La solución a los aportes de dinero ilícito en los partidos pasa por un cambio de incentivos a través de una reforma electoral.

Hace algunos días se descubrió que un peruano estaría en la famosa Kingpin list del gobierno de Estados Unidos. Esta lista yace para los más buscados narcotraficantes o personas vinculadas al lavado de activos. Lo anecdótico del asunto recae en que esta persona sería, además, aportante por un monto de más de S/. 40,000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Los partidos políticos, como toda institución, deben buscar de alguna forma subsistir y pagar sus cuentas, y para estas entidades, la manera que más se ha utilizado es a través de las donaciones. El problema con los aportes que muchos ciudadanos hacen a los partidos políticos es que muchas veces no se tiene certeza de quiénes aportan y con qué fondos específicamente lo hacen. Entonces, en un sistema electoral con tantos partidos políticos compitiendo, y en donde las campañas suelen ser extremadamente costosas, pues no siempre se es muy diligente en averiguar de quién se está recibiendo el dinero.

Es verdad, además, que los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos sirven como una manera para, luego, una vez (si se apuesta al correcto) que el partido llegue al gobierno, este le devuelve el favor al aportante, ya sea a través de un nombramiento o a través de un contrato con el Estado. Lamentablemente, ejemplos de que esto ocurre existen a montones en nuestro país.

Entonces, ¿Cómo transformar un sistema de aportes a los partidos en un sistema tranparente y sencillo de fiscalizar por parte de la ciudadanía? Lamentablemente, hoy en día los informes que emiten los partidos sobre sus fuentes de financiamiento son muy vagos y, realmente, la ciudadanía no tiene una manera real (ni incentivos reales tampoco) para determinar si el dinero que otorgan los aportantes puede ser de fuentes lícitas o ilícitas, pues en caso de que provenga de fuentes ilícitas -pues, como mencionamos, en muchos casos estos aportes sirven para “devolver favores”- se estaría cayendo en un circulo vicioso que vincule a un partido político con actividades no permitidas. Es por ello que, primero que nada, los partidos como instituciones deben ser muy cuidadosos de quiénes reciben aportes; pero, al mismo tiempo,  la gran cantidad de partidos y lo costoso de las elecciones hacen que estos (o quizá lo hagan a propósito, cuestión que aquí no estamos asumiendo) tengan un incentivo racional para aceptar dinero de cualquier parte.

Es por ello, entonces, que la solución no viene por lo que muchos políticos han planteado de que sea el Estado quien financie a los partidos, para que estos no reciban dinero de actividades ilícitas (o aunque no siendo ilícitas no tengan ningún conflicto de interés posterior), o incluso endureciendo las reglas para declarar a los aportantes y transparentar la información financiera. La solución viene, sobre todo, por una reforma integral de nuestro sistema electoral.

Con tantos partidos políticos compitiendo por la misma candidatura y, sobre todo, con tantos candidatos, no solo se hace complicadísimo para el ciudadano poder seguirle el rastro a la proveniencia de los fondos de sus respectivas campañas, sino que además incentiva a que los partidos busquen arduamente fondos sin fijarse correctamente de dónde provienen. Claro está que el simple hecho de que los acepten ya resulta una violación a un evidente deber de diligencia de su parte, por lo que, sin duda, deben tener un castigo político (y legal) severo por parte de la ciudadanía.

La solución, como muchas veces se ha planteado en estas página, para solucionar el tema de los aportes de parte del narcotráfico y el lavado de activos, recae en fortalecer el “accountability” (“rendición de cuentas”, traducido de la expresión inglesa) de nuestros políticos, y ello solo se puede lograr fortaleciendo el vínculo entre representante y representado. Esto aumentará la fiscalización mutua y permitirá que los ciudadanos estén más atentos a los aportantes de sus partidos y sus candidatos. Si se establece un mecanismo de distritos electorales más pequeños y uninominales, esto generará una tendencia a reducir los partidos políticos en competencia y, por tanto, a reducir los costos de transacción que le implican al ciudadano el hecho de averiguar de dónde provienen los aportes de decenas de partidos y cientos de candidatos.

No se necesita utilizar dinero de todos los peruanos para evitar que se reciba dinero de fuentes ilícitas, sino, pues, bajo esa lógica, otorguémosle ahora mismo una pensión de gracia a todos los narcotraficantes y lavadores de activos para de esta forma evitar que generen o reciban dinero mal habido. No se trata de ello, se trata, sin duda, de incentivos que, de una vez por todas, se deben transformar en reformas electorales concretas.

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