El problema de la minería ilegal en el Perú ha despertado nuevamente con el caso de Gregoria Casas Huamanhuillca. Desde este editorial consideramos oportuno aprovechar la ocasión para hacer especial énfasis en el problema que dicho fenómeno representa para el país.

En solo dos años, se han destruido alrededor de 50,000 hectáreas de bosques en Madre de Dios. Estudios recientes muestran que los habitantes de dicho departamento –sobre todo los niños- tienen niveles de mercurio cinco veces mayores al máximo permitido. Asimismo, en Puno se estiman pérdidas de S/.300 millones por evasión de impuestos generada por actividades de minería ilegal. Y, por si fuera poco, cifras de un estudio de la organización Verité muestran que las exportaciones de oro proveniente de minería ilegal del Perú superan las de cocaína, dato preocupante si se toma en cuenta que el Perú es el mayor exportador de cocaína del mundo.

Si bien es cierto que el Estado mantiene un discurso en contra de la minería ilegal y a favor de la protección medioambiental –el cual se refleja en la amplia regulación ambiental existente-, la realidad es que dichas intenciones no se plasman en la práctica, donde la ejecución de las normas es prácticamente inexistente. Y es que la regulación ambiental no sirve de nada si no está debidamente respaldada por una coacción estatal que las haga efectivas. Clara muestra del problema es la falta de policías necesarios en zonas donde se realizan actividades mineras ilegales. Esto, simultáneamente, genera un ambiente de inseguridad jurídica desfavorable para las inversiones, en tanto muchas veces el Estado no se encarga de desalojar concesiones invadidas por mineros ilegales para ceder el terreno a empresas que sí cumplen todos los requisitos y permisos necesarios. Esta situación, entre otros motivos, nos ha causado descender en tres años del puesto 8 de 71 al puesto 38 de 96 en el ranking del Instituto Fraser sobre minería.

Del mismo modo, el gobierno se ha visto excesivamente tolerante y hasta benévolo con las manifestaciones violentas de los mineros ilegales en contra de los intentos por regularlos. Como mencionamos en nuestro editorial acerca de la huelga en el Perú (http://enfoquederecho.com/wp3itorial-las-calles-llenas-y-las-instituciones-vacias/), una excesiva sensibilidad por parte del gobierno hacia las protestas violentas ha generado que los mineros informales vean en dicho mecanismo un manera efectiva de zafarse de la ley. Mediante el DL 1105, esta situación ha llegado al extremo de otorgar a los mineros informales plazo hasta el año 2016 para regularizar su situación, plazo en el cual estos podrán seguir realizando actividades informales sin que sus maquinarias sean confiscadas. La medida resulta sumamente indulgente para tratarse de individuos que atentan contra el Estado de Derecho, deforestan hectáreas enteras, atentan contra la salud de los ciudadanos y no pagan impuestos.

La actividad minera que escapa los marcos de legalidad presenta un fenómeno altamente preocupante, y un gobierno que no hace los esfuerzos necesarios para que la ley se cumpla no hace más que acelerar su expansión. En ese sentido, esta bancada considera que el gobierno debe reducir su nivel de tolerancia y responder en contra de los mineros ilegales como lo que realmente son: delincuentes que evitan la formalidad, evaden impuestos, afectan la salud de los ciudadanos y deterioran el medioambiente. La economía del Perú se beneficia altamente de la minería; sin embargo, el control ambiental es el único medio que permite armonizar la relación entre la extracción de minerales y el medioambiente. Solo de este modo se logrará un adecuado cuidado al medio ambiente y un entorno de seguridad jurídica atractivo para las inversiones.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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