Por: Paul Laurent
Ensayista y abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Siempre me llamó la atención la peyorativa catalogación de “paraísos fiscales o financieros” a aquellas zonas del planeta donde los ahorristas e inversionistas pueden sentirse seguros de lo que habrá de suceder con su dinero. Si directamente la palabra “paraíso” nos advierte de algo más que grato y maravilloso, ¿por qué en estos temas proclamarla es casi mentar su propia antípoda: el infierno?

Nunca entendí el por qué del calificativo ni las dimensiones de la mala fama si desde el punto de vista del cliente todo es positivo: buenos réditos, seguridad, estabilidad legal, confiabilidad, secreto garantizado (tanto el bancario como el personal), bajos impuestos o la inexistencia de los mismos. La premisa es simple: si todo esto existe, es lógico que ahí donde se ofrezcan estas condiciones los inversionistas (nacionales y extranjeros) recalarán.

Ello es tan contundentemente cierto que un cuarto de la riqueza privada del mundo se encuentra depositada en las bóvedas de las entidades bancarias y financieras que están bajo este régimen. Pequeños países como Andorra y Liechtenstein en Europa, Barbados y Santa Lucía en el Caribe, Brunei y Maldivas en el Océano Índico, Cabo Verde y Túnez en África, son sólo algunos de los muchos receptores de capitales empleando este tipo de sistema. Pero no son los únicos, naciones grandes como China (en Hong Kong) y los Estados Unidos (en Delaware, Wyoming y Nevada) cuentan con zonas favorecidas con este régimen. También Italia, en Trieste y República Checa en Ostrava lo acogen para sí.

Como se ve, no es un “problema” inserto en pequeñas naciones (muchas de ellas insulares), sino un asunto de claridad en las reglas de juego. Claridad que debe de favorecer a los clientes antes que a nadie. Ciertamente, ello sólo es dable a partir de una legislación que permita la mayor captación de ahorro posible, siendo la mejor manera de hacerlo la menos intervencionista, la menos onerosa y la más competitiva. Propiamente, un orden capaz de crear estabilidad y certidumbre; a la vez que permita la mayor movilidad posible (entrada y salida) de divisas. En puridad, un orden que aparte los afanes expropiatorios y controlistas que el celo gubernamental ocasiona.

No hay secretos. Cuando Panamá decidió en 1971 abrir su banca al mundo llegó a captar más de 100 bancos internacionales operando en su suelo. Y si para ello debía de renunciar al mito de la necesidad de la banca central, lo haría. Así es, tal como Costa Rica liquidó sus fuerzas armadas en 1948, Panamá liquidó su Banco Central en 197o. Insertas en la convulsionada Centroamérica (pequeña fracción de la también convulsionada América Latina), ni Costa Rica supo de invasiones ni de guerras desde 1948, ni Panamá de crisis financieras desde 1970; es más, desde ese año Panamá ocupa el primer o segundo lugar en el índice del Instituto Fraser que mide la Fortaleza Monetaria a nivel mundial.

A diferencias de otros países de la región, Panamá sólo tenía que seguir la senda trazada por el mandato de su primera Constitución (de 1904). En ella se estableció el libre curso monetario. Así, desde su independencia los panameños tuvieron la facultad de elegir libremente la moneda que más le convenía. Si optaron por el dólar fue por decisión netamente económica, no por una imposición legal (como sí en Ecuador y El Salvador).

Ahora la pregunta que viene es la siguiente: ¿por qué todo esto es mal visto? Los anatemas contra estos esquemas financieros se basan en que sirve de cobijo a evasores de impuestos, políticos corruptos, terroristas y narcotraficantes, agregándose a ello la noción de una presuntamente peligrosa y anarquizante desnacionalización de la economía. Léase, tanto la imposibilidad de los gobernantes a meterle mano a los ahorros de la gente (como los Kirchner en Argentina), como de fabricar dinero a discreción (como el primer García de Perú) y secuestrar divisas (como Chávez). Razonamientos que se emplean para fundar un estado altamente centralizado y represor, el mismo que asume que todos los hombres no sólo somos mortales, sino caóticos y delincuentes.

Premisa antisocial del ser humano que hace que algunos de nuestros semejantes diseñen un tinglado para catapultarse por sobre el resto de sus congéneres. Análoga a la fábula de Orwell, donde algunos iguales son más iguales que otros. Y desde esa superlativa “igualdad” fraguan una serie de reglamentos y barreras que no hacen más que secuestrar las vidas y ahorros de las personas. Claro, en directo beneficio de algunos en contra de otros.

Así pues, si se les denomina despectivamente “paraísos fiscales o financieros” es porque el estado no puede poner sus tentáculos en ellos. Mecanismos de protección como las cuentas numeradas y las acciones al portador que le son tan ofensivas a los gobiernos como las sociedades offshore y los directores fiduciarios que el mercado inventa de la misma manera como en su día se inventó la letra de cambio, el pagaré, el cheque y la propia moneda.

Y todo ello por ofrecer un panorama donde a los bancos no les quede otra alternativa que la de proceder con responsabilidad si es que quieren sobrevivir, pues ningún viso de manipulación del tipo de cambio ni de las tasas de interés a su favor será factible desde aquí. Concretamente, nadie los salvaría de su mala actuación financiera. Nada de rescates ni inyecciones dinerarias. Por lógica consecuencia, la eventualidad de llevar a cabo remedios keynesianos no existiría.

He aquí lo que aterra. La imposibilidad de renunciar al legado de Creso (según la fábula, el primero que acuñó monedas) hace que se pierdan las perspectivas. Tanto que no se repara que el origen de las crisis inflacionarias y de las devaluaciones nace del secuestro de la economía de la gente por parte del poder político. Soslayándose con ello que la invención del dinero es muy anterior al legendario rey de Lidia. Es decir, la creación y empleo de esta mercancía que permite adquirir (a su vez) infinidad de mercancías no es de origen político. Fue la necesidad de comerciar, de interrelacionarse, la que la produjo. Por lo mismo, los registros de uso de “dinero” en tiempos prehistóricos existen en abundancia. Y en ese remoto ayer ningún Creso asoma.

Así, quien emitía dinero de manera particular no hacía más que llevar a cabo una añeja práctica comercial. No atentaba contra ninguna norma, contra ninguna ley. Mucho menos iba en contra de ningún orden, pues era parte del orden. Y muy viejo. Lo único nuevo aquí son los intereses y privilegios impuestos por Creso y compañía, directos antepasados de los bancos centrales y de la economía parametrada, los hacedores de esos infiernos que nos azoran en cada megalómano arrebato de alguno de nuestros ocasionales y endemoniados gobernantes.

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