Si bien en junio pasado la propuesta legislativa destinada a eliminar el voto preferencial fue archivada, la Comisión de Constitución y Reglamento ha anunciado, a buena hora, que insistirá en su aprobación en la medida que pueda ser tratada “desde nuevos puntos de vista”, según indicó el presidente de la Comisión, Omar Chehade. Desde esta tribuna no aprobamos de manera dogmática un sistema sin voto preferencial; sin embrago, lo cierto es que no podemos eludir que pese a los defectos que podría acarrear la abolición de dicha institución, los beneficios superarían con creces a los costos.

En el Perú contamos con un sistema de listas cerradas, pero no bloqueadas. Ello implica que la variante sea un híbrido, en el cual los votantes no pueden decidir directamente a sus representantes, pero sí pueden establecer una preferencia indirecta por uno o dos candidatos de la lista propuesta por la organización política.

En parte, la medida es atractiva, pues amplía la libertad de elección del ciudadano. Sin embargo, visto con detenimiento y partiendo de una realidad como la nuestra, lo que termina produciendo es el debilitamiento de aquellas incipientes instituciones que llamamos “partidos políticos”. En un contexto como tal, los candidatos al Congreso se ven incentivados a luchar en contra de los otros miembros de su misma lista realizando una suerte de actos fraticidas, cuando lo ideal es que exista cohesión entre estos, para así fortalecer el nivel de competencia entre las diversas agrupaciones.

Si la obtención del voto preferencial depende de cada candidato y no del partido, se deja en segundo plano la ‘lealtad’ a este, o los principios del mismo. Y es que si bien el concepto de lealtad puede parecer utópico, el excesivo personalismo generado por el voto preferencial incentiva considerablemente el transfuguismo. En principio, esto sucede porque los candidatos migran a las listas con mejores posibilidades ya que, después de todo, una buena campaña personal puede ganarles el voto preferencial. Además, quienes acceden a una curul, arguyen que no es al partido a quien le deben las gracias, sino a sus votantes, agrietando aún más la débil conexión entre el postulante y su partido y, a su vez, incrementando las posibilidades de que ello devenga en medidas populistas como manera de ‘agradecer’ al pueblo.

Por ello, consideramos que la eliminación del voto preferencial, y el consecuente bloqueo de las listas, generaría el fortalecimiento de los partidos políticos y debilitaría las ambiciones personalistas, populistas y clientelistas que ocasiona el excesivo protagonismo de los candidatos que compiten entre sí. Asimismo, los integrantes de la lista se verían obligados a comprometerse con la ideología y los principios de su partido. En la práctica, un eventual bloqueo de las listas podría volver a los partidos más rigurosos y exigentes a la hora de escoger a los integrantes de su lista, incentivaría la meritocracia y fortalecería su democracia interna. Además, la rendición de cuentas respecto a la performance del candidato la asumiría el partido, y estando la imagen del partido -y no la del candidato- en juego, estas agrupaciones se limitarían de escoger personalidades excéntricas y populares carecientes de las debidas aptitudes en materia legislativa.

En ese sentido, aplaudimos la iniciativa propuesta por la Comisión de Constitución del Congreso de la República por considerar que su aprobación contribuiría con la acuciante necesidad de desarrollo democrático e institucional del país.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembro

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