Por: Pablo Peña

Todos hemos escuchado que la inversión extranjera en un país y las regulaciones ambientales del mismo tienden a mantener una relación inversamente proporcional. Es decir, que a regulaciones ambientales más estrictas menos inversión privada de largo o mediano plazo debido a que los costos de operación en los que incurrirá aquel inversionista se elevarán, ¿cierto?

No exactamente, veamos por qué.

Primero vamos a lo evidente, es cierto que mayores exigencias legales de cualquier tipo, incluyendo las ambientales, pueden elevar los costos de operación de una inversión. Pero eso aparentemente no es suficiente para desincentivar la inversión. Aquellos que buscan establecer inversiones de largo o mediano plazo en lugares como el Perú tienen otros criterios más importantes para decidir en que país colocar su dinero. Gentry menciona, por ejemplo, los siguientes: la estabilidad política y social, un sistema legal efectivo y transparente, la existencia de reglas favorables de protección al capital extranjero y de repatriación de ganancias, y políticas favorables de impuestos. Los inversionistas largo o mediano plazo consideran estos criterios antes que el nivel de rigurosidad de las regulaciones ambientales a la hora de elegir dónde invertir.

Incluso, un interesante estudio por Globerman y Shapiro encontró que el hecho de debilitar el marco legal ambiental de un país hace más probable desincentivar la inversión extranjera. Es más, de acuerdo con su análisis estadístico, no hay “evidencia de un éxodo de capitales de los países que buscan políticas ambientales relativamente fuertes”. En otras palabras, tener un marco jurídico ambiental sólido no conlleva a la pérdida de competitividad.

Todo lo anterior no quiere decir que una eventual regulación ambiental excesivamente estricta vaya a pasar desapercibida para un inversionista de largo plazo. Claramente, aquel inversionista tomará nota y reevaluará su decisión de invertir en ese país. Sin embargo, sí es relevante tener en cuenta que un sólido marco regulatorio ambiental que satisfaga las necesidades del país para proteger sus recursos naturales y a sus ciudadanos, no sacrificará la inversión privada, particularmente de aquella que no es de corto plazo.

Por supuesto, quién se beneficiaría de incrementar las exigencias ambientales para operaciones particularmente sensibles como la minería, por ejemplo, es la sociedad en su conjunto. Esta contaría con un ambiente más sano producto de la internalización de impactos negativos por las empresas que los producen. Pero creemos que apoyar estas medidas también puede beneficiar al sector empresarial. Por ejemplo, es aún una tarea pendiente que el Estado mejore la protección especial de ecosistemas frágiles como los bofedales y las lagunas altoandinas (que son objeto del conflicto en casos como Conga o Conococha), en cumplimiento de los artículos 98 y 99 de la Ley General del Ambiente. Mejorar los estándares para operaciones que se realicen en estos ecosistemas brindaría beneficios tanto para el sector minero como para los ciudadanos que viven en la cuenca de la operación, sentando las bases para una mejor relación de convivencia.

Abrir una discusión pública en este sentido no debe ser visto como un atentado en contra de la competitividad del Perú, sino como una oportunidad para consolidar marcos legales efectivos y transparentes y lograr estabilidad social. Ambas son características que sí hacen competitivo a nuestro país.

4 COMENTARIOS

  1. Concuerdo con los argumentos del artículo, pero no solo debemos preocuparnos por la solides de nuestro marco legal ambiental sino también por el respeto a las instituciones jurídicas y el funcionamiento eficiente de las instituciones públicas, de lo contrario lo primero sería insuficiente para incentivar las inversiones y contribuir al desarrollo social inclusivo.

  2. Si bien es cierto existen aspectos no regulados en el marco normativo ambiental del Perú, existen muchos que sí, pero lastimosamente no se implementan o lo que es peor no se exigen ( principalmente por los funcionarios a cargo y una no muy agotada sociedad civil sensibilizada en la protección y conservación del ambiente y sus elementos); la pregunta sería entonces ¿ La incertidumbre de inversión es justificada en el Perú?, considero que no; por cuanto nuestro país disfrutará de una convivencia equilibrada cuando a través del mercado instrumento de la economía ambiental, nuestras políticas (que no es estrictamente normas) y planes estratégicos busquen acercarse al punto de la felicidad; para ello un instrumento es el marco legal, otro es profundizar y desarrollar conforme a nuestra realidad una economía transversal que supera la tendencia de la sobre explotación de sustentabilidad débil, por tecnologías menos costosas, de producción limpia, ejecución de incentivos, etc, que representan ya sustentabilidad fuerte.

  3. Estoy de acuerdo con lo indicado en tema de inversión y cuidado del medio ambiente por parte de las empresas mineras , pero también es cierto que tenemos leyes y reglamentos que nuestras autoridades deben que hacer que se cumplan , de esa forma la empresa privada y el estado caminaran de la mano en los beneficios de cada uno. El estado tendría que hacer mas inversión en la formación de mayor cantidad de profesionales que hagan el seguimiento de las labores mineras y el medio ambiente que los rodea.

  4. Muy bueno este articulo,opino que debe respetarse el marco legal ambiental peruano pero he aquí el problema…la corrupción,¿como podemos estar 100% seguros los peruanos de que las leyes ambientales son respetadas por las mineras?.
    La participación ciudadana como principio del derecho ambiental es quien tiene que ser fundamental en estos temas,evitando causar revueltas violentas,pero si hacer escuchar la voz de protesta cuando suceda alguna irregularidad.Porque con la salud del Medio Ambiente no es cuestion de juego saldra perjudicado tanto la persona mas rica como la persona mas pobre porque lo que se esta afectando es el medio donde futuras generaciones se desarrollaran.

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