El Estado en su conjunto debe respetar el debido proceso como garantía constitucional.

El debido proceso es un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución Política y que obliga a todas las entidades del Estado peruano a seguir procesos en los que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. El debido proceso es una garantía que se aplica no sólo en sede jurisdiccional, sino además -según la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional- también en sede administrativa.

Al ser el debido proceso un derecho fundamental, este tiene un carácter subjetivo (en tanto se hace exigible judicialmente para todos los particulares) y un carácter objetivo (en tanto se vuelve un mandato constitucional al Estado para promover las condiciones que permitan su garantía).

En un Estado democrático y constitucional de Derecho, la actuación del Estado se basa en un control de poderes que se ejerce y nace de la antigua doctrina de los “checks and balances” con la finalidad de evitar el abuso de poder en contra de los individuos. Como decía Lord Acton: “El poder absoluto corrompe absolutamente”. Y eso es precisamente lo que se busca evitar.

El Parlamento es uno de estos tres poderes estatales, el cual funciona basado en este sistema de controles constitucionales precisamente para evitar que nuestros parlamentarios, amparados en cuestiones como “la discrecionalidad política” o la “representación popular”, puedan abusar de los derechos de todos nosotros.

Es así que ha surgido en la opinión pública el debate de hasta qué punto se debe judicializar la política. Esto, a raíz de la demanda del ex presidente Alan García contra la mega comisión, y cuyo fallo declaró nulo lo actuado por esta. Asimismo, el ex presidente Toledo mencionó que estaría evaluando interponer, también, un recurso de amparo contra el Parlamento, a fin de que se garantice el debido proceso en la investigación que se le sigue por el caso Ecoteva. Todo esto lo consideramos positivo en tanto las investigaciones parlamentarias pueden generar un grave daño a aquellos que investigan, razón por la cual se deben respetar todas las garantías del debido proceso y estar estas actuaciones sometidas a algún tipo de control.

El congreso se ha defendido argumentando que no se puede permitir “un gobierno de los jueces”, y que bajo la lógica del Poder Judicial estaríamos “admitiendo que en el Parlamento cualquier acto funcional estaría sujeto a la intervención jurisdiccional”. Sería bueno recordarle al procurador del congreso que no necesariamente vivimos en un “gobierno de los jueces”, pero sí en un “Estado de Derecho” en donde efectivamente todos los actos funcionales, de parlamentarios o de cualquier otro funcionario público están sujetos a las leyes y a la constitución.

Por otro lado el presidente del congreso, Freddy Otárola, declaró que el juez que falló en contra de la “Mega Comisión” estaría violando la Constitución, pues la “facultad de investigar es una facultad constitucional”. Por ello mismo, sería bueno recordarle que al ser esta una facultad constitucional es preciso que se ajuste a los parámetros delimitados por esta. No existe ningún derecho absoluto en nuestro ordenamiento que no esté sujeto a limitaciones en base a la colisión con otros derechos. Sería bueno, también recordarle a Otárola, que la “Independencia de poderes” que alega, no significa una ausencia de controles constitucionales entre los distintos poderes del Estado.

Nuestra Constitución es la norma suprema de la que nacen nuestro derechos y deberes como ciudadanos. Gracias a esta norma de carácter jurídico y político es que se sostiene nuestro Estado y nuestro sistema democrático. Su vigencia y respeto deben darse por parte de todos los órganos estatales, tengan estos (o no) discrecionalidad política como el parlamento. Esta última no puede servir de amparo para esquivar nuestro sistema jurídico y abusar del derecho de los individuos. Aquí se estaría generando un nefasto precedente si se admitiese que en sede parlamentaria no existe el debido proceso ni los controles judiciales. De esa manera, lo único que se lograría sería un Estado en donde nuestros “padres de la patria” se transformarían en omnipotentes representantes del poder popular, sin ningún tipo de control.

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