Como ya se ha hecho costumbre, el congresista Jaime Delgado acaba de presentar una iniciativa que se encuentra generando polémica en los medios: el proyecto de ley de insolvencia familiar. La propuesta, que actualmente está siendo evaluada por las comisiones de Defensa del Consumidor y de Mujer y Familia, permitiría a las personas que se encuentran bajo ciertas circunstancias (pérdida súbita del empleo, enfermedad grave o crónica, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento del cónyuge, separación o divorcio, entre otras) declararse en situación de insolvencia, de modo que dejarían de responder por sus deudas y podrían celebrar nuevos acuerdos de pago con sus acreedores. Queremos manifestar que esta redacción se encuentra en absoluto desacuerdo con la propuesta por considerar que su aprobación y aplicación acarrearía un efecto altamente nocivo en términos económicos para el país.

Poniéndonos en el mejor de los casos, asumiremos que el legislador genuinamente actuó con buenas intenciones al momento de formular la ley, de modo que puede entenderse la línea de razonamiento que la motiva: a una familia que repentinamente se encuentra en una situación financiera difícil se le da la posibilidad de no pagar sus deudas a los bancos para así poder recuperar y normalizar su economía, sin el riesgo de que embarguen sus bienes y cuentas. Sin embargo, y como ocurre con muchas leyes en nuestro parlamento, la iniciativa ha sido elaborada tomando en cuenta únicamente sus efectos inmediatos (posibilidad de recuperación de la familia) sobre un sector específico de la sociedad (las personas participantes del sistema crediticio que se encuentran en los supuestos enumerados por la ley), y ha olvidado los efectos a mediano y largo plazo sobre la sociedad en conjunto.

Si bien la propuesta puede parecer una iniciativa noble, de aprobarse su aplicación terminará perjudicando aún más no solo a las personas que busca proteger, sino también a aquellos que no tienen deudas y a aquellos que aún no acceden al crédito. La facilidad que tendrán las personas para declararse insolventes con todos los supuestos establecidos por la ley permitirán que los deudores dejen de pagar sus deudas, por lo que las entidades financieras se verán obligadas necesariamente a elevar sus tasas de interés para compensar el riesgo. El resultado: un aumento del costo del crédito para todos los consumidores. Esto no solo significa que muchos que aún no tienen acceso al crédito se verán aún más obstaculizados para ello, sino que muchos consumidores que son parte del sistema financiero tendrán que dejar de serlo, por no poder costear las nuevas tasas de interés.

Injustamente, el costo adicional será trasladado no solo a los morosos, sino a todos los consumidores, que tendrán que lidiar con tasas de interés más altas. Lo dicho repercutiría, además, de manera sumamente negativa sobre la economía del país: un acceso limitado al financiamiento limita altamente las posibilidades de crecimiento de la economía.

No cuestionamos de ningún modo que existe una evidente asimetría de información en el mercado crediticio entre las entidades financieras y los consumidores que se refleja en el sobreendeudamiento. Sin embargo, la solución a dicho problema no puede ser de ningún modo una ley de insolvencia. Más efectiva resultaría una regulación más minuciosa en materia de información a los consumidores para un manejo de crédito responsable.

En su página oficial, Jaime Delgado ha manifestado que la iniciativa busca, en parte, “evitar cualquier situación de exclusión social o laboral, persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso al crédito responsable (…)”. Lo curioso es que su propuesta generaría exactamente lo contrario: miles de consumidores se verían excluidos del acceso al crédito y, por consiguiente, estarían obstaculizados de realizar inversiones que mejoren su situación económica personal y, simultáneamente, se limitará el crecimiento económico del país. Y es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, de modo que éstas no pueden ser de ninguna manera motivo suficiente al momento de legislar.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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