Por: Diego Macera

Ex analista de Semana Económica y estudiante en la maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago

Versión extendida de artículo publicado en el diario Altavoz el día 29 de marzo del 2013.

Como comenté en una columna previa publicada por el diario online Altavoz, por estos días se está debatiendo en la Corte Suprema de Estados Unidos la constitucionalidad de la llamada ley Doma (Defense of Marriage Act). La norma precisa que el matrimonio debe ser entendido únicamente como la unión entre un hombre y una mujer para todo efecto federal –como las deducciones fiscales–. Es decir, los estados pueden aprobar independientemente el matrimonio homosexual (de hecho nueve de ellos, además de Washington DC, ya lo hacen), pero el gobierno federal está impedido de reconocer la validez del contrato nupcial entre parejas del mismo sexo. El caso de Edith Windsor, quien, ante la muerte de su esposa con la que tuvo una relación de 40 año,s es forzada hoy a pagar US$363,000 en impuestos federales que no tendría que desembolsar si su matrimonio fuese reconocido por el gobierno central, llamó la atención de la Corte.

Los simpatizantes con la causa de los derechos homosexuales, por supuesto, se declaran en contra de la ley Doma y claman su inconstitucionalidad. Para ellos (y para este bloggero también), el acceso a la institución del matrimonio debe ser independiente de las preferencias sexuales de los individuos adultos que libremente escogen con quién emparejarse y convivir. Esta visión es compartida por cada vez más figuras políticas influyentes, algunas de las cuales fueron antes abiertamente contrarias a la unión homosexual. Entre ellas, se cuentan incluso el ex presidente Bill Clinton, quien firmó la ley Doma, y algunos legisladores republicanos. El caso más sonado es quizá el del senador republicano Rob Portman, conocido legislador conservador contrario a cualquier tipo de unión civil entre personas del mismo sexo: tras enterarse hace pocas semanas de que su hijo era homosexual, Portman dejó de apoyar la ley Doma y se convirtió en un nuevo partidario del matrimonio gay.

El juez supremo Anthony Kennedy, quien podría tener el voto decisivo en el fallo que tendrá lugar en junio próximo, aparentemente se estaría inclinando a favor de la inconstitucionalidad de la ley. Esto, sin embargo, podría no ser tan positivo como parece para la causa del matrimonio homosexual en el largo plazo. Según se puede inferir de las declaraciones del mismo Kennedy, su voto en contra de la constitucionalidad de Doma estaría basado en la independencia de los estados dentro de Estados Unidos para determinar qué es lo que cada estado entiende por matrimonio. Es decir, en caso se incline por abolir la norma, el motivo de Kennedy no sería asegurar la igualdad de derechos homosexuales y heterosexuales ante la ley, sino afirmar que el gobierno federal no puede imponer su visión de matrimonio en los estados que lo conforman.

Esta decisión de la Corte Suprema haría más difícil el camino para una eventual ley federal que exija a los estados a aceptar las uniones entre parejas del mismo sexo. La causa por la eliminación del racismo puede ser un buen referente. ¿Qué hubiese pasado si, en el famoso caso Brown vs. Consejo Educativo de Kansas de 1954 que marcó un hito en la lucha por la igualdad racial en dicho país, la Corte Suprema hubiese dictado que cada estado tiene el derecho a establecer las políticas segregacionistas que considere adecuadas en sus colegios públicos? No es descabellado suponer que en ese caso la legislación de varios estados del suroeste mantendría aún normas que permitirían la discriminación racial abierta a los estudiantes afroamericanos. Así, ante el fallo próximo, el matrimonio homosexual corre el riesgo de seguir un destino similar.

¿No pueden acaso todos los distintos estados ir aprobando progresivamente el matrimonio homosexual conforme la opinión de sus ciudadanos así lo decida? Después de todo, resulta bastante significativo que, solo en los últimos 13 años, el apoyo ciudadano al matrimonio gay haya pasado de 13% a 53%, según las últimas encuestas (entre la población menor a 30 años, la aprobación alcanza un aplastante 73%). Esto, sin embargo, supone que el derecho a la igualdad ante la ley de algunas minorías debería esperar hasta que la opinión pública quiera concedérselo. En estados como Louisiana, Tennessee, Utah, Georgia, Carolina del Sur, Kentucky, Virginia Occidental y Mississippi, donde la aprobación del matrimonio homosexual no alcanza 30%, el cambio delstatus quo bien podría llegar tarde o nunca.

Cierto. Si la ley Doma es declarada inconstitucional, las actuales parejas homosexuales que residen en los estados en donde el matrimonio gay es legal se verán –legítima y justamente– beneficiadas. Pero eso no significa un avance en materia legislativa a favor del matrimonio gay en el largo plazo, puesto que el fallo no sentaría un precedente hacia la igualdad de derechos ante la ley, sino hacia la independencia de los estados dentro de la unión federal. Por ello, en lo que concierne al publicitado caso de Edith Windsor, la causa homosexual podría, sin saberlo, ser una víctima de su propio éxito.

3 COMENTARIOS

  1. En general pensamos que debemos estar mas abiertos a los cambios y aunque y aunque DOMA pone en duda el requisito constitucional expresado en la Cláusula de Certeza y Credibilidad. Esta cláusula establece que los estados tienen ciertas obligaciones recíprocas entre sí , Dado que ayudaría que se legalice, no apoyar hasta darnos cuenta que esas personas son menos humanas por ese echo al contrario muchas de ellos tienen mayor conciencia personas que como se comento pueden ser hasta nuestros seres queridos.

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