No muevan las industrias (periodísticas)

Por: Andrés Calderón L.

Abogado por la PUCP. Candidato a Máster in Law (LL.M.) por la Universidad de Yale. Profesor de Derecho en la PUCP y UPC.

La industria periodística viene cambiando. Una de las revistas más representativas a nivel mundial, Newsweek, cambió de formato impreso a una versión completamente digital al iniciarse el 2013. Ya en el año 2010, un reporte de la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos revelaba que los ingresos de los periódicos por concepto de anuncios pagados (que representan el 80% de sus ingresos) habían caído aproximadamente en 45% desde el año 2000.[1] En España, se reporta que en los últimos 5 años,  cerca de 10,000 periodistas perdieron sus trabajos y 73 medios de prensa cerraron.[2]

La crisis de la industria periodística y, en especial, de los medios periodísticos impresos, motivó que en varias partes del mundo se empezara a discutir sobre la posibilidad de que el Estado intervenga para salvar al periodismo tradicional. Las alternativas eran variadas: brindar (o expandir) beneficios tributarios a los periódicos, crear subsidios públicos o privados (a través de nuevos impuestos, nuevos derechos de propiedad intelectual, o permitir la colusión entre periódicos para incrementar sus ganancias) a favor de los medios de prensa, crear fondos gubernamentales a ser destinados al financiamiento de medios de prensa privados bajo algún esquema de competencia o, sencillamente, invertir dinero en los medios de prensa estatales.[3]

Con distintas variantes, todas estas propuestas parten de una misma premisa: que es necesaria la intervención estatal, que hay un problema que la ley necesita resolver. En las siguientes líneas, de manera breve, contradeciré esa premisa y criticaré una solución en particular, la de invertir en medios de prensa estatales, enfocándome en el caso peruano.

1. ¿Es necesaria la intervención estatal?

Tradicionalmente se acepta la intervención estatal cuando se presenta una de las denominadas fallas de mercado. Una de estas fallas es el caso de los bienes públicos, y la información periodística es uno de ellos. Es un bien que no presenta rivalidad en el consumo (que una persona acceda a una noticia no impide ni reduce la capacidad de que otra acceda a la misma noticia), y que es difícil de excluir (una vez que la noticia es diseminada, es muy complicado evitar que este conocimiento no sea esparcido entre otras personas). Estas características, normalmente, llevan a una producción sub-óptima del bien. Esto se explica con un ejemplo. ¿Por qué pagaría por un periódico si alguien puede prestarme el suyo o simplemente contarme la misma noticia? Es decir, los consumidores se comportan como free-riders, y el proveedor del bien (la empresa periodística) podría verse desincentivado a producirlo si no todos quienes disfrutan del bien pagan por él.

Sin embargo, esto no siempre sucede en la realidad. En primer lugar, los medios de prensa no dependen únicamente de que sus consumidores paguen por la información diseminada. El financiamiento de los medios depende más de la publicidad que del número de unidades o suscripciones vendidas. Aunque es cierto que el mercado publicitario presenta una demanda derivada del número de lectores o audiencia,  el efecto free-rider no siempre perjudica al medio de prensa. Mientras más gente lea o acceda a su periódico o página web, más ventas de publicidad podrá lograr, aun cuando no todos los lectores hayan pagado el precio de venta por acceder a esta información. En segundo lugar, los medios periodísticos no solo dependen del contenido de la información que difunden sino también de la oportunidad en que lo hacen. Muchos consumidores están dispuestos a pagar por acceder a información en calidad de primicia, y de primera mano. Por eso, aun cuando puedan free-ridear a terceros, aún están dispuestos a pagar el precio por acceder a la noticia del momento y no esperar al “periódico de ayer”. Finalmente, considerando los dos factores anteriores (ventas publicitarias e importancia de la primicia), los medios de prensa han logrado encontrar mecanismos para excluir a algunos consumidores que no pagan, es decir, para contrarrestar el efecto free-rider, primero con un bien físico como el medio impreso, y luego a través de contenidos digitales, y posteriormente mediante la oferta de contenidos diferenciados o premium para suscriptores.

Así, el hecho de que algunos medios quiebren no debe ser motivo de preocupación en sí mismo. En buena cuenta, el mayor o menor éxito de un medio de prensa depende de su capacidad de adaptabilidad y respuesta a la demanda de sus consumidores. La crisis de los medios tradicionales periodísticos no debe ser razón para que el Estado intervenga. No hay razón para privilegiar un determinado modelo de industria e impedir su evolución.

2. ¿Es necesaria una empresa estatal periodística?

La crisis de los medios tradicionales podría llevar a algunos a justificar la presencia de un medio periodístico estatal, para garantizar que, pese a que algunos medios quiebren, siempre exista suficiente cobertura periodística. Sin embargo, este argumento, como ya hemos advertido, parte de la premisa equivocada de la necesidad de intervención estatal.

Sin perjuicio de ello, y aun asumiendo que fuera necesaria cierta intervención, la actividad empresarial estatal en este caso sería una mala alternativa. En primer lugar, la labor periodística involucra en gran medida una labor de control de las actividades del gobierno. Cuando los poderes del Estado fracasan en su labor de control y balance entre sí, aparece la prensa precisamente para hacer públicas estas fallas y llamar la atención de la ciudadanía sobre temas de interés público. De ahí recibe la prensa el calificativo de “Cuarto Poder”. En tal sentido, resulta ingenuo esperar una verdadera labor de control por parte de un medio de prensa que es financiado y controlado por el propio Estado. Para muestra un botón, ¿alguien recuerda una portada de “El Peruano” en la que se haya criticado directamente al presidente de turno?

Por otra parte, la teoría y la práctica demuestran que el Estado tiende a ser un mal empresario, al carecer de los incentivos suficientes para ser eficiente, para reducir costos que le permitan obtener beneficios económicos directos. Normalmente, estos beneficios serán de índole político y, en ese contexto, podrá estar dispuesto a invertir recursos donde no sea adecuado con el fin de obtener algún crédito político.

Además, la sola presencia de una empresa estatal con beneficios injustificados (prerrogativas tributarias, ausencia de un control efectivo por parte de sus accionistas, ausencia de riesgo de compra o quiebra, entre otros)[4], tiende a desincentivar la aparición de nuevos competidores. Es por estas razones que la Ley peruana de Represión de la Competencia Desleal sanciona como un supuesto de violación de normas a la actividad empresarial estatal que no cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución, es decir: i) que la actividad empresarial sea autorizada por una ley expresa del Congreso; ii) que sea subsidiaria, en el sentido de que la oferta no privada no sea suficiente para atender las necesidades de un segmento de consumidores; y iii) que cumpla un objetivo de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.[5]

¿Podríamos decir que El Peruano o TV Perú cumplen con estas condiciones? Claramente no cumplen un rol subsidiario, puesto que, más allá de la publicación de las normas legales –un servicio fundamental que da cierto poder de mercado a la empresa estatal y que se encuentra inexplicablemente atado al periódico–, no parece que resulte necesario que el Estado dedique una infraestructura y un staff de periodistas para conducir un periódico y un canal televisivo en un mercado que ya tienen varios participantes y en el que difícilmente se pueda argumentar que estos medios cubran una demanda no satisfecha. “El Peruano” no figura siquiera en la mayoría de los índices o encuestas de lectoría, lo mismo que los programas periodísticos de TV Perú.[6] Es decir, cuando una persona busca información periodística, difícilmente acudirá a uno de los medios estatales.

En conclusión, lo mejor que puede hacer el Estado frente a la crisis de los medios tradicionales de prensa es no hacer nada. Estado y prensa no son amigos por naturaleza y está bien que no lo sean.


[1] FTC STAFF DISCUSSION DRAFT: POTENTIAL POLICY RECOMMENDATIONS TO SUPPORT THE REINVENTION OF JOURNALISM FTC, p. 2. (disponible en http://www.ftc.gov/opp/workshops/news/jun15/docs/new-staff-discussion.pdf, última visita: 19 de marzo de 2013).

[2] http://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/0228/Spain-s-economic-crisis-has-an-unexpected-victim-journalism (última visita: 19 de marzo de 2013).

[3] FTC, Op. Cit., p. 5-30. Ver también: Bruce Ackerman e Ian Ayres, A National Endowment for Journalism (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2009/feb/12/newspapers-investigative-journalism-endowments, última visita: 19 de marzo de 2013).

[4] Ver GEDDES, Richard (Ed.). Competing with the Government: Anti-Competitive Behavior and Public Enterprises. Hooverpress, 2004.

[5] Ver artículo 14 del Decreto Legislativo 1044 y el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI del 29 de noviembre de 2010 (Pollería El Rancho II E.I.R.L. vs. Universidad Nacional del Altiplano – Puno).

[6] Ver: KMR, Estudio de Lectoría de Diarios, Semanarios y Revistas en Lima Metropolitana Setiembre 2011-Febrero 2012; CPI, Lectoría de Diarios 15 Principales Ciudades Marzo/Abril 2011; CPI, Estudio de Lectoría de Diarios Lima Metropolitana – Mayo / Junio 2010; Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado. Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2010.

2 COMENTARIOS

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