Publicado originalmente en el diario El Comercio. Todos los derechos del texto reservados. Republicado con permiso del autor.

Un viejito enfermo amordazado en su celda. Esa manipuladora imagen -la de una víctima- es la que corren el riesgo de reforzar quienes han dispuesto que Fujimori no conceda entrevistas a la prensa. Después de todo, es humano solidarizarse con el indefenso. E indefenso, a decir de muchos, es como queda un ex presidente callado por el Gobierno.

Pero, más allá de no regalarle a Fujimori la oportunidad de victimizarse, hay principios importantes por los que no se le debería silenciar. El más evidente es que todos los ciudadanos tenemos el derecho a contar con todos los elementos de juicio posibles para formar nuestra opinión. Y, en lo que respecta a su indulto o a sus condiciones carcelarias, ¿qué elemento más importante que la versión del mismo Fujimori? Yo, por ejemplo, creo que bajo la evidencia actual no hay razones para indultarlo, pero ningún mal me haría escuchar lo que él tiene que decir al respecto. Aunque lo dudo, a lo mejor tiene un argumento que me podría hacer cambiar de parecer. O incluso sus declaraciones podrían reforzar mi posición, pues la entrevista no necesariamente lo favorecerá. El periodista podría hacerle preguntas incómodas o las críticas del antifujimorismo a sus declaraciones podrían ser demoledoras. En todo caso, ¿por qué el Gobierno debería ser el filtro de la información que yo uso para formar mi opinión? Dejar que el Gobierno encamine nuestras opiniones no es más que una manera de permitirle escogerlas por nosotros.

Por otro lado, así como todos tenemos derecho a escuchar para decidir mejor, el ex presidente tiene derecho a hablar para defenderse. Son las dos caras de la misma moneda. Podemos estar en desacuerdo, incluso nos puede desagradar lo que va a decir. Pero, como me sugirió Daniela Meneses, salvo que queramos obviar que todos tenemos los mismos derechos, no se puede permitir que el antifujimorismo ataque a Fujimori valiéndose de un megáfono y obligarlo a él a responder susurrando. ¿No es que todos tenemos derecho a defendernos de las acusaciones que se nos hacen?

El gobierno, por supuesto, dice que este es un tema legal, y que el INPE tiene una norma que prohíbe estas declaraciones, por lo que no hay nada más que discutir. Pues resulta que sí hay bastante más que discutir. Dicha norma estaría castigando a una persona que cometió un delito restringiendo su libertad de expresión. El problema es que la Constitución es bien clara cuando señala que toda pena (es decir, toda restricción de libertades) debe ser previamente establecida por el Congreso. Y como el Parlamento no lo ha hecho, el INPE no tendría facultades para ajustar esta mordaza.

Para justificar la negativa, el jefe del INPE también ha usado un aparente argumento práctico: si se autoriza la entrevista a Fujimori, “debemos hacer lo mismo con los 58 mil presos que existen en el país y si todos quieren hablar al mismo tiempo no sería una cárcel sino un set de televisión”. ¿En verdad cree que los 58 mil van a querer hablar al mismo tiempo y que los medios de comunicación querrán entrevistarlos? Nadie dice, por lo demás, que si hubiera una demanda muy grande no los pongan en lista y limiten el número de entrevistas al mes en los penales. Pero poner orden al momento de hablar es muy distinto a coserles la boca.

1 COMENTARIO

  1. En el presente caso en , se han señalado por parte del INPE posibles razones del tipo “victimológicas” para denegar la autorización de la entrevista de ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI a RPP, pues se aduce que de ese modo se podrá evitar que las victimas “(…) se puedan sentir nuevamente victimizadas” . En este sentido, si bien es loable que se quiera evitar tales efectos, por lo que sí existiría un fin legítimo, resulta difícil entender que la limitación del derecho a la libertad de expresión sea el modo más adecuado para conseguir tal fin. Mucho más cuestionable es que se pueda alegar la inexistencia de otro medio igualmente adecuado para el logro del mismo.
    A lo señalado, se debe agregar que el propio Tribunal Constitucional ha indicado que, admitida como legítima la restricción de libertad, se debe velar por la efectividad de los principios constitucionales y demás derechos fundamentales puestos en riesgo a través de las condiciones de reclusión en ejecución de penas privativas de libertad . Así, aunque la referida sentencia se encuentra centrada en el concreto estado de reclusión y las condiciones de ésta, se puede observar que la “(…) privación de la libertad no implica, en absoluto, la suspensión o restricción de otros derechos (…)” , como, por ejemplo, el de la libertad de expresión. Ello, obviamente, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad del establecimiento penitenciario ni la seguridad de los propios internos, lo que no ocurre en el presente caso.
    Es más, debe tomarse en consideración que FUJIMORI FUJIMORI, actualmente, no se encuentra sometido a régimen carcelario especial alguno (régimen cerrado especial), sino que se encuentra sujeto al régimen cerrado ordinario .

    Así pues, se observa que a criterio del INPE no es necesaria la aplicación de un régimen drástico, sino que, por el contrario, se le ha asignado a ALBERTO FUJIIMORI uno que no implique especiales restricciones a sus derechos.

    Cabe resaltar, además, que el único dispositivo que señala algún tipo de prohibición a declarar en medios de comunicación es la Resolución Presidencial del INPE n° 562-2002-INPE-P, la cual expresamente refiere que solo los que se encuentren recluidos en establecimientos penitenciarios en los que se siga un régimen cerrado especial se encontrarán impedidos de ofrecer entrevistas, por lo que extender el alcance de tal prohibición configura un acto carente de sustento jurídico.

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