Por: Carlos Eduardo Pérez Crespo
Politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y docente en la PUCP, la UARM y la UNMSM

El Otro Consenso no sólo acontece en Lima, sino en todo el Perú. El Otro Consenso es entre las élites y las mayorías de los sectores populares, quienes están de acuerdo en que el país viene creciendo de manera sostenida en los últimos años, superando así varios récords en lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica. El Otro Consenso está de acuerdo en que la pobreza ha pasado de estar en más de 50% en el 2002 a 25% en el 2012, según cifras oficiales del INEI. Y también el nivel de desigualdadsegún el indicador de GINI. El domingo 17 de mayo el profesor Levitsky escribió un interesante artículo sobre la existencia de un feroz Consenso de Lima, similar al Consenso de Washington, en el cual las élites políticas y económicas en Lima no aceptan ningún cambio en el modelo económico liberal vigente. Asimismo, hace una comparación de cómo en otros países de América Latina esto es excepcional, debido a que el Estado tiene un rol importante en el mercado y no se ve ese tipo de reacciones como en el caso Repsol. Para un grupo de analistas el caso Repsol evidencia el poder real de la derecha peruana y, por defecto, de los empresarios. El análisis del profesor Levitsky es certero. Sin embargo, desde otro punto de vista, es decir el de las empresas privadas, los últimos sucesos en Repsol demuestran el poder real y potencial que actualmente tiene el Estado peruano en el mercado y la economía en general.

Siempre he pensado que uno de los mayores problemas del análisis del mundo empresarial es que los estudios sociológicos, por ejemplo los de Francisco Durand, están demasiado enfocados en los empresarios, vale decir, los personajes con nombres compuestos y que juegan Golf- y no en cómo funcionan por dentro las empresas y las corporaciones peruanas. En ese sentido, lo que más le preocupa a estas empresas es que la competencia sea desleal y no equitativa, lo cual reduce dramáticamente las utilidades. El poder del Estado en el caso de Repsol se hizo evidente cuando la CONFIEP estuvo de repliegue por una sencilla razón: cuando el Estado peruano decide incursionar como accionista mayoritario en un sector económico importante, como es el de la energía, no hay empresa, monstruo ni animal descubierto por la ciencia que pueda hacerle frente. Lo hizo una vez con Velasco y despedazó la economía. Lo hizo nuevamente con Alan García en los ochentas y terminó por hundirnos en los niveles más bajos de pobreza.

Pero este poder potencial y omnímodo del Estado no sólo pasa en el Perú, es un fenómeno que puede verse en los casos de PDVSA en Venezuela y PETROBRAS en Brasil, que actualmente funcionan como empresas que atienden políticas sociales asistencialistas -construcción de casas para los más pobres-, siendo entidades que al final se configuran como la “caja chica” de los gobiernos populistas de turno. La ineficiencia de este tipo de empresas estatales es bastante evidente. En ese misma línea, el Estado peruano también tiene el poder de promulgar leyes o decretos de urgencia que beneficien a sus empresas públicas, sea con el control de precios, la regulación de la competencia y la oferta y la demanda de bienes o servicios. Ha pasado en casos como el de Petroperú y sus políticas para las licitaciones petroleras; pero también en el caso de Electroperú y la política de regulación de los precios para empresas distribuidoras de energía eléctrica y sus redes de transmisión de medio y bajo voltaje. En ese sentido, el temor es que el Estado peruano no suele promover una competencia justa, más aún porque éste contiene muchas redes de clientelismo y favoritismos dentro de sí. Hacer negocios con el Estado es complicado; no imposible, pero complicado al final de cuentas.

¿Debe el Estado participar de los grandes negocios del sector energía? Por supuesto que sí. El Otro Consenso de las empresas privadas es que el Estado debe ser un socio estratégico que invierta en la infraestructura y facilite las mayores inversiones, debido a que este modelo de crecimiento está demostrando generar mayor empleo y beneficios sociales -pese a lo que vienen diciendo lo detractores de la izquierda desde hace 20 años. Sin embargo, este consenso importante entre las empresas y las mayorías en el Perú es que no es conveniente que el Estado sea accionista mayoritario, debido a que tiene muchas limitaciones para gestionar de manera eficaz los recursos y para mejorar la productividad y calidad a estándares internacionales. No decimos que no pueda hacerlo; solo decimos que aún no está preparado. Lo mejor en nuestro contexto es que el Estado peruano sea, como pensaba Francis Fukuyama, de poco alcance pero de alta fuerza. Es decir, un Estado que no trata de cooptar la mayor cantidad de empresas estratégicas pero que es muy eficiente en la aplicación de las leyes que promueven el libre mercado. Pequeño pero fuerte; no grande, lento  paquidérmico y débil.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here