Por: Luis Alberto Huerta Guerrero, Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Cuando en las aulas universitarias abordo el tema de la Magistratura Constitucional suelo realizar una exposición cronológica del funcionamiento del Tribunal Constitucional en el Perú (desde su incorporación en la Constitución de 1979 a la fecha), siendo inevitable hacer referencia a las diferentes etapas o momentos por los que ha atravesado esta institución, a partir de las cuales es posible identificar hasta tres formas de impedir el funcionamiento de este importante órgano de control constitucional:

La primera es la más radical y consiste en impedir el funcionamiento del Tribunal en su integridad. Ello ocurrió, por ejemplo, el 5 de abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori anunció al país, junto con el cierre del Congreso de la República y del Poder Judicial, el del Tribunal Constitucional (llamado en aquel momento Tribunal de Garantías Constitucionales). Si bien el Tribunal que funcionó en el período 1982-1992 no estuvo a la altura de lo esperado, ello no justificaba en lo absoluto una medida como la del 5 de abril. Lamentablemente, la falta de presencia institucional del Tribunal en la vida política y jurídica del país hizo que la población permaneciera indiferente ante tal situación. A ello debe agregarse que los primeros proyectos de la nueva Constitución no contemplaron mantener al Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Sólo al final fue incorporado. En concreto, desde el 5 de abril de 1992 hasta finales de junio de 1996 (cuando se eligieron a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional), es decir, durante cuatro años y tres meses, el Perú no contó con una instancia jurisdiccional especializada en control e interpretación constitucional.

La segunda forma de impedir el funcionamiento de un Tribunal Constitucional es nombrar magistrados afines al poder político, que en los hechos impidan que este órgano emita fallos con independencia. Nuevamente aquí se puede citar lo que ocurrió con el Tribunal en la última década del siglo pasado, pues de los siete magistrados elegidos en junio de 1996, dos de ellos eran cercanos al gobierno, lo cual impidió que el Tribunal emitiera pronunciamientos sobre temas de importancia. A modo de ejemplo se puede citar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley del Congreso de la República que exigía que todo referéndum contara con la aprobación del Congreso para que pueda llevarse a cabo. Como muchos recordarán –y si no lo recuerdan, aquí les refrescamos la memoria-, ante la ley dada por el Congreso a favor de la reelección del presidente Fujimori se inició un proceso de recolección de firmas a fin de solicitar su derogación a través de un referéndum. Este proceso fue un éxito, ante lo cual se aprobó una ley que condicionaba la realización de la consulta popular a la aprobación previa por parte del Congreso. Contra esta norma se presentó la respectiva demanda de inconstitucionalidad. En la sentencia, cinco magistrados del Tribunal consideraron la ley inconstitucional, pero dado que los dos magistrados cercanos al gobierno no compartieron similar criterio, no se alcanzó el número de votos necesarios para expulsarla del ordenamiento jurídico (en aquel momento se exigían seis votos, de un total de siete, para declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad). Los mismos magistrados, en la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de reelección presidencial, se inhibieron de emitir un pronunciamiento alegando haber adelantado opinión … en la cátedra universitaria. Cuando recuerdo estos hechos en clase, con sentencia en mano, el rostro de los alumnos y alumnas suele ser de indignación.

La tercera forma de impedir el funcionamiento de un Tribunal Constitucional es evitar que cuente con el número de magistrados necesarios para emitir sus fallos. Ello ocurrió, por ejemplo, entre mayo de 1997 y noviembre del 2000. Como muchos deben recordar, en mayo de 1997 el Congreso de la República destituyó a tres magistrados del Tribunal por haber emitido un valiente fallo mediante el cual declararon inconstitucional la ley que autorizaba una nueva reelección del presidente Alberto Fujimori para el año 2000. A partir de aquella fecha, el Tribunal funcionó con sólo cuatro magistrados, sin tener el quórum necesario para emitir pronunciamientos respecto a las demandas presentadas contra normas con rango de ley. Por cerca de tres años y medio, el Perú contó formalmente con una institución llamada Tribunal Constitucional, pero que en los hechos no podía ejercer sus competencias constitucionales ni actuar como la máxima instancia jurisdiccional del país especializada en control e interpretación constitucional.

A la par de este recuento, suelo siempre hacer referencia a un hecho importante ocurrido como consecuencia de la destitución en 1997 de tres magistrados del Tribunal. Si en 1992 el cierre del Tribunal no generó mayores reacciones adversas por parte de la ciudadanía, en 1997 la destitución de tres magistrados generó indignación y por ello hubo una importante marcha de protesta en la capital contra tal acto de arbitrariedad. Sin duda los tiempos habían cambiado.

En consecuencia, abordar el tema de la magistratura constitucional no es sólo mencionar lo que dice la Constitución y la ley, tanto nacional como comparada, sobre la elección de los jueces constitucionales. Implica también reflexionar sobre lo ocurrido en el país y compartir esas experiencias con las nuevas generaciones –a la vez que recordarlas a quienes ya no se acuerdan- para que tales hechos no se repitan.

Y como nunca dejo de ser provocador, académicamente hablando, siempre concluyo diciendo: “Y si cerraran el Tribunal Constitucional hoy día, ¿la gente saldría a las calles a protestar?”. Conforme han pasado los años, las respuestas reflejadas en los rostros de los alumnos y alumnas han variado.

Enlaces relacionados:

– Artículo del profesor César Landa Arroyo, “La elección del juez constitucional” (2004), en el cual se describen los problemas presentados en el período 1995-1996 para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Video de You Tube con imágenes de la marcha del año 1997 a favor de los magistrados del Tribunal Constitucional arbitrariamente destituidos por el Congreso de la República.

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