Por: Alonso Salazar

Estudiante de Derecho en la PUCP

Después de dos semanas tratando digerir el último intento de intervención estatal en las vidas y decisiones de los consumidores, el señor Ollanta Humala decidió hacerlo oficial. El 17 de mayo fue promulgada la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes.

Como explica el artículo 1°, esta ley tiene por objeto: “la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de kioskos y comedores saludables en las instituciones de educación básica regular y la supervisión de la publicidad, la información y otras prácticas relacionadas con los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar las enfermedades vinculadas al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles”. En cristiano: restringir libertades y decidir por nosotros.

Bajo el falso argumento de siempre, la seudo protección al ciudadano (en este caso los niños), el Estado vuelve a meterse en nuestras vidas. Esta vez para decirles a los padres que no saben lo que es bueno para sus hijos. Atención, por favor: el Ejecutivo brinda clases sobre cómo educar gratis. Irónico, viniendo de un Estado donde la cuarta parte de su población es pobre[1] (bajo indicadores que amortiguan la cifra) y donde el 18.5% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica[2]. ¿Qué tiene esto que ver? Que sería más sensato –y eficiente- ocuparse en combatir la desnutrición que fiscalizar lo que comemos.

No cabe duda que se está victimizando al consumidor. Hoy en día sobra información para conocer realmente si un producto es saludable o no. Y si el Estado no lo considera así, o si considera que esta información no está al alcance de todos, entonces ese es el verdadero aspecto que debe tutelar.

Sin embargo, el Estado peruano es paternalista por antonomasia. Las libertades individuales no son tan libres como se proclaman y las más de las veces tenemos que convivir con un intruso en casa.

Aquí entra a tallar mi frase favorita del cuerpo legal: “protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas”. Pregunto: ¿realmente se está protegiendo el derecho a la salud pública a través del control de la publicidad y de la venta de snacks en kioscos escolares?

Según el Estado, sí. Pero si afinamos el microscopio podremos darnos cuenta de que esta visión no solo es simplista sino también errada, ya que este tema puede ser engañoso. La verdadera finalidad que debe perseguir el Estado en cuestiones de salud pública no es obligarnos a comer alimentos sanos, sino procurar que existan las herramientas adecuadas para que el consumidor pueda distinguir entre lo que es sano y lo que no, para poder con ello tomar la decisión que crea conveniente. En ese sentido, el Estado debe actuar frente a publicidades engañosas sobre los contenidos de productos, o frente a establecimientos que vendan alimentos no aptos para su consumo o que no cuentan con licencias de sanidad, pero bajo ningún motivo se debe actuar sobre lo que decidimos comer.

Las cosas así, vemos que no se concilia con esta idea con la de un crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. ¿Es ahora el gobierno el que establecerá las directrices para un correcto desarrollo y crecimiento? No hay duda que estamos ante una de las extralimitaciones más escandalosas del Estado en los últimos años.

Que no escape al ojo, además, que el control de la publicidad de comida chatarra solo afectará a las grandes empresas. ¿Quién de nosotros no ha comido alguna vez en huariques o carritos sangucheros? A estos lugares donde comen la mayoría de los peruanos no llega esta fiscalización.

Esta ley es obra y gracia del congresista de Gana Perú Jaime Delgado. Sí, el mismo que hace pocos días planteó la posibilidad de que las familias se declaren en insolvencia y no paguen sus deudas; el autoproclamado “defensor de los consumidores”. Alguien debería explicarle al señor Delgado que proteger a los consumidores no es limitar su capacidad de decidir por sí mismos sino facilitar que estos tengan toda la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas.

La verdad de las cosas es que son los padres los que saben qué es lo mejor para sus hijos. Son ellos los que ejercen la patria potestad, la cual no se subroga ni se comparte con nadie. Y justamente nadie, ni mucho menos el Estado, tiene porqué jugar el rol de padre adicional.


[1] Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2012, INEI.

[2] Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012, INEI.

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here