecientes problemas éticos en el campo de las ciencias de la vida y la salud. En sus inicios, estas comisiones han tenido que debatir los riesgos y beneficios del acelerado desarrollo científico-tecnológico, el lugar de la demanda ciudadana por una mayor autonomía del individuo acerca de sus decisiones de vida y muerte, y el papel de la justicia y la equidad en el cuidado y la atención de la salud[2]. En nuestro continente, la mayoría de los países latinoamericanos ya cuentan con una CNB (entre otros, México, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba o República Dominicana), amén de Canadá, Jamaica y los Estados Unidos y la mayoría de los países europeos.

Su creciente expansión en la última década obedece al cambio de percepción de los Estados, al advertir la crucial importancia de la relación entre el avance de las tecnologías aplicadas a la salud, su conexión con la gestión de la biodiversidad y la situación de las poblaciones vulnerables, y su incidencia en el desarrollo y en la mejor resolución de los conflictos sociales que pudiesen presentarse.

Todo lo aquí recientemente expuesto se articula con lo propuesto por Unesco: una Bioética estrechamente ligada a los Derechos Humanos (en ese sentido está la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del año 2005), y en el mismo tenor, en América Latina se está desarrollando una Bioética de los Derechos Humanos que tiene al desarrollo inclusivo, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza entre sus ejes principales[3].

Debe además tenerse presente que en el Perú existen actualmente alrededor de 220 conflictos sociales pendientes de resolución, de los cuales más de la mitad son de carácter socioambiental, vinculados a poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente campesinas o indígenas y a la gestión de recursos naturales. La complejidad de los problemas a resolver demanda respuestas articuladas desde una mirada interdisciplinaria, abierta e integradora de la diversidad, capaz de ofrecer una escucha activa, diagnosticar necesidades, desarrollar mecanismos de comunicación y proponer líneas de trabajo.

Por otro lado, algunas cuestiones pendientes de resolución tales como las altas tasas de morbi-mortalidad materna e infantil, el aumento del HIV en mujeres jóvenes y pobres, la necesidad de establecer mecanismos adecuados de comunicación con las comunidades indígenas que permitan la prevención de conflictos, las políticas al mediano y largo plazo en relación a la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, la bajísima tasa donantes de órganos (quizás unas de las más bajas de la Región), entre otras, comparten la característica de ser problemas complejos, multifactoriales y que muchas veces despiertan encendidas polémicas en la población.

Frente a lo que aquí expuesto, resulta evidente que es muy difícil poder avanzar en el diseño y la implementación de políticas públicas preventivas e inclusivas en relación a temas como el de los derechos de las mujeres, las poblaciones en situación de vulnerabilidad o la gestión de recursos naturales, sin definir a grosso modo líneas de acción que sean positivamente percibidas por los ciudadanos. Una Comisión Nacional de Bioética, ente consultivo integrado por personas de prestigio y alta calificación en sus respectivas especialidades puede resultar un espacio que facilite un enlace del gobierno y el Congreso de turno con la población, aportando para ello su perspectiva más bien técnica, y por ello, capaz de orientar y contener los debates sobre la necesidad de contar con medidas determinadas por el Ejecutivo o el Congreso acerca de estos u otros temas álgidos, elaborando recomendaciones o formulando propuestas de solución al respecto.

Y es que, entre otras cosas, para poder detectar, evaluar y tomar acción en relación al desarrollo de la tecnología y su impacto en la salud de la población, entendida ésta en un sentido integral; y para poder asegurar el éxito en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas vinculadas a temas de una enorme importancia práctica (como, por ejemplo, el de la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables; el acceso al agua; los conflictos sobre acceso, propiedad, conservación de recursos naturales; la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias; la bioseguridad y la gestión de la biodiversidad y del conocimiento tradicional indígena; la investigación en seres humanos, entre otros), una Comisión Nacional de Bioética es un espacio de intermediación y contención ciudadana, independiente e interdisciplinario, que asume la responsabilidad de generar propuestas y/o líneas de trabajo sobre temas complejos y polémicos, adecuadas a las necesidades de nuestro país, conforme parámetros éticos, legales y sociales, teniendo como base a la ética de los derechos humanos, disciplina propia de una sociedad plural, como plataforma para el sostenimiento de estas y otras líneas de acción.

Es necesario que la Comisión Nacional de Bioética, que suelen depender de la Presidencia de Consejo de Ministros (o su equivalente), esté integrada por personas nombradas reconocidas por sus dotes morales y profesionales, y provenientes de especialidades, instituciones, género, etnias y tendencias diversas. Una parte de ellas deben tener una formación en bioética, pero todos los integrantes asumen el compromiso de formarse paulatinamente en la disciplina. Desempeñan su tarea ad honorem y cuentan con el apoyo de una secretaría técnica.

Conviene tener presente una visión comparativa de las Comisiones Nacionales de Bioética en otros países, pues ella deja enseñanzas importantes acerca de su composición y funcionamiento para un logro efectivo de sus fines. Las comisiones exitosas se desempeñan con libertad respecto de interferencias políticas, tienen flexibilidad en la identificación de temas a tratar, son abiertas al público en sus tareas y en la difusión de sus resultados, y están constituidas por un grupo plural con miembros destacados públicamente por su idoneidad moral y su conocimiento sobre diversas materias. Cuentan además con un eficiente apoyo administrativo, adecuada financiación para sus tareas, y respaldo gubernamental en sus investigaciones[4].

Una Comisión Nacional de Bioética puede cumplir un importante papel para hacer frente a relevantes necesidades ciudadanas, en tanto y en cuanto facilitan la identificación de los problemas más relevantes; sirven para describir los mayores desacuerdos en estas cuestiones y para esbozar líneas de consenso hacia la resolución de los mismos; revisan la implementación de las normas existentes en estas materias y proponen pautas, regulaciones o políticas públicas que sirvan a una mayor efectividad en la práctica de dichas normas; y promueven las investigaciones interdisciplinarias, educando al público y a los profesionales, y ayudando a tomar mejores decisiones judiciales.

En síntesis, somos de la idea que, frente a los grandes desafíos que están planteados en un Perú que quiere no solo seguir creciendo sino además, desarrollarse en condiciones de equidad una Comisión Nacional de Bioética, en la medida en que está integrada por personas de reconocido prestigio moral, académico y/o profesional dispuestas a la apertura y el diálogo, puede devenir en un espacio enriquecedor de profunda vocación democrática, una expresión del nivel de responsabilidad, compromiso y calidad de nuestras instituciones políticas.


[1] El Peruano, Lima, miércoles 27 de junio del 2011.

[2] TEALDI, Juan Carlos. “Comisiones Nacionales de Bioética” Ponencia presentado en las  Primeras Jornadas Parlamentarias de Bioética, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Argentina, 5 de julio de 2001, documento facilitado por el autor.

[3] SIVERINO BAVIO, Paula. “Una Bioética en clave latinoamericana: Aportes de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO”. Revista Derecho Nro. 63 PUCP, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009.

[4] TEALDI, Juan Carlos. “Comisiones Nacionales de Bioética” Op. Cit.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here