Por: Gonzalo Monge Morales
Miembro de la Comisión de Contenido de la Asociación Civil THĒMIS. Practicante del Área Constitucional del Estudio Echecopar Abogados, asociado a Baker&McKenzie International y Asistente de Docencia del curso “Derecho Constitucional II” del Dr. Abraham Siles Vallejos.

Lo que Julio Castro y Martha Moyano no pudieron conseguir en 1993 y en el 2003, respectivamente, ahora lo intenta nuevamente Carlos Bruce. Parece que cada diez años discutimos la unión civil entre personas del mismo sexo y el 2013 no podía ser la excepción. Hoy es el turno del Proyecto de Ley Nº 2647-2013/CR, que cautelosamente propone la “unión civil no matrimonial”.

¿Y eso qué es? Nada más y nada menos que una figura jurídica para que dos personas del mismo sexo puedan establecer derechos y deberes entre ellos, incluyendo temas patrimoniales, sucesorios y de otra índole, como el régimen de visitas a hospitales y clínicas o a centros penitenciarios, así como de afiliación a seguros. No es como un matrimonio civil, que incluye, por ejemplo, la posibilidad de la adopción.

Esta iniciativa, que ya ha generado las reacciones de los religiosos recalcitrantes y los opinólogos del Paleolítico mental, cuenta con un sólido y contundente sustento constitucional, especialmente en el derecho a la igualdad y en la proscripción de la discriminación. Salvo débiles “argumentos” religiosos, no existe ninguna razón científica o jurídicamente válida para que privemos del reconocimiento estatal a las parejas del mismo sexo deseosas de conformar una vida en común. Y como es conocido por todos los estudiantes de Derecho de los primeros ciclos de Facultad, el trato diferenciado sin justificación válida es discriminatorio y, por lo tanto, inconstitucional.

“¿La Constitución dice que la familia es exclusivamente la unión entre hombre y mujer?”. No da ninguna definición porque todas las familias merecen protección: desde las que son conformadas por hombre y mujer, las que son lideradas por madres o padres solteros o aquellas que ya perdieron a los mismos. “¡Pero el matrimonio es un sacramento!”. Acá se discute la unión civil, el derecho fundamental de reconocimiento y protección estatal, desprovisto de cargas religiosas. Es más, la iniciativa legislativa ni siquiera la llama “matrimonio”, para la (in)tranquilidad de muchos. “¿No sería mejor reconocer el matrimonio igualitario?”. De acuerdo, pero esta propuesta no es incorrecta, va por el camino correcto.

La discusión de la unión civil no matrimonial es tan solo uno de los primeros peldaños que debe llevar a poder alcanzar un fin mayor: vivir en una sociedad que reconozca la igualdad de sus ciudadanos, sin importar su sexo, su identidad de género o su orientación sexual. El Estado y la sociedad civil deben avocarse a ese propósito, pues cada día somos testigos de las trágicas noticias de inocentes niños que deciden ponerle fin a sus prometedoras vidas por ser víctimas de “bullying” a raíz de “ser diferentes”. ¿En qué consiste su diferencia? Muchas veces, tan solo en amar a gente de su mismo sexo.

Lamentablemente, este Congreso y la actual Administración parecen totalmente desinteresados en hacerse cargo de esta labor. Basta recordar que este año ya fuimos testigos de la estrechez mental de nuestros congresistas, los mismos que rechazaron la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como agravantes para los crímenes de odio. Sin embargo, la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por el Perú, así como la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con el emblemático caso Atala Riffo y niñas VS. Chile), nos dan la razón a quienes vemos con buenos ojos el proyecto de ley de la unión civil no matrimonial. ¿Se imaginan escuchar a un Alcalde distrital decir “Y ahora los declaro compañeros civiles no matrimoniales?”. Quizás no estemos lejos de ello.

En fin, ya en otro artículo publicado en Enfoque Derecho tuve la oportunidad de referirme a la famosa frase estadounidense: “Be on the right side of History”. Esperemos que nuestros parlamentarios sepan estar a la altura de las circunstancias, sin necesidad de esperar al 2023 para plantearlo nuevamente. Los derechos fundamentales son más fuertes que los dogmas y los prejuicios, señores congresistas.

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