Por: Álvaro Zapatel Malpartida
Corresponsal de Enfoque Derecho en Boston College
Estudiante de Economía con mención en Economía Política Internacional

En las últimas semanas, la Operación Chavín de Huántar[1], que tenía como objetivo el rescate de los rehenes tomados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) allá por 1997, ha retomado relevancia por la demanda que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la Organización Estados Americanos (OEA) ha interpuesto al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH)[2]. Durante este tiempo, he leído sobre distintos puntos de vista al respecto.

No obstante, me ha sorprendido la desinformación que existe con respecto a las potestades y limitaciones que la CIDH y la COIDH en relación a casos como el que se menciona. Asimismo, hay ciertas comparaciones con demandas interpuestas a otros estados, como el brasileño, que parten de un desconocimiento flagrante de lo que se debate en aquellos casos. Es así que es importante desglosar el caso peruano y ponerlo en perspectiva, dado que hay ciertas imprecisiones que merecen ser aclaradas.

UNO. La CIDH pertenece al sistema interamericano de protección a los derechos humanos de la OEA. De esta manera, la CIDH es un órgano consultivo de la OEA respecto a los temas previamente mencionados. No tiene autonomía y depende de la Secretaría General de la organización.

DOS. Por otro lado, la COIDH, si bien es un órgano creado por la OEA, sí cuenta con autonomía de la misma y tiene facultades jurídicas, las cuales no tiene la CIDH. En ciertas circunstancias, la CIDH puede elevar un reclamo o demanda –tal como está ocurriendo ahora– a la COIDH para que esta emita un fallo que, si bien no es vinculante, debería ser observado por los estados miembros de la OEA.

TRES. El caso “Chavín de Huántar” iniciado por la CIDH no busca ni pretende iniciar un juicio contra los comandos participantes. Las personas implicadas en el caso son aquellas que, aparentemente, formaron una línea de mando paralela a la castrense, entre los que se encuentran Vladimiro Montesinos Torres (a) “Doc”, Nicolás de Bari Hermoza Ríos (a) “General Victorioso”, Roberto Huamán Azcurra (exintegrante del Destacamento “Colina”) y el prófugo Zamudio Aliaga. Los antes mencionados habrían comandado ejecuciones extrajudiciales, y por ello es que se les está imputando. Nunca se ha pretendido incluir en la nómina a los héroes del operativo.

CUATRO. Es muy precipitado y hasta irresponsable que congresistas como el Sr. Alberto Beingolea –quien dijo que “es importante tener una posición crítica frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otros países democráticos de la región, como Brasil, y plantear en conjunto una pronta reorganización de funciones de esta instancia”[3]– comparen la postura tomada por el gobierno brasileño con el asunto que se trata en el caso “Chavín de Huántar”. Aquella aseveración, al parecer apresurada, muestra que el congresista no ha leído a detenimiento el caso “Belo Monte” y las diferencias que este tiene con el caso peruano.

El caso que la CIDH ha interpuesto al estado brasileño se centra en el “Proyecto Belo Monte”. El “Proyecto Belo Monte” es un megaproyecto de infraestructura que busca construir la tercera represa más grande del mundo en la amazonía brasileña, específicamente en el río Xingú, en el estado de Pará.[4] [5]El problema que se ha planteado es que aquel proyecto tendría graves implicancias con respecto al ecosistema de la zona y de las colindantes y también perjudicaría a las comunidades indígenas que habitan la zona. El gobierno brasileño decidió, unilateralmente, cortar la subvención que este hace a la OEA, en desacuerdo con las recomendaciones de la CIDH. En las audiencias que se dieron en el mes de octubre en Washington, DC, el gobierno brasileño no envió representantes y ocasionó algunos impasses diplomáticos dada su negativa a siquiera observar las recomendaciones de la Comisión.

Asimismo, si se revisa la lista de gobiernos críticos de la CIDH, aparte de Brasil encontramos al gobierno de Ecuador y al de Venezuela.

El primero ha sido interpelado por las serias acusaciones que hay en temas de libertad de expresión. Tuve la oportunidad de asistir a la audiencia de la CIDH en la que se presentó a los demandantes, el diario El Universo[6] y los autores del libro “El Gran Hermano” (que denuncia presuntos negociados del hermano del Presidente Rafael Correa), y al demandado, el Estado Ecuatoriano. Fui testigo de una postura intransigente y desafiante por parte del Canciller Ricardo Patiño, mientras que los demandantes evitaron alusiones personales o adjetivos en contra del Canciller.

Es curioso que existan medios de comunicación en el Perú, como el Diario Correo, que mantengan una postura crítica –en todo su derecho– en contra de las medidas que el gobierno ecuatoriano toma en relación a sus medios de comunicación [7] (y que incluso dediquen una entrevista al abogado del Diario El Universo en la que este menciona la demanda hecha frente a la CIDH) y luego este mismo diario adopte una postura contraria y descalificadora frente a la misma comisión que está velando por los derechos aparentemente vulnerados de los periodistas ecuatorianos. Da la impresión, más bien, que la CIDH no sostiene ningún tipo de agenda –ya sea la mal denominada “caviar” o una de derecha– y que esta mantiene una postura independiente. Y diarios como “Correo” se convierten en órganos subjetivos de un sector de la población que busca defender una agenda particular.

Finalmente, el gobierno venezolano, reaccionando frente a las observaciones que la CIDH hizo al aparente deterioro de la democracia en dicho país, optó por retirarse de la comisión y cortar la subvención que este país hace a la OEA.[8]

¿Es este el camino que desea seguir el Perú? De tres países que han demostrado una postura crítica al punto que dos han decidido cortar la subvención a la organización, dos cuentan con un historial, al menos cuestionable, con respecto a su institucionalidad democrática y defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos.

CINCO. El Estado Peruano es soberano. Pero así como es soberano, en función plena de soberanía este ha optado por formar parte de entidades multilaterales como la OEA. Por ello, el Estado Peruano debe cumplir con lo que se propuso a observar y seguir como miembro de la mencionada organización.

Es importante recordar que la recomendación de la CIDH no es vinculante, y por lo tanto el gobierno puede cuestionar y determinar qué puntos merecen ser tomados en consideración y cuáles otros pasar a revisión. No obstante, considerar siquiera tomar alguna medida como la sugerida por congresistas como el Sr. Beingolea resulta precipitado, dadas las comparaciones desacertadas y los cuestionables antecedentes tanto de nuestro país (dado que solo durante un régimen autoritario el Perú se retiró de la Corte) como el de algunos de los países que han optado por la misma medida. La postura del Perú debe ser firme y en defensa justa de los héroes, pero cautelosa y respetuosa de los convenios acordados en la Carta Democrática Interamericana.

[1] http://www.youtube.com/watch?v=SruO90I1ukc

[2] http://elcomercio.pe/politica/1352017/noticia-peru-planteara-estrategia-defensa-frente-corte-interamericana

[3] http://elcomercio.pe/politica/1352305/noticia-congresista-beingolea-respaldo-postura-peruana-frente-cidh

[4] http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10909

[5] http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=529

[6] http://rafaelcorreacontraeluniverso.eluniverso.com/2011/10/25/periodistas-ecuatorianos-denuncian-en-cidh-el-acoso-a-prensa/

[7] http://diariocorreo.pe/m/nota/40179/entrevista-a-abogado-de-el-universo-correa-actua-con-mucha-inmadurez/

[8] http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/ordena/salida/Venezuela/CIDH/elpepuint/20100226elpepuint_1/Tes

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