Traducido por José Antonio Salgado. Republicado y traducido con permiso de los autores. El artículo original se encuentra aquí: http://www.becker-posner-blog.com/2012/07/the-health-care-mandate-if-it-seems-like-a-tax-it-is-a-tax-becker.html

En el pasado estuve a favor de una ley de atención médica que obligara a todos a tener un mínimo seguro contra eventuales problemas catastróficos de salud, como lo es el cáncer, cuyo tratamiento es muy costoso. Los seguros para problemas de salud catastróficas por sí solos son bastante baratos, debido a que es raro para personas jóvenes sufrir de ellas. Además, estas no son cubiertas por los seguros privados, por Medicare [1] o por Medicaid [2]. De esta manera, como la gran mayoría de individuos y familias podrían asumir el costo de un seguro para problemas de salud catastróficos, solo las personas realmente pobres necesitarían que el Estado Federal se los subsidie.

El argumento que yo daba a favor de esta Ley era que los individuos no asegurados que desarrollasen una condición médica catastrófica cargarían significativamente a aquellos que sí contasen con seguro médico, al incrementar el costo de los seguros para todos. Pero investigando (ver el Reporte del Urban Institute del 2008, por Hadley, Holahan, Coughlin y Miller, Covering the Uninsured in 2008: Current Costs, Sources of Payment and Incremental Costs) me convencí de que, si bien en principio esto es un preocupación, el seguro médico provisto a los muchos no asegurados en Estados Unidos solo tuvo un pequeño impacto en el costo de los seguros privados. Estos autores encontraron que las primas de los seguros privados no incrementaron más que en 1.7% debido al traslado de los costos de los no asegurados a los asegurados privados. En parte por esta razón he cambiado mi posición sobre la ley de atención médica, y ya no creo que valga la pena el costo de hacer que el gobierno intervenga obligando a todos a tener un seguro de salud.

La forma que adopta el seguro médico obligatorio en el Affordable Care Act influyó también en mi cambio de posición respecto a estas políticas. Esta Ley no solo incluye la cobertura a problemas de salud catastróficos, sino que manda una cobertura bastante más extensiva, la cual difícilmente podría ser justificada por la necesidad de proteger a individuos del costo de enfermedades graves. Más aún, en lugar de solo subsidiar a los pobres, esta Ley también subsidia a personas y familias cuyos ingresos se encuentran muy por encima de la línea de pobreza. Como suele suceder con la implementación de políticas públicas que podrían ser positivas, el mandato en sí, así como muchos otros programas bajo esta Ley, terminan haciendo más daño que bien.

No soy abogado, y no puedo juzgar la constitucionalidad de la Ley de Atención Médica. Por supuesto, muchos programas son perfectamente constitucionales y a su vez causan un gran daño. Sin discutir directamente la constitucionalidad de la Ley, puedo discutir si es que la combinación del mandato de seguro médico con una penalización para aquellos que decidan no participar de él puede ser legítimamente llamada un impuesto, como argumentó el Magistrado Roberts cuando se vio el tema en la Corte.

Claramente, el concepto de impuesto incluye contribuciones obligatorias a los ingresos del gobierno, como lo son las tasas que gravan a los ingresos personales, a las ganancias (como el seguro social) o a las rentas corporativas. Sin embargo, ciertas tasas tributarias que son llamadas impuestos contribuyen a la recaudación fiscal, pero su propósito principal es afectar ciertos comportamientos o actividades. Los ejemplos incluyen el impuesto a los cigarrillos que apunta a disminuir su consumo, o los impuestos a las emisiones de carbono (impuestos pigouvianos) gravados para reducir los gases de efecto invernadero que entran a la atmósfera.

Otras tasas que afectan comportamientos usualmente no son llamadas impuestos, generando, sin embargo, el mismo tipo de impacto en los comportamientos que los impuestos. Por ejemplo, cuando un conductor es atrapado excediendo el límite de velocidad, es “multado”, aunque se podría decir, de la misma manera, que ha sido “gravado” por exceder el límite de velocidad. El propósito principal de estas multas es motivar a los conductores a obedecer los límites de velocidad, aunque lo recaudado de las multas puede también ser parte del propósito, como sucede con las “trampas de velocidad” (“speed traps”). Siguiendo la misma lógica, uno podría decir que los consumidores que compran cigarrillos en efecto son multados por cada cigarrillo que compran, siendo la multa el tamaño del gravamen gubernamental impuesto en cada cigarrillo consumido.

Consideremos en este contexto al mandato de atención médica, el cual incluye una penalidad financiera para aquellos que se rehúsen a comprar este seguro. Sin estar estirando el lenguaje, uno podría decir que ellos serían ‘multados’ por no obedecer el mandato. Pero luego, siguiendo la lógica de los ejemplos del impuesto a los cigarrillos y el límite de velocidad, uno podría legítimamente decir que las personas serían “gravadas con un impuesto” si es que no compran el paquete de salud obligatorio.

El Affordable Care Act tiene muchos puntos negativos, incluyendo al mandato de seguro médico. Pero, si la constitucionalidad de la Ley depende de si la penalidad por no comprar el seguro es o no, un impuesto, entonces estoy de acuerdo con el Magistrado Roberts, y en contra de las opiniones disidentes de los magistrados Scalia, Kennedy, Thomas y Alito, en concluir que la penalidad puede en efecto ser considerada “un impuesto”.


[1] Medicare es un programa básico de seguro de salud en los Estados Unidos para personas mayores de 65 años y personas con discapacidades.

[2] Medicaid es un programa administrado a nivel estatal que da protección médica y de hospital a personas de bajos recursos.

1 COMENTARIO

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