Por: Adriana Tapia
Miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y de la Asociación Civil THĒMIS

Hace poco Mitt Romney, en el debate presidencial contra Obama, nos recordaba que España se ha convertido en uno de esos ejemplos que no deben imitarse y es que resulta curioso que aquella que fue la cuarta mejor economía de la Eurozona haya pasado, en tan solo 3 años, a ser un país sumido en la crisis. La crónica de la crisis española se ha desarrollado lentamente y con sigilo, teniendo como principal causante el estallido de la burbuja inmobiliaria; sin embargo, aunque pareciera ser esta la única razón del problema español son también partes integrantes de esta crisis algunas de las malas decisiones de inversión y organización tomadas en el pasado y el despilfarro de dinero en gastos públicos innecesarios que han llevado al país a un déficit preocupante. Esta es, pues, también la crisis de un ficticio Estado de Bienestar.

En 1945, en las épocas postreras a la segunda guerra mundial, las economías europeas se vieron devastadas por la guerra y los estragos que esta dejó a su paso. Empero, lograron salir adelante con la implementación del plan Marshall y con ello se dio la intervención del Estado americano en el crecimiento europeo. El rescate que con éxito realizó el plan Marshall le dio a Europa estabilidad económica y a consecuencia de ello los país pertenecientes a esta zona comenzaron a implementar medidas destinadas a elevar la calidad de vida de sus ciudadanos, al principio solo cubriendo adecuadamente los principales servicios básicos. Posteriormente estas medidas se hicieron extensivas a servicios no indispensables y poco a poco se convirtieron en condicionantes que orientaban las decisiones de los ciudadanos.

España no fue ajena al uso e implementación de estas medidas. Tal es el caso de los subsidios por desempleo a través de los cuales el Estado otorga una cantidad de dinero a las personas que se encuentran sin trabajo. Está también el mal manejo del sistema de reparto de pensiones, sumado a la pronta edad para jubilarse, lo que ocasiona que el sistema sea más inestable y menos autosostenible. Por otro lado, gran parte de la población se encuentra empleada como funcionarios públicos. Y finalmente, pero no menos preocupante, es el subsidio por nacimiento que utilizó el gobierno de Zapatero como incentivo para que los ciudadanos tengan un mayor número de hijos, ello con el objetivo de elevar la tasa de gente joven en el país.

Todas estas medidas han hecho que el estilo de vida en España se convierta en envidiable. Y es que el Estado se ha preocupado por el “bienestar” de sus ciudadanos y ha tomado responsabilidades que corresponden a las personas, sin considerar la afectación que dichas prestaciones ocasionan al gasto público. Así pues se terminó financiando servicios no fundamentales, que finalmente resultaron ser pérdidas insulsas de dinero y que pusieron en riesgo la prestación de aquellos que sí eran imprescindibles. Asimismo, debemos considerar los errores de planificación en materia de infraestructura, pues buscando comodidad se invirtió en la ejecución de proyectos de gran envergadura y de altísimo costo que tuvieron poco o nada de utilidad.

Otro punto fundamental que es necesario tomar en cuenta es la organización estructural con la que cuenta este país. España se encuentra bajo un sistema conocido como las autonomías, lo que significa que dentro del Estado Español existen ciudades que se manejan y deciden sin consultarle al gobierno central. Este modelo tiene como principal objetivo la descentralización y la optimización en el crecimiento del país. Sin embargo la caída en la crisis nos obliga a analizar la relación que guarda la organización estatal de España con sus dificultades económicas.

Romney mencionó que el 42% del PBI de España se invierte en el gobierno y no está lejos de la verdad ya que en este momento hay en España casi 3 millones de funcionarios públicos. El aumento ha sido bastante grande: en 1976 había solo 600 mil. De estos 3 millones la mitad se encuentra en las comunidades autónomas y es evidente que hay enormes duplicidades provocadas por las diferentes administraciones que conviven en el Estado español; sobran entre 500 mil y un millón de funcionarios.

Las cifras arrojadas por los expertos indican que la mayoría de las autonomías españolas se encuentran en número rojos. Solo Cataluña, una de las más importantes y principales comunidades autónomas, tiene una deuda de 42 mil millones de euros que aún no ha podido ser refinanciada, por lo que ha solicitado el rescate del gobierno español. Todos los bancos que han tenido que ser rescatados corresponden a las autonomías y, por si esto fuera poco, se ha comprobado que dentro de cada autonomía se escoden cifras astronómicas de deudas impagas que terminan por sumergir aún más al país en un verdadero colapso económico. Este sistema ha multiplicado el mal español porque las malas decisiones no fueron solo tomadas en niveles centrales lo cual ha significado una notable intensificación del problema.

La de hoy sin duda es la mayor crisis que ha afrontado el Estado español y evidentemente también toda Europa. Pero no debemos olvidar que en esta crisis han confluido una variedad de elementos que han hecho que lejos de ser algo pasajero y temporal se convierta en una difícil situación que a pesar de las constantes medidas tomados por el gobierno actual, no logra ver una pronta mejora: la burbuja inmobiliaria, los prestamos irresponsables de los bancos españoles, la sofisticación y los lujos innecesarios otorgados por gobiernos que construyeron un estado de bienestar a bases del crédito, gastando más de lo que era posible pagar, y finalmente el terrible funcionamiento de las autonomías españolas que hoy se ven obligadas a pedir un rescate del gobierno nacional para poder recuperarse.

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