A propósito del debate sobre la polémica Stop Online Piracy Act (SOPA), propuesta de la cual no voy a hablar aquí –pueden encontrar un breve comentario mío en http://blog.pucp.edu.pe/item/150782/sopa-a-la-criolla – estuve interesado en seguir las reacciones de la industria desarrolladora de video juegos. De hecho, muchas empresas, al parecer, acatarían el apagón planteado como muestra de oposición a la mencionada propuesta normativa.

A propósito de eso, y a propósito de regulaciones paternalistas como las que se han planteado, por ejemplo, para desincentivar el consumo de comida chatarra, resulta interesante recordar que la industria de los videojuegos ha sido golpeada con propuestas regulatorias igualmente absurdas a lo largo de los años. A modo de muestra, la Ley 71.831 de Venezuela, Ley para la prohibición de Videojuegos bélicos y juguetes bélicos, sentencia de forma tajante que el objetivo de la norma es prohibir la fabricación, importación, distribución, compra, venta, alquiler y uso de videojuegos bélicos y juguetes bélicos.

La norma no establece distinciones de edad y comprende en su ámbito de prohibición al mero uso… en otras palabras, si usted es un adulto que quiere jugar un determinado videojuego (digamos, Battlefield 3 o alguno de la saga Call of Duty), simplemente no puede hacerlo en Venezuela. La norma, por cierto, ya ha sido cuestionada mediante recurso de nulidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia el cual, mediante decisión del 26 de octubre de 2010, se declaró competente y admitió a trámite el recurso.

El argumento que suele estar detrás de estas propuestas es que los videojuegos son dañinos, en especial, para los menores, dado el contenido violento u ofensivo que despliegan. Vale la pena estar atentos a este tipo de argumentos. Si el Estado cree que puede cuidar la alimentación de los menores mejor que los padres, ¿por qué el Estado no creería que puede educar mejor a los hijos que los padres? Sin embargo, todas estas propuestas no pasan de ser regulaciones arbitrarias que suelen sustentarse en prejuicios mas no en evidencia concreta.

Resulta interesante, ya que hablamos de la regulación del contenido de los videojuegos, aludir a un importantísimo caso decidido hace poco por la Corte Suprema de los Estados Unidos (en realidad por eso toco el tema, porque la decisión es de junio del año pasado recién). Se trata del caso Brown contra Entertainment Merchants Association. La decisión de la Corte Suprema derogó una norma aprobada en California que prohibía la venta de ciertos videojuegos a menores de edad sin supervisión de los padres (una norma restrictiva aunque sustancialmente menos invasiva que la exagerada norma venezolana).

La norma planteada partía, al parecer, de la premisa de que existe una conexión entre los videojuegos violentos y el comportamiento agresivo de los menores (el propulsor de la norma era, vale decirlo, un psicólogo especializado en asuntos infantiles). El debate fue interesante dado que, el primer punto que debía abordar la Corte, era determinar si el contenido de los videojuegos se encontraba protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Muchos podrían dudarlo pero lo cierto es que los videojuegos son herramientas transmisoras de contenido potencialmente relevante. El voto en mayoría, por eso, declaraba tajantemente que “De la misma forma que los libros protegidos, representaciones y películas que los han precedido, los videojuegos comunican ideas –e inclusive mensajes sociales- a través de muchos medios familiares de la literatura (tales como personajes, diálogos, trama y música) y a través de características distintivas del medio (como la interacción del jugador dentro del mundo virtual). Esto es suficiente para conferir protección al amparo de la Primera Enmienda”.

Lo cierto es que la definición de violencia resulta tan poco pacífica, en especial en el ámbito de los videojuegos, que una norma como la defendida por California debía estar condenada a la desaparición. Un importante amicus brief del Progress & Freedom Foundation en conjunto con el Electronic Frontier Foundation revelaba que el concepto era tan poco claro que existían estudios que consideraban que los juegos de Mario Bros. eran violentos (¡imagínense The House of the Dead o Grand Theft Auto: Vice City!).

Ese es el problema del empleo de conceptos tan vagos en ciertas regulaciones. Si usted quiere consumir comida chatarra o jugar juegos chatarra, realmente es asunto suyo. Si usted quiere, en todo caso, proteger el interés de los menores de edad… realmente el tema no pasa por la ley sino por casa. Solo los padres pueden medir el desarrollo diario de sus hijos y saber qué puede ser bueno para ellos o no. Y si no lo saben en algún caso, resulta polémico que algún legislador pueda saber más que ellos. A estas alturas, usted ya se ha dado cuenta que estoy totalmente en contra de la propuesta de regular la comida chatarra… como que estaría completamente en contra de regular el contenido de los videojuegos.

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