Esta semana, en una entrevista realizada al presidente Ollanta Humala por un medio local (RPP), el mandatario hizo referencia a la situación legal de los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori con la frase lapidaria “aquí nadie tiene corona”. La frase, enmarcada en un discurso crítico de Ollanta Humala contra sus predecesores, generó que, de inmediato, el APRA, Perú Posible y Fuerza Popular decidieran renunciar a su participación en la segunda etapa del diálogo nacional convocado por el gobierno.

En primer lugar, es menester mencionar que consideramos desmesurada y hasta pueril la reacción de las mencionadas agrupaciones políticas. Como bien ha mencionado Raúl Castro, lo acontecido muestra un “exceso de susceptibilidad”. Es cierto que el presidente pudo haberse expresado de mejor manera en condición al cargo que ejerce, pero de ahí a negar que el hecho de que dos ex presidentes investigados por corrupción y uno preso mellen la imagen del país sería a leguas, mentir. Esto último es una percepción compartida por la población, tal como lo refleja una reciente encuesta hecha por GFK, la cual muestra la desazón de nuestros ciudadanos respecto a la situación de los tres ex mandatarios.

En segundo lugar, la convocatoria al Diálogo Nacional tiene como objetivo concertar y elaborar una agenda común para el país, buscar tender puentes entre las distintas posturas y agrupaciones políticas para perseguir el progreso sólo obtenible por medio de la labor conjunta. Es decir, prescindir, por un momento, de aquellas discrepancias de carácter personal, intereses o beneficios políticos que cada fuerza particular pudiera albergar. Pero, como bien afirma PPK, -y coincidimos con él- da la impresión de que cada uno está buscando excusas para sentirse ofendidos y retirarse del diálogo.

Es inconcebible presenciar cómo ante la urgencia de llevar adelante ciertas reformas que responden al interés común de la población -como son la educación, la gobernabilidad o la seguridad ciudadana- tenga que verse obstruido cualquier avance por percances de este calibre. Pareciera de que en este juego de ajedrez, el que las tres agrupaciones hallasen preferido patear el tablero antes que dialogar respondería a la pretensión de conseguir mercedes bajo la mesa ante la difícil situación de sus líderes. No olvidemos que dos de ellos están implicados en serias investigaciones por corrupción mientras el tercero está a la espera de un pronunciamiento respecto a la viabilidad o no del arresto domiciliario en el cumplimiento de su condena.

Lo cierto es que en un contexto de pluralidad política todo gobierno necesita de una oposición, y es en el diálogo donde más debiera trabajar esta para coadyuvar con propuestas alternativas, distintos caminos para la consecución de un mismo fin. Justamente porque son oposición es que se requiere la intervención de un APRA y de un fujimorismo reflexivo. Pero vale la pena preguntarse si ello es siquiera posible, duda que genera otras preguntas: ¿Estamos ante una oposición que construye o destruye? ¿Qué motivó realmente a las agrupaciones a romper con el diálogo? ¿Dicho proceder se justifica? En nuestra opinión, se trata de una conducta a todas luces injustificada y desproporcionada, que no denota más que otra prueba del desinterés que se tiene por el mandato de los ciudadanos al diálogo y a concertar a nombre de estos, no de sí mismos.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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