Por: Adriana Tudela
Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima y periodista en PEIC

Luego de varios meses de haber desperdiciado (maliciosamente) tiempo y esfuerzo, Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, ha determinado que la labor de los facilitadores del diálogo en el conflicto generado a raíz del proyecto Conga ha terminado. Esto, por supuesto, lo ha decidido él unilateralmente sin consultarlo con el gobierno central ni con el pueblo cajamarquino.

Los facilitadores, Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, retornarán parsimoniosamente a sus casas sin haber llegado a ninguna solución y, lo que es más grave, sin haber buscado agotar el diálogo con los cajamarquinos. Por otro lado, la intención de negociar y cooperar por parte del Estado le ha producido gran indiferencia a Santos; es decir, nos ha hecho perder tiempo y dinero a todos los peruanos, puesto que seremos todos los que nos veremos afectados por la frustración de este proyecto.

Esto no constituye ninguna sorpresa: el resultado era previsible. Todo esfuerzo por parte de los gestores del proyecto, Buenaventura y Newmont, buscando satisfacer las demandas del presidente regional y los intentos por parte del gobierno, a través de las mesas de diálogo, para llegar a un acuerdo han sido inútiles, lo cual no hace más que revelar que nunca se quiso dialogar. Es más, resulta evidente que haber convocado a los facilitadores fue una artimaña para disfrazar su verdadero objetivo: un cambio en la Constitución vigente.

Este cambio, para el cual Santos ha anunciado que empezará a recolectar las firmas necesarias, busca regresar a los criterios intervencionistas y regalistas contemplados en la Constitución de 1979, los cuales limitarían la libre iniciativa privada no sólo en la minería sino en otros sectores del mercado y la industria, cosa que en el pasado causó muchísimo daño a nuestra patria.

A pesar de ser Santos el principal culpable, no es el único a quien debemos recriminar tan indignante espectáculo. El gobierno ha pecado de tolerancia y es que ésta (tan malinterpretada actualmente) no obliga a soportar abusos ni mucho menos que se viole la ley, cosa que lamentablemente ha sucedido en este caso en nombre de la “democracia”.

Nada, ni siquiera las promesas electorales, justifica que no se cumplan las leyes y menos aun que ese incumplimiento sea premiado con la impunidad y con prerrogativas cada vez más “tolerantes” para quien ha incumplido. La falta de firmeza y la ingenuidad del gobierno son también grandes culpables en este asunto, siendo los facilitadores la personificación de su desidia.

Si el gobierno se deja intimidar de esta manera, siendo incapáz de resguardar los derechos de las personas y hacer cumplir la ley, sin que acarree consecuencias, ¿con qué autoridad moral se destinan recursos del Estado a campañas para prevenir el bullying en los colegios (ahora que el tema está tan en boga)? El mensaje que el gobierno nos transmite  es: “Intimida y abusa que así alcanzarás tus propósitos”. Al final del día, estamos frente al triunfo de los bullies.

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