Qué mejor manera de empezar el año 2013 que con la reciente promulgación de la Ley 29973, cuyo fin será garantizar la inclusión y participación de las personas con discapacidad en empresas públicas y privadas. Dicha norma prevé la fiscalización y punición por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) frente al incumplimiento de ciertas medidas favorables para este sector. Abarca temas relacionados a la accesibilidad, derechos civiles, políticos y laborales, educación, salud, deporte, regulación estatal a nivel regional y local, etcétera. En tal sentido, es un gran avance en la lucha contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades como parte de una política de inclusión social tan fervientemente enarbolada por este gobierno.

En el Perú, se estima que existen cerca de cuatro millones de personas con discapacidad. La ley define a la persona discapacitada como aquella que «tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.» Según la ONU, estamos hablando alrededor de 10% de la población mundial que se encuentra en dicho estado.

Los propulsores de la iniciativa legislativa fueron el congresista Javier Diez Canseco en nombre de Sociedad y Discapacidad (Sodis), el Dr. Julio Wilfredo Guzmán (Conadis), y el director del diario El Comercio Francisco Miró Quesada Rada. La propuesta ciudadana fue respaldada por más de 120 mil firmas y el pasado 14 de junio, la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Sin embargo, a pesar del legítimo consenso al que el Legislativo arribó, la ley fue sometida a observación por el Ejecutivo, el cual objetó en 14 puntos, de forma que ofreció un proyecto alternativo y retardó aún más su promulgación.

El artículo 55 de la Constitución prevé que todos los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Como tal, a fines del 2007 el Perú suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Así, lo que se busca es que en coordinación con dicho tratado la legislación nacional se adecue a tales disposiciones, pero ya no desde una perspectiva tradicional asistencialista o caritativa, sino partiendo de una perspectiva social. Es decir, proponiendo medidas sociales que promuevan la igualdad de derechos así como el desarrollo de sus capacidades; o entendida de otro modo, tomando en cuenta las herramientas ofrecidas por la sociedad civil y aseguradas por el Estado, para encarar y superar dicha situación.

Los temas tratados son extensos, pero los aspectos más importantes de la ley son los siguientes: en materia laboral, dispone una cuota de empleo de 5% para la contratación de personas discapacitadas en empresas públicas y 3% en las privadas con más de 50 trabajadores. En materia de accesibilidad el compromiso aborda desde el diseño arquitectónico de las construcciones hasta el transporte público. Además, no menos de 5% del crédito estatal destinado al financiamiento de micro y pequeñas empresas irá hacia las empresas promocionales de personas con discapacidad. Asimismo, el Estado se compromete a garantizar y promover el trato igualitario del usuario en seguros de salud y educación, donde se prohíbe la negativa de prestar servicios por razón de discapacidad. A su vez, prevé el derecho de discapacitados en condición de extrema pobreza de obtener una pensión no contributiva a cargo del Estado. Finalmente, deberán realizarse censos e investigaciones científicas sobre la materia, y asegurar servicios de rehabilitación y atención integral al paciente. En general, es una ley que propone la integración social de dicho sector en igualdad de oportunidades dentro de las más diversas áreas. De acuerdo con Diez Canseco, es una ley ‘transversa’ puesto que involucra a todos los sectores.

Es importante también señalar que a manera de garantizar las mencionadas propuestas, la última disposición regula la aplicación de infracciones y sanciones para quienes incidan en su cumplimiento. Por primera vez se sanciona a la entidad, al funcionario o al empresario que vulnere o inhiba los derechos y deberes contemplados. Además, los infractores estarán inscritos en el registro de infractores de los derechos de la persona con discapacidad que administra el Conadis. Las sanciones oscilan desde la imposición de multas y suspensiones temporales sin goce de haber hasta la destitución del cargo. Asimismo, el dinero recaudado por concepto de multas será destinado exclusivamente para el financiamiento de programas en beneficio de los discapacitados.

Como se recordará, este año (2012) una conocida compañía de seguros fue multada tras haber negado el servicio de cobertura médica a una joven por padecer de Síndrome de Down. Claramente a falta de justificación, la empresa se vio obligada no sólo a pagar el equivalente a 45 UITs, sino como medida correctiva, a brindarle la debida atención. INDECOPI falló a favor de ella, argumentando que se había violado la Convención de la ONU, las normas de protección al consumidor y nuestra Constitución. Se espera sin embargo, que con la nueva ley, no vuelvan a ocurrir casos análogos a este y se fortalezca una política social que, promovida por el Estado, evite este tipo de situaciones.

Ahora bien, es de esperarse que cierto sector empresarial se manifieste en contra de la ley por considerar que la obligatoriedad de la cuota laboral genere sobrecostos. Sin embargo, sucede lo contrario, pues quienes contraten a personas discapacitadas disfrutarán de beneficios tributarios. Es decir, de acuerdo con el Dr. Guzmán, presidente del Conadis, las empresas podrían descontar del sueldo de cada trabajador discapacitado hasta el 80% del impuesto a la renta si estos superan el 30% del total de servidores.

En gran parte, es el medio o la misma sociedad la que determina la incapacidad de una persona. No se trata meramente de violar el principio de igualdad ante la ley. Empero, cuando se parte de una realidad que lamentablemente aún margina y discrimina, en ese marco, no ha de confundirse igualdad de oportunidades con igualdad ante la ley.  Se trata de una discriminación ‘positiva’ que compensa las dificultades a la que se enfrenta un discapacitado en el plano de la realidad laboral. El rol del Estado en ese sentido no es ofrecer dádivas, sino promover, incentivar prácticas integradoras y a la vez, inhibir y sancionar las discriminatorias. Como bien se mencionó, esta ley pretende adoptar un enfoque social y superar el lastre del asistencialismo que sus detractores le arrogan.

En ese sentido, aplaudo esta iniciativa que surge de móviles honestos e inclusivos que apuntan a una sociedad más igual para todos. Todavía queda pendiente la elaboración del reglamento. Sin embargo, a falta de este, de acuerdo a una disposición complementaria, no se verá impedida su aplicación y exigencia. Es decir, ya se encuentra en plena vigencia y, conforme a plazos, susceptible de ser aplicada paulatinamente cuando así lo demande.

Finalmente, es menester recordar que no es lástima lo que se busca, sino en aras de la igualdad social, el reconocimiento de derechos, usualmente ignorados, de un sector vasto de la población. Para ello, se exige el apoyo efectivo y responsable de un Estado que prevea e invierta en una política destinada a garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo íntegro y digno de sus capacidades. No obstante, de nada sirve que un Estado imponga si no existen ciudadanos comprometidos a respetar y hacer valer los principios que se fundan tras las leyes. Por ello, hace falta también un cambio de actitud en el ADN social, para que esta iniciativa nazca voluntariamente por los mismos ciudadanos, y así cada vez sea menor el número de personas víctimas de la discriminación e indiferencia que a diario contaminan nuestra ciudad.

Pd. Empresas: no olviden que los discapacitados son individuos que valoran mucho más su trabajo, pues saben lo difícil que ha sido conseguirlo y mantenerlo.

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