El 9 de junio pasado, el diario británico The Guardian publicó una entrevista a Eduard Snowden, quien hasta ese momento era empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) estadounidense, en la que este reveló que el gobierno, a través de esta agencia de inteligencia, realizaba espionaje contra los ciudadanos norteamericanos. Snowden, quien permanece refugiado en Hong Kong, entregó al abogado y periodista de The Guardian Gleen Greenwald la información sobre el programa PRISM, un mecanismo de espionaje desplegado por la NSA para captar las comunicaciones en línea de conocidas empresas como Google, Microsoft y Apple, alrededor del mundo.

Como era de esperarse, las autoridades del gobierno norteamericano procedieron rápidamente a levantar cargos contra el informante,  realizando incluso un pedido de extradición al gobierno hongkonés. Si bien esta última vía demoraría un poco (pese al tratado de extradición que mantiene EEUU con Hong Kong), el gobierno estadounidense confía en que por el momento se le detendrá preventivamente.

Paralelamente, ha salido a la luz en estas últimas semanas información sobre un considerable aumento en el gasto reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).  El primero fue el congresista Mauricio Mulder, quien afirmó que la DINI había contratado a 400 empleados para hacer reglaje a los opositores del oficialismo. Luego, en un reportaje del programa de televisión Cuarto Poder, se señaló que el presupuesto de la DINI pasó de 9’524,200 soles, a finales del gobierno aprista, hasta casi S/. 73’952,800 en la gestión de Ollanta Humala.

Un incremento tal en el presupuesto reservado es sumamente preocupante, en la medida en que su magnitud no ha sido realmente justificada. Además, las denuncias hechas en torno al presunto reglaje que se viene haciendo a la oposición y los indicios en tal sentido, especialmente en el caso sucedido en el Parque del Amor en Miraflores hace pocos días, genera una gran desconfianza sobre el uso indiscriminado que podría estar haciendo el gobierno del servicio de inteligencia nacional.

Benjamin Franklin alguna vez dijo que una sociedad que renunciara a parte de su libertad a cambio de seguridad merecería ninguna y perdería la dos.  Esto es una falacia. El que exista una fuerza policial, por ejemplo, implica siempre renunciar a una parte de nuestra libertad a cambio de seguridad. En ese sentido, compartimos la opinión del presidente estadounidense Barack Obama al señalar que “no se puede tener 100% de seguridad y también 100% de privacidad y cero inconvenientes”. Otro ejemplo podría ser los impuestos: estos, son una de las principales restricciones a la libertad (económica), y sin embargo se recaudan para mantener las fuerzas públicas en orden. Asimismo, el que un policía te pueda detener y pedirte documentos es una violación a la privacidad y a la libertad ambulatoria, pero (como sociedad) la aceptamos porque nos parece menos gravoso que la impunidad de verdaderos delincuentes.

Sin embargo, nosotros renunciamos a ciertos grados de libertad y se la ‘entregamos’ al gobierno para que, a cambio, este proteja nuestra libertad dentro de la sociedad. Por ello, toda renuncia a libertad tiene como justificación y finalidad nuestros derechos individuales, y por eso las intervenciones del Estado siempre deben estar limitadas por criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Casos como el de EEUU son, en nuestra opinión, una transgresión grosera y desproporcionada de los DDHH elementales de las personas y por tanto son injustificables.

Recordemos, sino, las terribles violaciones a la libertad sufridas durante el gobierno de Fujimori, cuando se capturaba e incluso asesinaba a civiles por la mera sospecha de pertenecer  a un movimiento terrorista, o cuando se interceptaban las líneas telefónicas a libre discreción. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en aquel entonces el gasto reservado del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) llegó a alcanzar tan solo los 58.9 millones de soles.

No debe subestimarse el peligro que puede significar un Estado que se reserva el derecho de actuar sin controles públicos y pasar por encima de los derechos de los ciudadanos a la libertad y a la intimidad sin ningún control, en nombre de la “seguridad pública”. Como expresamos líneas arriba, si renunciamos a cuotas de libertad frente al Estado para que este mantenga la seguridad y, al fin y al cabo, nuestra libertad, esto tiene que obedecer a criterios elementales de proporcionalidad. Que el gobierno de Ollanta Humala haya ampliado tanto los gastos reservados del servicio de inteligencia y que pretenda que ello sea tolerado e ignorado, creemos, cruza esa línea. Ello sin considerar las graves acusaciones e indicios de que el gobierno estuviera efectuando reglaje a opositores políticos.

Quizá por una noción paternalista del Estado pensamos que éste es el ‘padre de la patria’, un protector de la sociedad como lo son nuestros padres cuando somos menores de edad. Pero olvidamos que el Estado es un sujeto ajeno que es tan capaz de quitarnos la libertad como cualquier grupo criminal o terrorista. Potencialmente, un Estado puede ser la fuerza opresora más grave de todas (pensemos, por ejemplo, en Cuba, Corea del Norte o Venezuela, por citar tan solo ejemplos presentes). Es por esto que cuando renunciamos a cuotas de libertad de forma que el Estado pueda proveer orden y seguridad, esto nunca debe hacerse sin control ni límites. En ese sentido, nos corresponde a todos, como ciudadanos, exigir al Estado que se cumplan tales límites.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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