Publicado originalmente en el diario El Comercio. Todos los derechos del texto reservados. Republicado con permiso del autor.

En la película “John Q.”, Denzel Washington interpreta a John Quincy, un padre de familia que enfrenta el drama de no poder pagar un trasplante de corazón para su hijo. Buscando salvarlo, toma rehenes dentro de un hospital y exige que se realice la operación.

Es fácil identificarse con el personaje de John y compartir su angustia; nadie quiere pasar por la tragedia de perder a alguien que ama por algo tan frío como ser incapaz de costear una cirugía. Pero simpatizar con él no implica admitir que para lograr su cometido tiene derecho a violar la ley, que está ahí para proteger la vida y las libertades del resto.

John hizo más que violar y destruir propiedad privada: secuestró a 11 personas (entre ellas una mujer embarazada y varios heridos), cuyas vidas arriesgó al poner en el centro de una confrontación armada con la policía. Por eso, la película acaba con John siendo juzgado por el delito de secuestro. Y es que a ningún guionista que busque crear un final que el público sienta justo se le habría ocurrido dejar que John saliese impune. Un mundo donde cualquiera pudiese violar derechos ajenos para hacer por manos propia la justicia de la que se considera merecedor sería, sin duda, muy injusto.

En la historia que vivimos los peruanos, sin embargo, los protagonistas se rebelan a diario contra esta lección que parece tan obvia. 5.300 médicos de Essalud, por ejemplo, realizaron una huelga que concluyó, luego de 33 días, a inicios de setiembre. La huelga fue declarada ilegal porque violaba la norma que establece que los trabajadores de hospitales tienen, aun en estos casos, la obligación de mantener personal suficiente para garantizar el servicio. La consecuencia: se puso en riesgo la salud de miles de peruanos al dejar de atender 672 mil citas, 21 mil operaciones, 150 mil sesiones odontológicas y 131 mil exámenes radiológicos en todo el país. El Gobierno accedió a varios de sus reclamos y, en el camino, no tuvo reparo en dejar impune la violación de la ley.

Con el Sutep esto no es novedad. De hecho, en su última huelga cometió el delito de bloqueo de calles y carreteras y llegó al vandálico extremo de destruir las lunas del Ministerio de Educación. Como en oportunidades pasadas, el Estado todavía no encuentra a nadie responsable por estos actos. Y, si sus antecedentes son algún indicador, es esperable que el Gobierno no sancione a los maestros que se han plegado a esta huelga también declarada ilegal. Parece pues que no importa si pierden el año los niños de las zonas más pobres del país o que las protestas hayan impedido que miles de personas se movilicen a sus trabajos y negocios para generar los ingresos que les permitan alimentar a sus familias.

Soy consciente de que para muchas personas quienes participan de una huelga (como sucede hoy con seis gremios laborales) son una suerte de John Q. Después de todo, es difícil no solidarizarse con aquellos empleados públicos que realizan un estupendo trabajo en condiciones laborales paupérrimas y ganando míseros sueldos. Pero el Estado debería hacer cumplir la ley porque, a fin de cuentas, su derecho a velar por sus familias no los legitima a poner en riesgo la vida de las nuestras.

4 COMENTARIOS

  1. Hola Enrique, tan solo comentaré el caso de la huelga de los médicos de Essalud, date cuenta que ellos son maltratados con sueldos miserables (S/. 2000.00 o S/. 2500.00) en su mayoría, en verdad tiene poco que ve con la película John Q., así que hacer un parangón resulta muy extraño, luego, si queremos que médicos o profesores (ya tocando todo tu post) no hagan huelga, pues reclamemosle al Estado TODOS los peruanos, no solo ellos, que les aumenten los salarios, no es posible que un proxeneta en el Congreso se embolse cerca de S/. 15 mil sin trabajar y un profesional de la salud con especialización gane un quinto del salario del tipejo antes mencionado.

  2. El problema de los sueldos en el estado es que no hay una politica uniforme. Es común ahora que algunos dependencias públicas, para no estar sujetas al limite establecido por Alan García, hagan lobbies en el Congreso para que les apruebe una Ley que las exonere. El caso mas reciente el de SUNAT (me parece que lo mismos ha pasado con la Contraloría y el BCR), seguro que todos queremos trabajadores públicos mejores remunerados, pero demuestra la falta de coherencia del Estado permitir el incremento de forma sesgada. ¿Por qué la SUNAT si y los médicos no?

  3. Hola Pasquel, este es un blog o un articulillo, por que un único post no hace un blog; o es que el fin es que tu fotografía se justifique… Bueno, si es así puedo pensar que no tienes tanto que decir, pero si mucho que publicitarte.

    Saludos,

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