Imagínese que un día podría venir alguien a su casa e informarle que usted debe dejar atrás su vida para trabajar para él a cambio de un salario mísero y que no tiene ninguna elección al respecto. Usted, sin duda, se sentiría un esclavo.

La abolición de la esclavitud y del trabajo forzoso alrededor del mundo nos parece una conquista elemental de la democracia  moderna y una parte esencial del respeto por los derechos humanos y la libertad de las personas. Nos parece, entonces, deleznable que sea el mismo Estado el que busque ahora forzarnos a trabajar para él contra nuestra voluntad a cambio de una paga insignificante. Eso es, en esencia, el servicio militar obligatorio: trabajo forzoso a favor del Estado.

Hace algunos días el gobierno del presidente Ollanta Humala instauró el servicio militar obligatorio mediante la descaradamente llamada Ley del Servicio Militar Voluntario. De voluntario tiene poco. Esta ley establece que, de no llegarse al número requerido de voluntarios a las fuerzas armadas –cosa que se da casi por hecho, consideradas las pésimas condiciones que se ofrecen a un recluta– se recurriría a un sorteo para conseguir conscriptos quienes deberán acudir al servicio militar obligatoriamente, bajo pena de multa.

El gobierno ha ensayado muchas evasivas. Una de ellas es que, dado que uno siempre puede optar por pagar la multa, no es verdaderamente obligatorio. Esto tiene tanto mérito como decir que cruzarse la luz roja es opcional. Por su parte, Juan Jiménez, presidente del consejo de ministros, añadió otra a su lista de pequeñas gemas de la declaración pública: dijo que el servicio militar no era una obligación, sino un deber. Sobre tal pirueta semántica no haremos comentarios.

A la gravedad de la norma se añade que los efectos de la multa propuesta son altamente discriminatorios. Un joven que ha tenido la fortuna de nacer en una familia pudiente sin duda podrá pagar la multa de 1850 soles que implica rehusarse a acudir al servicio militar. Sin embargo, una persona de escasos recursos va a verse forzada a dejar atrás su vida para servir al empleador que más ha demostrado no tener interés alguno por los derechos laborales y las condiciones de trabajo: el mismo Estado.

Por si ello no fuera suficiente, no es cualquier trabajo al que se está obligando a acudir a nuestros voluntarios. Se les está forzando a arriesgar la vida. El pasado miércoles, el viceministro de Políticas para las Defensas, Mario Sánchez Debernardi, confirmó que al ser tomado para el servicio militar cualquiera podría ser enviado al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) a enfrentar a las fuerzas terroristas que aún permanecen en esa zona.

Por otro lado, sería bueno que iniciativas como esta tomaran en cuenta lo sucedido en otros países antes de experimentar con medidas de este tipo. Por ejemplo, según explica Becker (ver este artículo para leer más al respecto), en Estados Unidos en el año 1973 el ejército pasó del sistema obligatorio al servicio militar voluntario. En aquel entonces, los detractores de esta medida sostenían que la armada perdería su nivel por varias causas: serían sólo las minorías pobres las que se enlistarían, el ejército se volvería mercenario y se reduciría el patriotismo dentro de él y que un ejército de voluntarios no pelearía bien ante una eventual guerra. Sin embargo, ocurrió precisamente lo contrario. La experiencia demuestra que un ejército voluntario es mucho más profesional y eficiente, recibe reclutas de diversas clases sociales y que provee oportunidades de desarrollo para los reclutas de clases desprivilegiadas (al menos cuando se les ofrecen beneficios decentes, cosa que nuestro Estado no hace).

Se ha tratado de justificar esta medida aduciendo que el servicio militar es un deber cívico y que ella es necesaria debido a que no hay suficientes voluntarios. Lo primero, que es deber de todos pasar por las fuerzas militares para servir a la patria, nos parece anacrónico y de una concepción militarista, autoritaria y nacionalista a la vieja usanza que no debería tener cabida en un Estado democrático moderno. El individuo no está para servir el Estado, sino todo lo contrario; menos aun lo está para alimentar su poderío armamentista. Lo segundo, sobre la escasez de voluntarios, nos parece un descaro. Si el Estado encuentra pocos voluntarios, entonces quizá debería empezar a preocuparse por pagar a estos un mejor sueldo que haga que para más personas valga la pena unirse a las fuerzas armadas. A qué empresa no le encantaría tener una ley del servicio empresarial voluntario, por el cual si le faltan trabajadores pueda reclutar cuantos más necesite en contra de su voluntad y por el mínimo salario posible. No encontramos razón alguna para que el Estado pueda hacer lo mismo.

Hoy el Estado, cuya función esencial se supone es la de proteger los derechos de los ciudadanos, pretende tomar a los jóvenes de sus casas, en especial a los más pobres, para enviarlos a entrenarse como soldados y arriesgar sus vidas a cambio de sueldo de consolación. Al respecto, no tenemos más que hacer que afirmar nuestro absoluto rechazo.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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