Los países de Venezuela y Argentina acaban de resaltar en América Latina por presentar dos características en común. Más allá de su apoyo mutuo incondicional, la primera tiene que ver con que poseen las tasas de inflación más alta en nuestro continente. El Banco Central de Venezuela informó que el país acaba de alcanzar una tasa interanual del 39.6%, mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos argentino informó que su país alcanzó el 10.4%.

La inflación se da por el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en relación con la unidad de valor interno. Esto lleva a que los países busquen combatirla con la fijación de precios en el mercado o con el establecimiento de precios máximos o mínimos. Aquellas medidas son conocidas como las dos únicas formas en cómo puede ejercerse el control de precios.

Este tipo de políticas se implementó en aquellos países y los unió a una desgracia económica. Ellos creen que a través del control de todos los procesos económicos la inflación no debería de existir. Sin embargo, la realidad hace que no todos los países cuenten con los mismos procesos de producción, haciéndonos dependientes de las importaciones y exportaciones que alteran este tipo de ideología. El Estado no debe intervenir en las reglas del mercado que provoque la alteración de su orden natural.

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas informó que el país de Argentina,  entre febrero de 1967 y noviembre de 1989,  tuvo 24 ministros de economía en 274 meses. En este lapso de tiempo sólo el 10% de los meses hubo libertad de precios, mientras que los demás estuvieron controlados por la autoridad pública. La inflación fue devastadora en todo el período y en sólo uno, de esos 23 años, fue menor al 10%.

La determinación de un solo valor a un bien o servicio desincentiva la producción de éstos – sobre todo con los de la primera necesidad -, lo que lleva a que ante el aumento de la demanda o su constancia, la oferta no pueda ser satisfecha. Este tipo de situación incentiva la creación de mercados negros donde los precios exceden a lo regulado, acarreando un aumento en la inseguridad del consumidor.

El desabastecimiento que padece Venezuela fue y será un escándalo. La Ley de Costos y Precios Justos que implementó el gobierno en el 2011 fue un anuncio de Hugo Chávez como una “corrección de los vicios del capitalismo” y una transición hacia el socialismo, pero detrás yacía el intento por detener la inflación más alta en Latinoamérica.  Si bien al inicio sólo se congelaron 18 productos, hoy se extendieron a toda la economía.

No debe sorprendernos por qué estos países, ante la escasez de los bienes, recurren a la nacionalización de los medios de producción o a incentivar medidas que alteren su oferta, tal como la supresión de las exportaciones o las subvenciones. Por ello Hugo Chávez puso bajo control estatal a decenas de empresas en cuanto a exploración de petróleo, cemento, construcción civil, siderurgia y agroindustria. El gobierno argentino  nacionalizó la compañía aérea Aerolíneas Argentinas y estatizó el fondo de pensiones privadas obligatorias, así como intentó hacerlo con YPF y el diario El Clarín por su producción de papel.

Aunque muchas veces los países que aplican esta medida reducen el control total a determinados productos, no llegan a convertirse en un paliativo. Argentina acaba de reducir su control de precios a 500 productos  que considera “necesarios”, entre ellos seis clases distintas de cremas de depilación. Aunque uno puede sacar sus conclusiones viendo la lista aquí, si es que realmente es una medida justificada.

El remedio fue peor que la enfermedad. La teoría cuantitativa del dinero es la que supuestamente sustentaría la efectividad del control de precios, debido a que se encamina hacia la estabilidad de ellos. Esta teoría postula que el valor, la cantidad y la velocidad de las transacciones del dinero se identifiquen con el de los precios, por lo que su cálculo se da según el índice general de éstos o su media ponderada. Esto no es debería así, ya que la variación de los precios individuales no se puede determinar estadísticamente, todo se encuentra en proporción de la oferta y la demanda, incluso el dinero.

Los precios son asignaciones de valor distintas a la naturaleza del objeto o a su cómputo contable.  Estos dirigen su atención a aquello que vale la pena descubrir respecto de lo que el mercado ofrece en materia de ciertos bienes y servicios. De este modo, funcionan como un mecanismo que nos provee información sobre preferencias de condiciones de tiempo y lugar específicos.  Este conocimiento es un indicativo de lo que se debe hacer, mas no de cómo se debe actuar.

Mantener la riqueza requiere de modificaciones de decisión constantes, ya que sólo así sería posible la planificación y son tomadas por la información de los precios. Todo en el mercado es dinámico y el estatismo de los precios no permitiría determinar aquellas preferencias individuales transitorias, el mercado se alteraría y desmejoraría las oportunidades de los empresarios y consumidores. La soberanía del individuo quedaría relegada y se tomaría como un infante que necesita ser protegido ante la maldad del villano, el mercado.

___________________________________________________________________

Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here