Uno de los cuatro objetivos del Acuerdo Nacional (julio 2002) es la construcción y mantenimiento de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Para alcanzar este soñado objetivo, para los que trabajamos con inversionistas que apuestan por el Perú, se ha publicado la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013 – 2016, así como el reciente “Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía”, entre otros. Soñar no cuesta nada.

Es evidente que la mejora de la gestión pública y, en particular de la relación entre la Administración Pública y los administrados, no puede darse de manera inmediata; sin embargo, tampoco se alcanzará incrementando el número de dispositivos legales. Reconozcamos que es suficiente la buena Ley de Procedimiento Administrativo General. Adicionalmente, solo necesitamos recordar un lema conocido por los de la Católica: Pequeños cambios logran grandes avances.

Para quienes se enfrentan (verbo adecuado para esta experiencia kafkiana) con la tarea de realizar un trámite ante alguna dependencia del Estado, las largas colas y tiempo de espera, el requerimiento de documentos innecesarios que muchas veces ni aparecen en el TUPA de la entidad, la solicitud de declaraciones juradas y cartas poder legalizadas por notario y teléfonos y/o plataformas de atención al usuario que no funcionan, así como la deficiente atención y criterios contradictorios entre uno y otro funcionario público en la misma institución, son características usuales. Como resultado de ello, el camino a la formalidad para los peruanos no solo se presenta largo y costoso, sino también confuso, cada vez que se pretende dar de alta/baja a un representante legal ante Sunat o inscribir un poder en los Registros Públicos, por citar algunos casos. La Ley General de Sociedades permite que tanto el gerente general como los directores puedan ser extranjeros. La SUNAT te exige que tenga visa o carnet de extranjería. No es necesario ni legal ni prácticamente. Legalmente, tenemos la Ley General de Sociedades; prácticamente, tenemos los avances de la ciencia, llamase internet. Tal es la cantidad de trabas que el concurso denominado el “Trámite de más” organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros tuvo más de 3000 participantes y más del 40% de las postulaciones presentaron quejas vinculadas a la mala atención a los administrados.

La implementación de un enfoque basado en procesos y orientado a resultados tal como lo propone el Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es un paso importante para lograr la mejora de la Administración Pública pero debe ir acompañada de acciones concretas y medidas inmediatas que procuren dotar de capacidad de gestión y atención de las instituciones y a quienes las conforman. Ello implica contar con funcionarios capacitados e informados de manera suficiente para atender a los ciudadanos, contar con equipos de atención y canales claros a los cuales acudir en caso haya dudas (tanto de los administrados como de la administración) en la tramitación de un procedimiento y fiscalizar permanentemente el respeto por la legalidad y razonabilidad de los requisitos por parte de la Administración Pública.

Con lo que soñamos es con una Administración Pública que se de cuenta que su función es colaborar con el ciudadano. Nos hemos encontrado con este tipo de buenos funcionarios y debemos decir que es un placer poder trabajar con  un mismo fin: el desarrollo de nuestro país. Con ellos hemos visto que los trámites cumplen su plazo, que sienten que deben ser colaboradores eficaces, que la imagen de nuestro país como uno eficiente genera orgullo tanto en nosotros como en ellos. Si ellos se multiplicaran nuestro país sería distinto.

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