El irregular resguardo policial al domicilio de Óscar López Meneses ha puesto la linterna sobre el Poder Ejecutivo, desde diversos jefes de la PNP, el Ministro del interior y hasta el mismo Presidente de la República. Y es que ponerse alerta es lo mínimo que se puede hacer cuando hablamos de nada más y nada menos que el operador de Vladimiro Montesinos en la década del 90.

La investigación periodística realizada por Cecilia Valenzuela y Óscar Quispe que reveló el hecho también vinculó al asesor presidencial Adrián Villafuerte, quien además habría estado relacionado con el montesinismo, al lado de López Meneses. Las presunsiones apuntan a un supuesto servicio de inteligencia encubierto que haría seguimiento a periodistas y opositores del gobierno.

Como es obvio, se ha exigido un rendimiento de cuentas a todos aquellos quienes deberían haber estado al tanto de lo ocurrido. Villafuerte ha negado rotundamente conocer a López Meneses y haber estado al tanto del resguardo policial de su domicilio. Ollanta Humala, por su parte, desconoció cualquier vínculo con López Meneses, y hasta lo tildó de ‘basura’ y delincuente. Según el mandatario, el implicado estaría intentando vincularse a un gobierno que está haciendo un esfuerzo por consolidar la democracia.

De más está decir que aplaudimos cualquier esfuerzo por reforzar la institucionalidad y la democracia en el país. Sin embargo, la falta de vínculo entre López Meneses y el gobierno nos parece un argumento insuficiente para negar toda responsabilidad de éste sobre lo ocurrido. Imaginemos por un momento que, efectivamente, no existe vinculación alguna entre el episodio y el gobierno. Imaginemos que tanto Ollanta Humala como Adrián Villafuerte no tenían conocimiento alguno sobre lo que estaba ocurriendo y el hecho se trató “simplemente de una práctica habitual de corrupción en la PNP”, como ha alegado el mandatario. ¿Bastaría aquello para poder afirmar que nuestro gobierno está libre de corrupción y que, por el contrario, camina hacia la consolidación democrática a paso firme? Creemos que no.

Lo que parece haber en este gobierno es una falta de indignación y una visión reduccionista de los problemas que acarrean el país. Así el resguardo de los patrulleros a la casa de Lopez Meneses se tratase simplemente de una práctica habitual de corrupción en la PNP –algo bastante ingenuo de afirmar-, dicha práctica resulta a todas luces escandalosa. Y más escandoloso resulta que se trate de una práctica “habitual”. Lo mínimo que debería esperarse de los máximos funcionarios del Ejecutivo es que compartan la preocupación de todos los que nos sentimos burlados con lo ocurrido. Esto, por supuesto, sin mencionar el hecho de que, finalmente, el responsable político de la corrupción interna en el gobierno es el mismo Presidente. La ligereza con la que Ollanta Humala hace referencia a una “práctica habitual de corrupción” nos recuerda a la calificación de ‘histéricos’ por parte de Juan Jiménez a quienes denuncian la delincuencia en el país. Habitual o no habitual, vinculado o no vinculado al gobierno, lo ocurrido es motivo de indignación y urge que se arranque de raiz. Lo idóneo será dejar la investigación en manos de la oposición en el Congreso de la República; la credibilidad del oficialismo, como es de esperarse, cae en picada.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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