Por: Andrés Calderón

Abogado por la PUCP, candidato a Máster in Law (LL.M.) por la Universidad de Yale y profesor de Derecho en la PUCP y UPC
Twitter: @MedioLegal

Republicado con permiso. El link al original se encuentra aquí

Cuando el actual presidente Ollanta Humala era candidato, varios temíamos por nuestras libertades económicas y también por las civiles. No solo las expropiaciones y estatizaciones nos asustaban, sino también la idea de una dictadura cercana a las fuerzas armadas -como ha solido ocurrir en el Perú- que intimide a opositores y controle a los medios de prensa. En este aspecto, la opción humalista nos generaba temores similares a la alternativa fujimorista.

Pasaron casi dos años y, aunque la aprensión económica se fue mitigando, las sospechas sobre operaciones que atentan contra nuestras libertades esenciales de pensamiento, expresión y privacidad, han aparecido.

La reciente denuncia sobre un reglaje político a los comentaristas políticos y críticos del gobierno Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío y Gino Costa ha cobrado fuerza luego del reportaje televisivo de “Cuarto Poder” en el que se mostraba a agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en operaciones de espionaje cerca de las viviendas y oficinas de los personajes mencionados. Las explicaciones por parte de las autoridades involucradas han sido muy poco lógicas, por decir lo menos.

Aquí quiero hacer un breve paralelo con recientes escándalos de vigilancia por parte del gobierno que vienen aconteciendo en Estados Unidos. El más reciente de ellos tiene que ver con los reportajes que, recogiendo la información de un ex técnico de la CIA, Edward Snowden, denunciaban que la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) había recolectado los registros de millones de llamadas telefónicas a través de la empresa de telefonía Verizon, y que había accedido a la información de usuarios a través de empresas como Google, Yahoo, Facebook, entre otras. El gobierno norteamericano ha justificado estas acciones de vigilancia electrónica como parte de su estrategia para combatir el terrorismo, además del hecho de que se contó con una autorización judicial por parte de una Corte secreta (Corte FISA), conforme lo dispone la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera).

Hay varias diferencias entre los casos de vigilancia peruano y estadounidense. El gobierno norteamericano ha reconocido que esto ocurre mientras que el peruano lo ha negado y ha dispuesto “iniciar investigaciones”. Hubo una autorización judicial en el caso norteamericano, mientras que esto se descarta para el caso peruano, ya que el propio espionaje ha sido negado. Finalmente, el objetivo de la vigilancia estadounidense es combatir el terrorismo, mientras que en el Perú el aparente propósito es de carácter político.

Con ello no quiero decir que la vigilancia estadounidense sea más justificada. De hecho, creo que las facultades de investigación son demasiado amplias y los mecanismos de control –incluyendo esa Corte secreta- demasiado escasos (para una crítica del marco legal de este programa de investigación, ver aquí). Mi punto es que aún con “mejores” justificaciones y sistemas de control, debemos estar muy atentos y especialmente suspicaces frente a cualquier acción de vigilancia que conlleve un exceso por parte de las autoridades de inteligencia y que afecte innecesariamente la privacidad de las personas.

Hace menos de un mes, también en Estados Unidos, se revelaron dos hechos que hacen temer un posible abuso con fines políticos: el primero, fue una denuncia contra el Inspector de los Tributos (IRS), que habría realizado investigaciones especiales sobre personas y organizaciones asociadas al Tea Party, principal opositor del Partido Demócrata del presidente Obama; el segundo, fue la revelación de una investigación del Departamento de Justicia que buscaba acceder a los correos personales de un reportero de Fox News, James Rosen, con el objetivo de encontrar a su fuente, quien le habría revelado secretos de seguridad nacional, algo que podría intimidar y desincentivar a periodistas de investigación que levantan la cortina que cubre secretos y escándalos estatales.

Estas revelaciones en Estados Unidos nos pueden dejar una enseñanza para el medio local: está bien sospechar. Hasta el más democrático de los gobiernos, guiado por el ganador de un premio Nobel de la Paz, puede cometer excesos y atentar contra la privacidad de las personas si es que no se dan los controles necesarios. No existe gobierno que, a iniciativa propia, vaya a reconocer que lleva a cabo acciones de vigilancia ilegales. Nuestro pasado con los servicios de inteligencia nacional debería ser suficiente lección para ello. Los ciudadanos y nuestros representantes –que deberían ser los Congresistas, en este caso- haríamos bien en sospechar más y exigir más vigilancia sobre quienes intentan vigilarnos.

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