Por: Hans F. Sennholz. Enseñó economía en el Grove City College, 1956-1992, contratado como jefe de departamento desde su llegada. Después de jubilarse se convirtió en presidente de la Fundación para la Educación Económica, 1992-1997. Fue investigador adjunto del Instituto Mises y en octubre de 2004 ganó el Premio Gary G. Schlarbaum, por una vida en defensa de la libertad.

Los economistas hablan de competencia como la rivalidad en la oferta o adquisición de un bien económico o servicio. Los vendedores compiten con otros vendedores como los compradores con otros compradores. En el área de la educación superior, las universidades compiten con otras universidades y los estudiantes con otros estudiantes. La competencia entre universidades es especialmente reñida pues las universidades privadas deben afrontar la rivalidad y desafío de instituciones públicas gigantescas. Aprovechando la ayuda financiera recaudada a todos los contribuyentes, ahora mismo atraen y forman a aproximadamente el 80% de todos los estudiantes.

La educación pública no siempre ha sido la forma dominante de enseñanza. Antes de que hubiera una sola escuela pública, había numerosas academias y universidades patrocinadas y dirigidas por distintas creencias cristianas. Durante el siglo XIX, cuando arraigaron en el pensamiento público los nuevos ideales de democracia, nacionalidad e igualdad, la educación estadounidense se tornó en un sistema de escuelas comunales que eran gratuitas, universales y obligatorias para todos. Pronto todo estado de la Unión estableció sus propias universidades. Frecuentemente el estado simplemente asumía el control de instituciones privadas quebradas que estaban dispuestas o incluso ansiosas por ser rescatadas por los estados. Al mismo tiempo, una creciente población y un mayor nivel de vida permitían aumentar el número de universidades privadas o afiliadas a iglesias.

La competencia no tiene por qué llevar al antagonismo y la hostilidad, aunque a menudo evoque envidia e incluso malicia entre los competidores. Pero siempre debemos ser conscientes de que la competencia económica difiere fundamentalmente de la confrontación y la pelea. Los miembros de una sociedad están unidos en una actividad común para producir bienes y servicios económicos para la existencia y el confort humanos. Los competidores económicos buscan la excelencia en el servicio y la competencia selecciona al mejor hombre para cada puesto y función. Los consumidores son los jueces: determinan la posición de todos en el mercado. Los compradores de automóviles deciden la rentabilidad, crecimiento y posición de los fabricantes de automóviles, igual que hacen los consumidores en el mercado educativo, es decir, los estudiantes y sus familias. Al estar muy interesados en el mejor servicio educativo que puedan permitirse, solo ellos determinan la posición de una universidad en el mercado de la educación superior.

La rivalidad política difiere radicalmente de la competencia económica. La política se ocupa de las cargas y beneficios de gobierno como lo hacen la ciencia política, el estudio de los procesos, principios y estructura del gobierno. El gobierno moderno es un enorme aparto de transferencia que recauda rentas y riqueza de algunos de sus sujetos y las entregan a otros. Guiado por algún pensamiento popular del bienestar y la justicia sociales, dirige, controla, regula y manipula buena parte de la actividad económica. Pero esta actividad económica que afecta al bienestar de cada sujeto es la misma fuente de mucho conflicto amargo. En muchas partes del mundo lleva a menudo a confrontaciones violentas y a muchos derramamientos de sangre. En las democracias occidentales normalmente se limita a acusaciones políticas, denuncias personales y agrios debates.

En los campus universitarios, la confrontación puede aparecer en todos los campos y departamento que se ocupen o simplemente toquen asuntos políticos y sociales y el orden económico. Los formadores en ciencia política, sociología, historia, literatura inglesa y economía, teniendo distintas ideologías, aman odiarse entre sí, los que es su distintivo profesional. Incluso miembros de departamento de religión y filosofía pueden “no tomar prisioneros” cuando encuentran colegas que siguen una ideología política, social y económica diferente.

Desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente desde la era del Sputnik, el primer satélite lanzado por la Unión Soviética, los gobiernos han gastado grandes cantidades en educación a todos los niveles. Los programas de la Gran Sociedad del Presidente Lyndon Johnson reclamaban que el gobierno federal participara activamente en rediseñar la educación primaria y secundaria. La administración del Presidente Ronald Reagan proporcionó dinero para la educación a los estados en forma de grandes bloques, dejando a los estados mucha de la determinación de cómo se gastarían los fondos. El Presidente George H. Bush favoreció la ayuda a los niños desfavorecidos y promovió programas estatales de excelencia. El Presidente Bill Clinton dio a la educación la máxima prioridad en su administración: aprobó el mayor paquete de financiación a la educación en la historia de EEUU. El Presidente George W. Bush hizo de la mejora en la educación un objetivo central de su administración.

Siguiendo los pasos de los Presidentes, los gobernadores estatales nunca se cansan de pedir una mejor educación pública para preparar a los niños para una vida productiva y una buena ciudadanía. Con la educación en el centro de la preocupación política, no puede sorprender que los gastos educativos hayan estado aumentando a pasos agigantados y los costes de educación hayan aumentado asimismo. En la educación superior, los gastos y las matrículas han aumentado alrededor de un 10% al año tanto en las instituciones públicas como en las privadas.

Los gastos de capital tanto para las escuelas privadas como las públicas han crecido, como los gastos de personal. Los salarios y condiciones de trabajo de las facultades han mejorado significativamente. A principios de la década de 1950, cuando este escritor empezaba su carrera docente, la carga lectiva habitual de un profesor de universidad era de 18 horas a la semana y sus clases eran bastante largas. Durante la década de 1960, la carga empezó a declinar a 15 horas y luego a 12. Ahora la carga lectiva de la facultad en muchas universidades públicas ha disminuido a diez o incluso ocho horas semanales. Los profesores pueden tener “años sabáticos”, es decir, ausentarse recibiendo su paga cada siete, seis, cinco o incluso cuatro años, para viajar, investigar o simplemente descansar. Es verdad que a muchos profesores les gusta viajar, pero pocos realizan realmente investigaciones con sentido. Muchos profesores trabajan muy poco para la institución pública que les paga sus salarios.

En resumen los crecientes gastos públicos no solo dieron lugar a un sector creciente, sino asimismo aumentaron los costes del trabajo e hicieron que disminuyera la productividad. Al mismo tiempo, los costes de administración disminuyeron aún más rápido. Ahora hay directores de todos los tipos, con asociados, ayudantes y secretarios que constituyen un grupo de presión en los pasillos de los parlamentos, buscando más fondos públicos.

Por ejemplo, el presupuesto 2002-03 de la Comunidad de Pennsylvania presupuesta ingresos del Fondo General de unos 20.800 millones de dólares, dedicando a gastos educativos 8.500 millones, lo que es un 41% del total. Asigna unos 1.450 millones de esta cantidad a educación superior estatal o relacionada con el estado. En dólares y centavos, de una población de 12,2 millones de personas, unos cuatro millones de contribuyentes están ingresando 20.800 millones de dólares en impuesto personal de la renta, impuesto a las ventas, impuestos de sociedades y otros impuestos. El contribuyente medio aporta unos 5.000$ al estado, de los cuales 2.000$ son para educación pública y 360 de ellos para universidades estatales. Siempre se gasta un dólar en Pennsylvania, el gobierno estatal recauda un impuesto a las ventas de seis centavos, de los cuales gasta dos en educación primaria y secundaria y medio penique en educación superior.

Las universidades estatales pueden relajarse, aunque sus costes por estudiante puedan ser más altos que los de las instituciones privadas: alrededor del 65% de sus costes están cubiertos por fondos fiscales y sólo aproximadamente un 35% por las matrículas. En Pennsylvania, el 70% de todos los estudiantes acuden a instituciones públicas y un 30% a universidades privadas, en comparación con una distribución nacional del 80 y el 20% respectivamente.

A pesar de esa desproporción, las escuelas privadas siguen desempeñando un papel importante en la educación. Compiten valientemente a pesar de la evidente desigualdad financiera que deben sostener las familias cuyos hijos acuden a escuelas privadas. Se les obliga a pagar los impuestos que financian instituciones estatales que compiten con las escuelas privadas a las que acuden sus hijos. Pero esto no es sorprendente porque la educación pública está anclada en políticas que, en la práctica, se han convertido en la organización sistemática de fuerza y favores.

Muchos estadounidenses están a favor de alguna ayuda a la educación privada en formas como desgravaciones fiscales en matrículas, escuelas subvencionadas, un sistema de cheques escolares u otras consideraciones. El Congreso de EEUU discute actualmente propuestas de desgravación fiscal y el Presidente George W. Bush apoya la idea. Aún así, muchos observadores están preocupados porque cualquier favor del gobierno a la educación privada irá sin duda acompañado por una expansión del control del gobierno.

Sin duda los favores son tentadores porque reducirían la carga fiscal no solo en la educación privada sino asimismo en el pueblo estadounidense ya que las instituciones privadas constantemente operan con un coste mucho más bajo que la educación pública. Incluso los contribuyentes que no tiene hijos en edad escolar pero deben pagar escuelas y universidades públicas agradecerían ese alivio fiscal. Los favores son muy tentadores ya que una reciente encuesta a nivel nacional de Newsweek los decía bastante claro: el 23% de los padres con hijos en escuelas públicas se trasladarían a escuelas privadas si el Congreso aprobara una propuesta de cheque escolar o desgravación fiscal. Aún así, no puede haber ninguna duda de que la educación privada perdería mucha de su independencia si tuviera que ponerse a la cola para recibir dinero público.

A pesar de las garantías oficiales de que las desgravaciones fiscales lo vulnerarían la independencia de las escuelas privadas participantes, la naturaleza del gobierno hace que dichas garantías sean bastante vacías. Se ven contradichas por el viejo adagio de que quien toca la flauta indica la melodía. Una desgravación fiscal necesitaría regulaciones del gobierno acerca de la idoneidad de la desgravación. El Departamento de educación tendría que establecer unos patrones mínimos de idoneidad para escuelas privadas y pedir una cualificación para profesores de escuelas no públicas. En resumen, la regulación es una consecuencia inevitable de soporte financiero del gobierno.

Los mismo pasa con el “nuevo sistema educativo”, las Escuelas Concertadas, que reemplazaría el tradicional patrón de escuelas públicas. Son “escuelas privadas” con una subvención otorgada por un consejo escolar local o del condado o estatal. La subvención, que especifica las condiciones de operación, se mantiene en efecto por un periodo concreto de tiempo durante el cual al escuela es responsable ante la autoridad que otorgó la subvención. Las escuelas concertadas reciben fondos fiscales según una fórmula, igual que las escuelas públicas.

El estado de Michigan, pinero en el nuevo sistema incluso permite a las escuelas públicas convertirse en concertadas, siempre que cumplan ciertas condiciones como la aprobación por la mayoría de los profesores certificados empleados en la escuela. Deben además tener el voto afirmativo de la mayoría de los padres de los alumnos de la escuela. Y finalmente, escuela concertada no pueda cobrar matrículas y no debe discriminar en sus prácticas de admisión de alumnos basándose en la capacidad intelectual o atlética.

El “sistema de cheques” está sujeto a condiciones similares. Se diseña para permitir a los padres matricular a sus hijos en una escuela privada sin la carga de pagar matrículas además de los impuestos que pagan para financiar la educación pública. A los padres con hijos en edad escolar se les darían cheques que podrían redimirse en escuelas públicas locales o usarse como parte del pago completo de matrículas en una escuela privada o parroquial.

Sus defensores creen que el sistema forzaría a las escuelas públicas a competir por los dólares fiscales que ahora reciben automáticamente y por tanto mejorarían sus servicios. Infundiría la vitalidad de un mercado libre y por tanto rompería el monopolio educativo del estado. Se construye sobre los poderes coactivos del estado que recoge y dispensa los fondos de acuerdo con ciertas cualificaciones y condiciones. No es un paso previo a una libertad educativa ni ofrece una alternativa viable.

No es sorprendente que el desencanto en toda la nación con la educación pública haya dado asimismo lugar al ascenso de un activo Movimiento de Escuela Cristiana que se aferra al antiguo currículum estadounidense que promociona un contenido cultural común centrado en la historia y cultura occidental judeocristiana. Está consternado por el sistema de escuelas públicas al que solo le preocupan los seres humanos, sus logros e intereses, ignorando completamente a Dios y Sus Mandamientos. El Movimiento está horrorizado e intimidado por las decisiones del Tribunal Supremo de EEUU que hicieron a la educación pública implacablemente agnóstica y atea, sin dejar espacio a la religión en la educación pública. De acuerdo con distintas decisiones del Tribunal Supremo:

  • Es ilegal realizar una oración interreligiosa.
  • Es ilegal que un profesor lea la Biblia a los estudiantes.
  • Es ilegal publicar los Diez Mandamientos.
  • Es ilegal que los estudiantes no vayan a clase para recibir clases de religión.
  • Es ilegal tener un momento de rezo silencioso en una escuela pública.
  • Es ilegal enseñar Creación en lugar de la teoría de la Evolución.
  • Es ilegal prohibir películas inmorales o sacrílegas en una escuela pública.

Guiadas por estas sentencias, escuelas y universidades públicas, así como muchas instituciones privadas ya no destacan la virtud y la moralidad judeocristianas. Muchas escuelas, e incluso algunas universidades de la Ivy League, que empezaron como escuelas religiosas y continúan siendo financiadas privadamente, ahora evitan cualquier indicio de valor moral. Son una especie de prejuicio cultural que necesita extirparse por el bien de la racionalidad y la objetividad.

La competencia es tan saludable en la educación como en la fabricación y el comercio. Cada escuela tiene un control económico de su competencia. Algunas escuelas y universidades públicas siguen rechazando la postura de la escuela pública que consiste en aceptar los patrones de la época y enseñar corrección política. Predican y promueven una moralidad diferente que busca la paz social, la interacción armoniosa y la cooperación económica. Es lo mismo en todas partes, libre de fronteras geográficas o distinciones de raza. Es el mismo fundamento de una sociedad libre y próspera.

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