Entrevista a Ricardo Cuenca: Investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Consejero del Consejo Nacional de Educación (CNE) y Presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP).

Por: Adrián Lengua y Josefina Miró Quesada

ED: La aprobación del Proyecto de Ley Universitaria fue aplazada para la próxima legislatura, ¿le parece adecuada esta decisión?

RC: Si entre ahora y la próxima legislatura tenemos un debate más amplio donde se intercambien más ideas, sí. De lo contrario, si va a seguir este nivel de insultos y posiciones muy doctrinales, el asunto no tendría sentido. Ojalá sea la primera opción.

ED: Hay quienes señalan debe archivarse el actual proyecto y comenzar uno nuevo que sea fruto del debate y consenso de los sectores involucrados con la educación superior. ¿Qué opina al respecto?

RC: En ningún caso debería archivarse. Por tres razones:

La primera más estructural tiene que ver con qué entendemos por ‘debate’. Sospecho que somos un país muy poco acostumbrado a debatir con argumentos. Solemos presentar posiciones y cuando lo hacemos, alguien debe tomar decisiones; normalmente es el Estado, sobre todo si se trata de una ley. A decir verdad, me llama la atención que digan que no ha habido mucho debate. Por mi interés en la investigación del tema, sé que la Comisión de Educación del Congreso ha tenido 48 reuniones con distintos grupos, invitados, expertos en educación, rectores, y demás.

La segunda es histórica. La ley recoge mucho de la propuesta del 2001, cuando Nicolás Lynch era ministro de Educación. También formó una comisión para reformar la Ley Universitaria e hizo un estudio liderado por Javier Sota Nadal, donde agrupó a profesores, rectores, especialistas. Digamos que es una materia que condensa casi 10 años de discusión y postergación respecto a esta ley.

La tercera es porque en general estoy de acuerdo con ella. Hay cosas que hubiese puesto de manera distinta, algunas que no están que hubiese incorporado. En general, en aquello en donde se cuecen las habas de verdad, que es el tema de la SUNEU, particularmente estoy de acuerdo. Más bien, lo que habría que hacer es, sobre la base de ésta, buscar la mejor manera para mejorarla.

ED: El argumento que acusa a la ley de violar la autonomía universitaria -específicamente debido a la creación de la SUNEU- se repite como disco rayado. Sin embargo, ésta puntualiza que será inviolable y que cada universidad se regirá por su propio estatuto. ¿Cómo debiera regularse la universidad, por fuera o internamente mediante la autorregulación?

RC: En principio, hay que diferenciar el concepto de “autonomía” de “regulación de calidad”. El primero se acuña en 1919 con la famosa revolución de Córdoba para independizar la universidad como institución del poder estatal; entonces, se les da la facultad para regirse bajo su propio estatuto y organizarse de la mejor manera. Sucedía especialmente porque había mucha interferencia de los Estados respecto a lo que se enseñaba en las élites que formaban.

Ahora, claro, de 1919 a hoy, este concepto ha variado. Ya no se habla de autonomía, sino de “autonomías” en diversos países de Europa y Asia. Hay lugares donde existe más autonomía en la contratación de docentes, pero menos en el contenido de lo que se enseña. La autonomía se separa en varias dimensiones, administrativas, legales, académicas, que hacen que existan sistemas en donde se regula más o menos la autonomía. Sinceramente, si yo leo la ley, no veo que se viole la autonomía. Claro, si uno hace unas interpretaciones maquiavélicas del asunto, probablemente sí.

ED: El problema es que al depender la SUNEU del Ministerio de Educación, el Ejecutivo podría intervenir en elegir autoridades, posiblemente, la cátedra.

RC: Yo no sé si al propósito algunos lo confunden o realmente, se han confundido, estoy en dudas. Como te dije, hay que saber diferenciar las formas de “autonomías” -o sistemas donde hay más autonomía para algunas cosas y menos para otras- con la regulación de la “calidad del servicio”.

Para regular la calidad de servicio existen tres modelos. El primero es la autorregulación, lo que decías hace un momento. Cada institución -así como se les exige a los medios de comunicación- hace lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio, con ética, responsabilidad. La otra opción es la del libre mercado donde la competencia regula la calidad. Ahí donde la información es transparente y llegue al usuario, la persona va a tomar la decisión de estudiar en A o en B. Finalmente, la tercera es la regulación por alguna instancia del Estado que regule la calidad, sobre todo por un fin de equidad. Incluso, ahí en las teorías más liberales donde hay fallas de mercado y el mercado es imperfecto, el Estado debe intervenir para tratar de evitar estas posturas de inequidad.

Tenemos, entonces, que de esos tres modelos, el primero es el que ha venido funcionando hoy en día. Pero si uno mira los resultados de calidad, te das cuenta que este no funciona. Desde mi punto de vista, el de mercado tampoco funciona, como no lo hace en salud o justicia. Por eso, son tres campos donde se requiere el tutelaje del Estado. De hecho, el colapso del proceso de acreditación en Chile, entre otras cosas, se debe porque el mercado no ha podido regular toda la calidad que se le exige.

ED: De acuerdo, pero seriamente, con la mano en el pecho, ¿cree que el problema de la universidad se solucionará mediante una ley?

RC: Para nada…

ED: … a sabiendas de la experiencia del Estado en materia educacional. Es decir, hace poco leí que el MinEdu apenas ha podido gastar la mitad de su presupuesto en el 2013 sin haber mejorado la calidad de la educación escolar y tecnológica…

RC: Ese es otro gran mito…

ED: ¿Es mentira?

RC: No, no es mentira, sí ha gastado poco es verdad, pero con educación superior no tiene nada que ver.

Mira, de los tres modelos, el que debería funcionar mejor si se hace de la mejor manera es el tercero; con la mano en el pecho. Hay que tratar de buscar que funcione porque los otros dos no funcionan. Eso ya está claro, sobre todo el primero. No hay que ir en contra de cómo se regula esa calidad desde el Estado, sino buscar los mejores mecanismos para que esa regulación sea lo más efectiva posible; en la composición de quienes conforman la superintendencia, de los organismos que la vigilan, la forma cómo se cruce la información con la Contraloría para que pueda mirar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dicen, pues se ha instalado que “si el MINEDU no puede con la educación inicial, menos con la universitaria.” Es un error, sin embargo.

Me explico. Hay dos opciones para que se cree una institución pública. En primer lugar están los Organismos Constitucionalmente Autónomos, como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) creada mediante un artículo de la Constitución, pero es totalmente autónoma. Los otros dependen de algún sector, porque no pueden estar “descolgadas” en el aparato del Estado. La SUNEU necesita instalarse en algún sector. Por eso siempre digo que si no les gusta el MINEDU, pónganla en otro ministerio, pero en algún lugar. Eso no quiere decir propiamente que “dependa” del ministro. Existen entidades reguladoras adscritas a un ministerio cuyos jefes no son ni el ministro o ministra. Está la Superintendencia de Mercado y Valores adscrita al MEF, pero es autónoma y el Ministro Castilla no es su jefe. Entonces, lo que dice la ley, es que está adscrita, pero no que depende.

ED: Volvamos a la creación del SUNEU. ¿Considera adecuada la conformación de los miembros propuesta para el Consejo Directivo del SUNEU? ¿Se ha excluido algún actor importante? ¿Son adecuados los requisitos para ocupar el cargo?

RC: No tengo mucha claridad de si falta alguien. Lo que sí, tengo dudas sobre la forma cómo se organiza el asunto. Por ejemplo, los estudiantes de FEPUC han propuesto que en lugar del representante del CEPLAN, haya uno, o del Consejo Nacional de Educación o de los Institutos de Investigación que hay en el país, para darle una forma más académica a la discusión. Es decir, cambiar la composición de mayor a menor presencia de representantes estatales por representantes de la sociedad civil o la academia.

Lo que opino es que podría hacerse un mejor equilibrio. En realidad, creo que los que debieran estar, están. Es decir, los representantes de las universidades públicas y privadas. También están representados los empresarios y el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONCITEC). Están los que tienen que estar. Si podrían estar algunos otros, siempre es posible decirlo. Aunque hay quienes creen que también debieran estar los estudiantes, y otros que a ello no le encontraban sentido, porque una cosa es la participación en los espacios de concertación, y otra una especie de “participacionitis aguda”… já.

ED: El artículo 23 del proyecto de ley establece que “los procesos de evaluación, acreditación y certificación para el mejoramiento son obligatorios”. ¿Es adecuado exigir la acreditación y certificación como requisitos obligatorios? ¿La acreditación es suficiente para asegurar la calidad de la educación superior?

RC: Los mecanismos e instrumentos que tiene el Perú para asegurar la calidad universitaria no están funcionando. En primer lugar, tenemos al CONAFU, que es quién ofrece las autorizaciones para que las universidades tanto públicas como privadas puedan funcionar. Este primer filtro autoriza y brinda la posibilidad de presentar un proyecto de desarrollo institucional a fin de conseguir una autorización provisional por cinco años, para luego obtener una aprobación definitiva de funcionamiento. Esto no termina de funcionar y creo que es necesario modificar esta autorización por un verdadero control de calidad inicial y que así esta etapa deje de ser un mero trámite para convertirse en una verdadera evaluación.

En segundo lugar, tenemos el tema de la acreditación, que originalmente se creó como un proceso voluntario y considero que debe mantenerse así. En América Latina se tuvo la concepción que este proceso genera calidad, a pesar de que luego de 15 años de práctica no tenemos ningún elemento empírico que afirme esta idea. Lo que sí hay es evidencia que la acreditación te da las bases y condiciones para generar calidad y esto es bien importante, porque entonces sí tiene valor la idea que sea voluntaria.

Finalmente, la tercera parte es la del aseguramiento de los resultados. Es decir, que la universidad logre tesis de calidad, egresados con trabajo, mecanismos internos para promoción de profesores, etc. Estas tres partes deben ser parte de un mismo sistema y funcionar bajo una misma institucionalidad. En nuestro caso, el nuevo Proyecto de Ley Universitaria implicaría juntar la SUNEU con el SINEACE, pues solo así se garantizarán los resultados de un procedimiento voluntario como la acreditación.

ED: El artículo 40 del proyecto de ley señala que para obtener el grado de bachiller se requiere, además de una cantidad mínima de créditos, “la aprobación de la correspondiente tesis para obtener el grado de bachiller”. ¿Le parece adecuada esta medida como forma de incentivar la investigación universitaria?

RC: Si me pongo muy tradicional, estoy de acuerdo con la existencia de una tesis para el bachillerato y no para la licenciatura, pues el primero es un grado académico que certifica que he adquirido todas las competencias necesarias, incluyendo una de las más importantes como es la capacidad de investigar. Mientras que la licenciatura es solamente la autorización para el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, si tuviese que elegir, me quedaría con la primera.

Ahora, la parte más arriesgada del asunto y que no ha sido debatida en nuestro país es analizar la naturaleza de las universidades. Hay países que han dividido entre universidades “académicas”, que se dedican a la investigación y generación del conocimiento, y “profesionalizantes,” enfocadas en preparar a las personas para insertarse al mercado laboral. Las dos son válidas, pero el sentido de la tesis funciona en uno y no en otro. Si uno busca insertarse al mercado laboral, mejor que una tesis sería preparar un caso o buscar otras alternativas. No obstante, esto en ningún caso debería dejar de lado que necesitamos tener políticas de investigación claras para la universidad, que actualmente no tenemos.

ED: Otro de los temas en debate es el del lucro en la educación universitaria. Con la promulgación del Decreto Legislativo 882 se permitió la constitución de universidades con fines de lucro y se inició la proliferación de las denominadas “universidades empresa”. ¿Cuál es su postura con respecto al lucro en la educación superior?

Considero que es un tema sobre todo ético. Yo creo que el problema no está en el lucro, sino en el mercantilismo. Si las empresas ganan por su inversión, pero ofrecen un servicio de calidad, no hay ningún problema. Lo que sí no podemos permitir es el mercantilismo, es decir, “no me importa la calidad, pero capturo la mayor cantidad de clientes para tener mayor acumulación de capital”. Este modelo en general no funciona y creo que es un problema inmoral en asuntos sociales como la educación.

ED: A propósito de esta ley y muchas más, ¿cómo explicaría ese temor que muchos le tienen a cualquier tipo de intervención estatal?

Te voy a responder lo que me diría mi compañero Julio Cotler: el problema es que en este país no hay instituciones y eso genera desconfianza en la población al momento que el Estado busca implementarlas. Creo que este es el mayor impedimento que tenemos en el país para establecer políticas públicas, pues la gran pregunta siempre es ¿cómo es posible desarrollar políticas públicas en un país que no confía en las instituciones?

ED: Finalmente, los resultados PISA son una prueba irrefutable de lo mal que nos va en materia educacional. ¿Cómo explica lo sucedido? ¿Cuáles son nuestras falencias y tareas pendientes? Y, ¿por qué aún nadie ha logrado hacer esa ansiada reforma educacional?

Es la evidencia de años de hacer mal las cosas. Algunas razones que explican esto es justamente la falta de instituciones, pues sin ellas no se pueden sostener las políticas públicas. Además, y esta es una visión más personal e intuitiva, creo que hay una retórica respecto a la importancia de la educación que no se plasma en ninguna de las decisiones. Cuando pasan estas cosas siempre me pregunto sinceramente, ¿a quién le importa la educación?

1 COMENTARIO

  1. […] –       Ricardo Cuenca. Señala su acuerdo en general con la propuesta, y particularmente con la creación del SUNEU. Para Cuenca hay tres modelos para regular la calidad, la autorregulación (modelo actual), la de libre mercado (que ha colapsado en Chile), y la que ejerce el Estado. Afirma además que la adscripción de la SUNEU al Ministerio de Educación no implica dependencia, puesto que todo organismo debe estar vinculado a un sector, salvo que la constitución le de un estatus especial. Fecha: 13-01-14  (ver entrevista aquí) […]

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