El régimen chavista de Nicolás Maduro, en Venezuela, siempre se ha caracterizado por sus medidas poco ortodoxas en materia política y económica. Fiel continuador de la senda marcada por su predecesor en el poder, Hugo Chávez, Maduro, haciendo uso de una inflamada retórica anti imperialista y anti oligárquica, ha llevado a cabo quizá una de sus más nocivas y perjudiciales políticas públicas, que atenta de forma flagrante contra los derechos de propiedad y libertad de empresa. La política en cuestión ha sido denominada por el Jefe de Estado como saqueos legales. El nombre responde a la modalidad en la que se llevan estos saqueos.

En primer lugar, es el gobierno quién determina qué tiendas, comercios o bazares incurren en lo que ellos denominan una venta de estafa, es decir, que los precios de dichos lugares comerciales son considerados (por el Estado) excesivos y no pueden provenir de otro origen que el de las ansias desmedidas por lucrar a costa de las necesidades del pueblo y del afán usurero de especulación. Es partiendo de esa premisa que el gobierno chavista ha obligado a dichos oficios a vender sus productos bajo lo que las autoridades han denominado un “justiprecio”, es decir, el que seria el precio justo del producto a ser comerciado. Los propietarios, al enfrentarse a esta imposición, se ven invadidos ante un mar de clientes que invaden el local en cuestión para adquirir los productos tras esta forzosa rebaja.

No obstante del escenario antes detallado, el drama para los empresarios y comerciantes venezolanos no se detiene en este punto: aquellos que decidan desobedecer la tabla de precios establecida por el gobierno han sido no solamente victimas de estos saqueos, sino que incluso han sido agredidos por  tropas de las milicias bolivarianas. Otros, incluso, han enfrentado procesos judiciales y algunos hasta penas privativas de la libertad.

Es por ello que,  desde esta tribuna, condenamos estas medidas, las cuales afectan los derechos antes consignados. Estas medidas abusivas son, incluso, más execrables, dado que han sido legitimadas bajo un argumento que aboga al bienestar del pueblo y de la población en general. Una población que, presuntamente, se ve afectada y pospuesta por una clase empresarial y comercial desmedidamente ambiciosa y desconsiderada.

La verdad, sin embargo, es mucho más compleja. En Venezuela, el precio de los bienes de consumo básico, como el de los de línea blanca, e incluso el de los bienes inmuebles, se ha venido incrementando, sostenidamente, desde el inicio del régimen chavista hace dos décadas. Este desastre económico no ha sido producido por la usura  ni por el afán rentista de una reducida cúpula dedicada a la vida comercial. La catástrofe económica que los venezolanos hoy en día padecen se debe -entre otras a razones- al constante intervencionismo del gobierno, quien no ha hecho más que alterar, de acuerdo a “las necesidades del pueblo”, los precios reales de los bienes. Evidentemente, una economía no se puede sostener de esta manera.

Si los comerciantes venezolanos son obligados a vender sus productos a un precio que no logre cubrir sus costos de producción, o si, cubriéndolo, se dan cuenta que el esfuerzo realizado no compensa la modesta retribución obtenida, nos atrevemos a predecir que su permanencia en el mercado tiene los días contados. Claramente, estos comerciantes no tienen la vocación “dadivosa” ni “filantrópica” del presidente Maduro. Por ello, al darse cuenta que el negocio no les resulta rentable, no tardarán en buscar otro. ¿Qué habrá logrado, entonces, el gobierno con esta medida? Pues, una vez más, que los servicios básicos escaseen en Venezuela, que los venezolanos tengan que acudir al mercado negro para obtenerlos (a un precio elevado, por supuesto) y, finalmente, que el gobierno subsidie a unos poco comerciantes -es evidente que no puede subsidiar a todos- lo cual no hará más que aumentar la inflación.

Vale mencionar que, como era de esperarse, ello se ha traducido en un descontento social generalizado. Venezuela se sumerge en una debacle de la cual -esperemos- pueda salir.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

1 COMENTARIO

  1. La misión del gobierno es crear un sistema de auto-protección social para y con todas las personas que viven en el Estado, que sea seguro al largo plazo, autofinanciable, de muy buena calidad y sin corrupción. Prioritariamente asegurar el futuro de la salud, educación, trabajo, sustento y vivienda.

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