Se supone que el Estado concentra el uso de la fuerza en la sociedad y lo esgrime para evitar que los ciudadanos se maten entre sí o busquen hacer justicia con sus propias manos. En la teoría política clásica ésta es su función original y su deber más importante. Para que exista Estado, primero se garantiza la paz y el estado de derecho y solamente luego, si es que se puede, se construyen hospitales, carreteras, colegios y museos. Por eso, resulta descorazonador y un poco frustrante que, en opinión de la mayoría de los peruanos, esta función esencial no se cumpla o se cumpla de manera deficiente[1]. Ante esta problemática, es razonable que los peruanos contraten vigilantes privados, o bien organicen rondas vecinales para garantizar su seguridad. La reacción de los ciudadanos a la ineficacia, real o aparente, de la Policía Nacional y del Serenazgo consiste, evidentemente, en desarrollar, de forma espontánea, sistemas alternativos de seguridad ciudadana. A veces estos mecanismos funcionan bien pero, en otras ocasiones, se cometen excesos: cuando una ronda vecinal atrapa a un cuatrero o a un ladrón es común que se le apliquen castigos corporales muy duros de manera sumarísima. Por lo general, la administración informal de justicia implica que se desconozcan derechos constitucionales y garantías procesales básicas. Urge analizar cuáles son las causas y las posibles soluciones a este problema.

Cuando se analizan los números pertinentes se puede determinar que no existe una correlación clara entre la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la inseguridad y las estadísticas reales acerca de la delincuencia en el país. La tasa de secuestro por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, ha bajado de 1.30 personas en el 2009 a 0,91 personas en el 2010. Asimismo, las tasas de robo y de delitos sexuales sí han aumentado pero en tasas inferiores al promedio regional. Por otro lado, a nivel latinoamericano, el Perú es, junto con Chile y Uruguay, la nación donde menos homicidios se cometen per cápita y supera, incluso, a países como España, Estados Unidos o Japón. A pesar de que Latinoamérica es la región del mundo donde más delitos violentos se cometen, el Perú tiene tasas de criminalidad parecidas a las de Dinamarca[2]. Tomando en cuenta todos estos datos se presenta con claridad una paradoja: Si objetivamente el Perú es un país tan seguro, ¿por qué el 75.4% de los ciudadanos se siente “nada seguro”? ¿Por qué más del 60% de las personas desaprueban la labor de la Policía Nacional?

Evidentemente, estas preguntas no pueden contestarse fácilmente y responden, seguramente, a una pluralidad de causas muy complejas. Sin embargo, quiero arriesgarme y plantear una tesis al respecto: la principal crisis que afrontamos los peruanos en materia de seguridad ciudadana no es, en realidad, una crisis de inseguridad sino una crisis de legitimidad. Cuando en un barrio acomodado se contrata a una compañía privada de seguridad o cuando se organiza una ronda de autodefensa en un Asentamiento Humano estas decisiones no responden a un juicio objetivo acerca de la inseguridad en el país sino a un juicio subjetivo en virtud del cual la Policía Nacional es poco confiable. En materia de seguridad ciudadana, como en casi todo lo demás, los peruanos estamos acostumbrados a desconfiar de las autoridades estatales.

¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo hacer que el oficial de policía sea visto como un servidor público honesto y no como una amenaza? Nuevamente, la respuesta no es sencilla y debe tomar en cuenta muchísimos factores. Necesariamente deberán adoptarse medidas para evitar, por ejemplo, que los oficiales de policía cometan actos de corrupción. Sin embargo, puede ser interesante comentar un proyecto de ley, recientemente archivado, que de haber sido aprobado podría haber contribuido a solucionar este problema. Me refiero a la polémica iniciativa que propuso la creación de un servicio policial voluntario. En concreto, el proyecto buscaba que jóvenes de 18 a 21 años pudieran colaborar con la policía en labores administrativas y en el control de delitos menores después de un programa de entrenamiento de tres meses. La idea era que estos voluntarios no portasen armas ni redactasen atestados policiales sino que apoyasen a la policía dentro de lo posible y que fortaleciesen los vínculos entre esa institución y la sociedad civil. En términos generales, la iniciativa me parece interesante porque hubiera permitido que los jóvenes preocupados por la seguridad de sus comunidades trabajen por reforzarla dentro de un régimen legal y no al margen o en contra del ordenamiento jurídico. Asimismo, la presencia de un cuerpo de voluntarios provenientes de la sociedad civil podría haber contribuido a que ya no se perciba a la policía nacional como un organismo desmedidamente cerrado o, incluso, cartelizado. En este respecto debe tomarse en cuenta, por ejemplo, que el Cuerpo de Bomberos del Perú, compuesto enteramente por voluntarios, tiene un índice de aprobación cercano al 60% mientras que la policía es aprobada solamente por un 30% de los ciudadanos.

A pesar de tener estas virtudes, el proyecto de ley cayó en desgracia principalmente por razones de impertinencia política. A mediados de marzo de este año el gobierno aprobó un sistema de voluntariado policial muy similar al que se proponía en el proyecto de ley que se ha mencionado mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-IN. Posteriormente, ello ocasionó críticas entre parlamentarios de oposición quienes dijeron que ese Decreto Supremo era inválido porque transgredía la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú. Luego, después de que se derogara el decreto, surgieron más críticas: algunos dijeron que los policías voluntarios podrían venderle información confidencial al crimen organizado, otros aseguraron que la iniciativa les parecía simplemente improvisada. Finalmente, cuando este tema llegó al pleno el proyecto de ley fue rechazado por abrumadora mayoría.

No me atrevería a decir que rechazar este proyecto fue una gran oportunidad perdida. Sin embargo, igual me entristece que no se haya aprovechado una buena oportunidad de que la sociedad civil infiltre a la Policía Nacional- un órgano que está desprestigiado y que adolece, tal y como se ha expuesto, de una severa crisis de legitimidad. Por lo pronto, mientras continúe el status quo en la PNP los ciudadanos peruanos continuarán desconfiando de ella y organizando mecanismos alternativos de seguridad para velar por nuestra autodefensa.


[1] Sobre este punto pueden consultarse numerosas encuestas y estudios. En particular, recomiendo la consulta del Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Social publicado el año 2012 por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadano que puede verse aquí www.ogdn.minsa.gob.pe/jplanes/PNSC_2012.pdf. En ese documento el 75.4% de los encuestados manifestó que Lima era una ciudad “nada segura”.

[2] Esta información ha sido extraída de una artículo titulado “Crime Rates in a Cross Section of Countries” que fue elaborado por los profesores Julio H. Cole y Andrés Marroquín, ambos catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. El artículo se publicó en diciembre del 2010 en la revista “Population and Development Review.”

1 COMENTARIO

  1. “Si objetivamente el Perú es un país tan seguro, ¿por qué el 75.4% de los ciudadanos se siente “nada seguro”? ¿Por qué más del 60% de las personas desaprueban la labor de la Policía Nacional?”. Yo, con el joven temor de equivocarme, creo que gran parte del temor infudado e infundido en la población es una clara exageración -una exageración probablemente deliberada- de los medios. ¿Quién hace la encuesta o para quién se hace la encuesta de percepción de inseguridad? Yo creo que no es para la población, sino para el medio, para que éste venda y la población compre. Luego “todos” (autoridades y empresas) se suman al juego para hacer hora y sacar provecho.

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