Por: Francisco Javier García Vieira
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, y PDD por el IESE Business School, Universidad de Navarra.

Republicado con permiso. El artículo original se encuentra aquí.

En estos días asistimos con la acostumbrada expectación al desarrollo de la campaña electoral en los Estados Unidos, pues no en vano se trata, todavía, de la nación más poderosa del planeta. Dado que los que no somos ciudadanos norteamericanos no tenemos derecho a participar en la elección del próximo Presidente, pero pese a ello somos en cierta medida sujetos pasivos de sus políticas, es buen momento para retrotraerse a la campaña anterior y hacer un cierto balance de lo que ha sido la Administración Obama; en particular, en lo atinente a sus promesas de regeneración y transparencia.

Todos tenemos en mente la promesa de poner fin a esa desdichada ignominia para el Estado de Derecho que era la prisión de Guantánamo, en la que los prisioneros podían permanecer detenidos por tiempo indefinido sin ser puestos a disposición judicial. Igualmente recordamos sus iniciativas de transparencia y gobierno abierto, que actuaron como acicate para que estos conceptos adquiriesen relevancia en las agendas políticas en otras naciones, entre ellas la nuestra.

El primer mandato del Presidente Obama se acerca a su final y, como casi siempre, parece que la Realpolitik se ha impuesto. La prisión de Guantánamo sigue siendo un limbo legal para oprobio de las democracias occidentales). Lejos de poner definitivo remedio a esa situación, Barack Obama firmó el 31 de diciembre de 2011 la National Defence Authorization Act, la cual legaliza la detención indefinida, incluso de ciudadanos norteamericanos y en territorio estadounidense. Eso sí, como aquel gobernador romano, Obama se lavó las manos tras firmar la Ley, no ejerciendo su derecho de veto, declarando que “The fact that I support this bill as a whole does not mean I agree with everything in it”…“I have signed this bill despite having serious reservations with certain provisions that regulate the detention, interrogation and prosecution of suspected terrorists.

Las promesas de transparencia y gobierno abierto tampoco se han traducido íntegramente en realidades. Así, la información pública, que según la Freedom of Information Act debería estar disponible para cualquier ciudadano, resulta bastante más esquiva en la realidad que sobre el papel . De hecho, tras un prometedor arranque, la Administración Obama fue ralentizando el ritmo de introducción de medidas de transparencia

La conclusión parece clara: la organizaciones gubernamentales presentan una gran resistencia a la introducción de medidas de transparencia y gobierno abierto. Incluso en aquellos casos en los que el liderazgo político, al más alto nivel, hace una apuesta personal por la transparencia, las resistencias internas logran, antes o después, revertir el proceso.

Y el corolario es igualmente claro: la transparencia ha de ser reclamada, exigida, desde la sociedad civil. Son los ciudadanos los que han de lograr que sus Gobiernos rindan cuentas de sus actos, expliquen en qué invierten los recursos públicos y, en definitiva, pongan a disposición del público cuanta información sea precisa para rendir cuentas de su gestión. No basta con esperar a que los Gobiernos, motu proprio, adopten estas iniciativas.

En España, la organización Transparency International ha elaborado un informe, de muy recomendable lectura, sobre la situación en nuestro país, cuyo diagnóstico coincide en gran medida con el de varios posts publicados en este blog. Los problemas de las listas cerradas, la oportunidad de una regulación de los lobbies, la necesidad de una Ley de Transparencia y de un portal en Internet que facilite al ciudadano el ejercicio de los derechos que dicha Ley le otorgue, o la profesionalización de la gestión pública son algunos de ellos.

Pero, aunque nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, la solución no va a darse por si sola. Sin una reclamación continuada y consistente por parte de la sociedad civil, es improbable que los gobiernos, sean del signo que sean, adopten medidas que a la postre van a facilitar el control ciudadano y el accountabilitySolo la conjunción de una intensa demanda por parte de los ciudadanos y de una decidida voluntad por parte de los poderes públicos sentará las bases para una auténtica cultura de transparencia y gobierno abierto.

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