El 3 de setiembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió un cuestionado fallo sobre el caso El Frontón. Las críticas no se hicieron esperar, en especial porque el máximo intérprete de la Constitución consideró que la multitudinaria ejecución extrajudicial no podía ser calificada como de lesa humanidad, tipificación que determinaría la imposibilidad de que éstos prescriban. Se trata pues, de una situación, que evita el que cualquier otra persona involucrada en los delitos pueda ser posteriormente procesada. Esto último, en estricta referencia al ex presidente Alan García, ex viceministro del interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri, cuyas inclusiones en el proceso habrían sido previamente archivadas.

En primer lugar, la sentencia presenta graves contradicciones. Señala por un lado que los delitos deben seguir investigándose, pero por el otro, que una vez terminado el proceso penal, “operará la prescripción sin posibilidad de nuevos procesamientos”. Es decir, tomando en cuenta que de acuerdo al  antiguo Código Penal, los delitos de asesinato calificado prescriben a los 20 años, pasado este tiempo –condición que se confirma- el proceso ya debía de haber terminado. Empero, se señala que continúe, y al respecto, el TC aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional parece no haberse percatado que la remoción del calificativo lesa humanidad no es el único factor que determinaría la imprescriptibilidad de estos delitos. En relación a ello, el actual defensor del pueblo, Eduardo Vega, confirmó que es amplia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las ejecuciones extrajudiciales, las que al ser consideradas graves violaciones a los derechos humanos tampoco prescriben. Una interpretación de fuerza vinculante y obligatoria para todo poder público, de conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional[1]

Ahora bien, de acuerdo al ex procurador, Ronald Gamarra, esta sentencia tiene nombre: Alan García. Ello, en base a que el documento desmiente la acusación fiscal que señala la ejecución de los delitos “como consecuencia de disposiciones y pautas transmitidas de manera verbal, por los jefes y subjefes que se encontraban en la cadena de mando y en posición de autoridad”, en el marco de “prácticas generalizadas y sistemáticas de los agentes estatales militares desde fines de 1982”. Todo ello, confirmaría entonces, no sólo una estrategia estatal para combatir la subversión terrorista, pero una cadena de responsabilidades que incluso, pudo haber alcanzado hasta el ex presidente. Una futura inclusión en el proceso que, ahora con la prescripción, se ve obstaculizada.

Con la emisión de una sentencia de graves deficiencias, el Perú nuevamente se expone a una irresponsabilidad internacional, ya que genera la posibilidad de que la CIDH vuelva a pronunciarse –de manera negativa- sobre el tema.  Por ello es que desde este editorial rechazamos la línea argumentativa que persiguen los magistrados del TC, por considerar que carece de un análisis jurídico concienzudo, así como por los resultados que podría generar a largo plazo respecto a una idea, cada vez más consolidada, de que en el Perú el político es inmune a la justicia.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembro.


[1] Exp. 3173-2008, Fundamento 41.  Voto Singular de los Magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz.

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