Luego de meses de tensión y conflicto, se ha suspendido el proyecto minero Conga. Cajamarca ha sido, sin duda alguna, la protagonista en el escenario de los conflictos sociales en lo que va del año. Sin embargo, existen conflictos similares alrededor del país que no han devenido en un desorden como el que existió en Cajamarca. El estado actual de las cosas en dicha región puede interpretarse como una ecuación de tres factores políticos principales –entre, sin duda, muchísimos otros–: un rechazo preexistente de la población a los proyectos de inversión privada que potencialmente podrían vulnerar el medio ambiente, una determinada política del Estado en términos económicos y sociales y un ‘líder’ o representante con aspiraciones políticas.

La Defensoría del Pueblo ha identificado 173 conflictos sociales de los cuales 149 (casi el 90 por ciento) son motivados por demandas por parte de poblaciones escépticas de los proyectos de inversión privada por los posibles efectos negativos que esta pudiera generar en el medioambiente. En el caso específico del proyecto minero Conga, emblema de la inestabilidad social en el país, el presidente regional cajamarquino Gregorio Santos personifica hoy la lucha contra el proyecto en un supuesto intento de velar por el medio ambiente y proteger el agua de la región. No obstante, la información (cifras y sucesos) que con el tiempo ha sido revelada ha llevado a evidenciar serias contradicciones que han puesto bajo tela de juicio la coherencia de Santos en cuanto a sus motivaciones. Basta con mencionar que en lo que va de su gestión la ejecución del presupuesto del Gobierno Regional no ha sido dirigida en lo absoluto al cuidado medio ambiente. Además, resulta evidente que el hecho de que se haya comprobado ya que el agua –pretexto de la lucha– no es apta para consumo ni para la agricultura (por lo que esta no corre peligro), ha sido ignorado por completo por Santos, quien ha continuado renuente al diálogo y entumecido con un monótono “Conga no va”. Claramente dichos hechos han abierto ya hace tiempo la puerta para que se forje la opinión de que Santos ha encontrado en el conflicto social la ocasión perfecta para intentar desestabilizar el país y alcanzar el poder en nombre de viejos radicalismos y nuevas inspiraciones.

Por lo pronto, la hipótesis de que la verdadera motivación de Gregorio Santos sería alcanzar fines políticos y no ambientalistas con las protestas radicalizadas ha sido abordada de manera constante. Sin embargo, las cifras que revelan una oposición de casi el 80% de la población cajamarquina al proyecto minero no se explican de la misma manera. Si bien Santos puede basar su radicalismo en motivos políticos, en realidad ha necesitado cierto resorte para hacer escuchar sus pretensiones, que en este caso ha sido un rechazo generalizado ya existente de parte de la población cajamarquina al proyecto minero. Si bien resulta muy probable que el porcentaje de oposición a la minería en la región haya incrementado considerablemente debido al furor desatado por Santos, no debe dejarse de lado que el rechazo a esta industria se remonta a bastante tiempo atrás. Los conflictos sociales presentes en el país en los últimos años han respondido –en la mayor cantidad de casos– a un patrón similar: preocupación por el medio ambiente, escepticismo con respecto a la inversión privada y falta de confianza en una fiscalización y redistribución adecuadas de parte del Estado.

De los 173 conflictos sociales identificados por la Defensoría del Pueblo, los doce más importantes mantienen una estrecha vinculación con el proceso electoral del 2011, en el cual Ollanta Humala presentó promesas electorales que giraron en torno a la inclusión social y a un manejo económico responsable, abiertamente contrario al continuismo liberal y a la inversión minera. Así, de estos doce conflictos que reclaman garantías de tutela medioambiental y mayor fiscalización de la inversión privada, el menor porcentaje de gente que votó por Humala en la segunda vuelta es de 51,4%, en Cajamarca, y el máximo de 93,6% en la provincia de Chumbivilcas, en Cuzco, donde se persigue la expulsión de la empresa minera Anabi por demandas ambientales, cifras sumamente altas en ambos casos. Como es obvio, la relación entre el índice de conflictos sociales que presentan posturas antagónicas a la inversión minera y el porcentaje de gente que votó por Ollanta Humala en el proceso electoral del 2011 no es gratuita. Las críticas de un supuesto giro a la derecha del Gobierno actual y las constantes demandas de abandono de la “Hoja de Ruta” y retorno a “La Gran Transformación” se traducen en el sentimiento generalizado de ingratitud que experimentan los pobladores de las regiones en conflicto hacia un Humala que se ganó sus votos con promesas que hoy en día resultan incompatibles con la política económica que está siendo aplicada.

De esta manera, lo que se ha percibido como una traición a las promesas electorales ha dado pie a que la dinámica de los conflictos sociales se radicalice hasta el punto de convertirse en delincuencial. Las pérdidas que las protestas han significado para Cajamarca son lamentables. Las muertes causadas por la violencia son un signo de que la seguridad en la región se ha convertido en un recuerdo lejano. Tanto a mediano plazo (las pérdidas monetarias en la región que ascienden a 600 millones de soles, los particulares impedidos de trabajar o administrar sus negocios, los niños obstaculizados de ir a clases, las violaciones a la propiedad privada) como a largo plazo (la suspensión del proyecto de inversión privada más grande del país, el ahuyento  de inversión extranjera, la pérdida de oportunidad de desarrollo) son alarmantes. Que el proyecto haya sido interrumpido significa la pérdida de una oportunidad de generar riqueza mediante la creación de cientos de empleos para los pobladores de la región y la recaudación de fondos para el país en general.

Por lo tanto, el “giro a la derecha” de Humala, en contraste con una campaña abiertamente contraria a la minería privada, si bien ha significado sin duda alguna bienestar económico y desarrollo, ha abierto la puerta para que se combinen dos factores que juntos han resultado sumamente perjudiciales: una población en descontento y un ‘líder’ con pretensiones políticas.

El rechazo a la minería se encuentra arraigado aún en el país que Humala hereda, y aunque esta vez haya tomado la forma de Gregorio Santos, este representa finalmente solo un factor en la ecuación. Ahora que ha sido suspendido el proyecto, es importante que el Ejecutivo tome las medidas necesarias para recuperar la confianza de la población en cuanto a garantías ambientales e inversión en la región, de modo que se supere, de una vez por todas, ese espejismo que no permite ver a la inversión privada como lo que realmente es: un aliado contra el enemigo común (la pobreza).


[1] ONPE/Defensoría del Pueblo (Informe sobre Conflictos Sociales mayo-junio 2012)


1 COMENTARIO

  1. Creo que las actuales revelaciones de la Contraloría acerca de las presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Gobierno Regional de Cajamarca y de su presidente Santos parecen enturbiar la gesta de Conga.
    Pero si bien Santos ha demostrado tener una agenda propia y actuar de acuerdo a intereses subalternos (no el medio ambiente, ni el desarrollo de su región), no hay que olvidar que en Conga se logró algo muy importante: el hacer retroceder a la inversión a la bruta, que prácticamente le impone sus condiciones al Estado y minimiza las relaciones con la comunidad.
    Los peritos, aún siendo cuestionados por parcializados, establecieron que las condiciones del proyecto deberían mejorarse ostensiblemente para asegurar el equilibrio ecológico y la paz social (hasta donde se pudiese).
    Eso fue un logro del pueblo, no del Gobierno, ni de la empresa, ambos dispuestos a proseguir con el proyecto original.
    Yo estoy de acuerdo con que Conga vaya, pero con condiciones favorables para todos, respeto estricto a la normativa ambiental y fiscalización permanente a la empresa.
    El que se cumplan esas tareas es tarea del Estado, no debería esperarse a que la gente se levante y los muertos se acumulen para reaccionar.
    El rechazo a la minería no es gratuito, la perpetua indiferencia que las compañías han tenido respecto de los afectados por la actividad y los episodios de contaminación severa han alienado a la población.
    Las empresas responsables están en la capacidad y deber de revertir esa situación, por su propio beneficio y sobre todo por la licencia social indispensable para continuar su actividad.
    La Inversión privada va, pero con responsabilidad, fiscalización oportuna y eficaz, y relaciones positivas con los pobladores involucrados.

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