El pasado 9 de diciembre la Comisión de Educación del Congreso aprobó el proyecto de Ley Universitaria. De este articulado cabe destacar la formación de la SUNAE – Superintendencia Nacional de la Educación Universitario-. Este órgano, según lo indicado en el artículo 12 del proyecto de ley, será un “organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, que tendrá a su cargo normar, regular y coordinar la educación universitaria”.
Para empezar, cabe cuestionar qué implicancias tiene la creación de un organismo que controle la educación universitaria y me limitaré a resolver esta interrogante tomando en consideración las universidades privadas. Desde mi punto de vista, esto sólo significa una limitación a la libertad: libertad de los profesores de dictar una cátedra de la mejor manera como lo consideren, libertad de los estudiantes a desenvolverse en la vida universitaria cómo mejor les parezca y por sobre todo, libertad de las autoridades universitarias de manejar una empresa dedicada a la dación de educación en miras de, como cualquier empresa, buscar ser la mejor.
Pensémoslo de la siguiente manera. Si el Estado promueve la creación de empresas, ¿por qué esta ley pretende restringir el desenvolvimiento de una empresa tan trascendental como es aquella que busca dar educación? Una posible respuesta podría ser que el Estado se encuentre preocupado por la calidad de la educación brindada y quiera mejorarla. Evidentemente, tras conocer los resultados evidenciados en la evaluación Pisa, difícil que alguien considere al Estado como el llamado a mejorar la educación. Si no lo ha hecho hasta ahora, ¿qué nos llevaría a pensar que es la opción más eficiente?
Ahora bien, ¿por qué intervenir eliminando los incentivos ya existentes en el desarrollo de nuestras universidades? En todo caso, si de elevar la calidad de educación se trata, los profesores serán los competentes en liderar esa responsabilidad y serán ellos quienes deban recibir los respectivos incentivos para conseguir este objetivo. En otras palabras, la calidad dependerá de la misma gerencia universitaria. Además, son los propios alumnos que siendo parte de una universidad que les permita estudiar, verdaderamente lo hagan, y ello no dependerá más que de su esfuerzo y voluntad. De este modo, podría decirse que todo se reduce a una eficiente participación de los actores de una empresa universitaria que carece en todo sentido de la presencia del Estado como actor principal.
No podemos resolver el problema de una educación de baja calidad mediante una ley. Menos aún, si proviene de un organismo estatal que pretende regular la forma cómo ésta deba darse. Considero que el primer paso, no debe ser el de crear organismos que controlen nuestra educación, sino que la incentiven. Y ese incentivo no nacerá de un proyecto de ley, sino de la necesidad de cada estudiante responsable que al encontrarse frente a un futuro incierto opte por acoger al conocimiento como su mejor aliado.
Esperemos que los congresistas decidan promover la educación en la población empezando por sí mismos. De ese modo, quizás, opten por leer más sobre la realidad y menos sobre fábulas que les hagan creer en supuestos súperpoderes para crear leyes que en su mayoría, ni se aplican, o peor aún, sí se aplican, no causan más que nefastos resultados.

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