La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) se ha visto envuelta en una sonada controversia que va desde el choque entre sus directivos y connotados artistas nacionales, el cobro irregular de regalías, una asignación asimétrica de las mismas y hasta la adquisición de múltiples radioemisoras de forma, cuanto menos, sospechosa. Si bien por motivos de extensión se nos dificulta agotar todos los puntos del debate, abarcaremos algunas de las aristas más controversiales.

APDAYC es una sociedad de gestión colectiva, es decir, una asociación privada sin fines de lucro encargada de gestionar el cobro de derechos de autor de múltiples autores que le han delegado voluntariamente esta facultad. La asociación, además, se encuentra sujeta a la investigación, fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección de Derechos de Autor. Ahora bien, los problemas empiezan cuando APDAYC vulnera a sus supuestos protegidos (los artistas) atribuyéndose competencias que no tiene. La Asociación, pues, restringe el derecho de presentar e interpretar las piezas y canciones de su creación si es que estos no están inscritos en la misma. El punto resulta controversial si se toma en cuenta que la pertenencia a APDAYC no es obligatoria, tal como lo ha señalado INDECOPI al señalar que se trata de “un registro facultativo y no obligatorio para autores”. Entonces, tenemos una asociación que está actuando arbitrariamente, más allá de lo que su competencia le permite. APDAYC no sólo deniega el derecho a ejecutar las obras de los artistas, sino que además obtiene regalías por la ejecución de las obras de los de artistas no inscritos. Finalmente, en una injerencia que raya en lo absurdo, APDAYC ha exigido cobro por la puesta en escena de canciones que no forman parte de su catálogo en eventos tan nimios como fiestas infantiles, bautizos y matrimonios.

Habiendo expuesto lo anterior ¿cómo justifica APDAYC tales osadías? Armando Massé, presidente de la asociación, excusa las medidas basándose en un convenio suscrito entre APDAYC y la Municipalidad Metropolitana de Lima el año 2004 durante la gestión de Luis Castañeda. En dicho convenio, la Municipalidad exige como requisito una licencia de APDAYC para poder realizar actividades no deportivas (entiéndase culturales) en el Cercado de Lima. La excusa, pues, resulta endeble y que demanda ser detenida mediante la derogación del convenio, lo cual ya está siendo evaluado por el Consejo Metropolitano.

Está de más el pronunciarnos en contra de estos actos irregulares que no solamente atentan contra el derecho de los artistas inscritos, privándolos de las regalías correspondientes, sino que incluso afecta a los artistas no inscritos, restringiendo la puesta en escena de sus creaciones. Hemos de admitir que el tema es complejo y extenso; no obstante, hemos procurado abordarlo desde sus frentes más controversiales para sumarnos al rechazo a una flagrante violación a los derechos de autor.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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