El pasado lunes se promulgó la Ley No. 30151, cuya modificación del artículo 20, inciso 11, del Código Penal ha generado gran polémica. Quienes defienden la ley consideran se trata de una medida necesaria debido al sinnúmero de juicios considerados “injustos” a policías y militares que al momento de defenderse han hecho uso de armas distintas a las reglamentarias. Por el contrario, quienes la consideran innecesaria sostienen que nuestro ordenamiento jurídico ya prevé este tipo de situaciones. Somos partidarios de esta última postura; pero además, consideramos que se trata de una medida contraria a disposiciones internacionales, insuficiente por sí sola, y una peligrosa licencia para vulnerar derechos fundamentales como la vida e integridad humana.

La norma prevé la modificación del artículo 20 que permitirá que sea inimputable el policía o militar que en “en ejercicio de sus funciones cause lesiones o muertes”, sin que medie el uso de armas “en forma reglamentaria”, dado que esta frase ha sido sustituida por “por otros medios de defensa”. En otras palabras, la inimputabilidad no alude a que no haya cometido un delito, pues sí se configura el tipo penal. Lo que sucede es que el Derecho Penal exime de responsabilidad a quien lo cometió porque lo justifica bajo circunstancias extraordinarias. Así, por ejemplo, se justifica la “legítima defensa” sólo cuando media: agresión ilegítima, necesidad de repelerla, racionalidad del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del agredido.

Ahora bien, regresando al contenido de la norma, creemos que es innecesaria. Bastaba una interpretación sistemática del artículo 20, pues el inciso 8 del mismo regula la inimputabilidad de los que obran en “cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un (…) oficio o cargo”. En ese sentido, si la conducta se desarrolló “en cumplimiento de su deber”, se entiende que dicho “deber” podría ser justificado incluso haciendo uso de cualquier otro medio distinto al del arma reglamentaria, siempre que el uso de la fuerza haya sido idóneo, necesario y proporcional a los fines que se pretendía perseguir.

Asimismo, creemos que la norma podría ser manipulada para eximir de responsabilidad a militares o policías actualmente procesados, aplicando el principio de retroactividad benigna, reconocido en el Art. 6 del Código Penal. Podrían salir libres los involucrados en procesos derivados de la aplicación irrestricta de la fuerza, como los implicados en el Bagüazo o la balacera en el Vraem de mayo del 2013. Lo cierto es que dada la calidad de algunos jueces, se abre la puerta para la impunidad de conductas desarrolladas bajo un supuesto “ejercicio de sus funciones”, posiblemente para encubrir ciertos excesos de los agentes del orden, desconociendo así, reglas mínimas establecidas en el Manual de Protección de los Derechos Humanos.

Por otro lado, esta modificación contraviene tratados internacionales. De acuerdo con la ONU, el Estado peruano está obligado a adecuar su legislación a los estándares internacionales en relación con el empleo de armas de fuego o de la fuerza por parte de agentes del orden. Más aún, los principios de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el uso de la fuerza policial y militar debe adecuarse a parámetros preestablecidos que no pueden verse alterados por las normas de cada país.

Asimismo, es inevitable soslayar el contexto de alta conflictividad social en donde dicha norma ha de ser aplicada. Conforme al informe mensual de la Defensoría del Pueblo en el mes de diciembre se han identificado 170 conflictos sociales activos y 46 latentes, además de 62 acciones colectivas de protesta. Ello, evidentemente, agrava más la situación, pues debido a nuestros antecedentes en estos temas se podría legitimar una abusiva intervención policial o militar para reprimir disturbios sociales. Más aún en tiempos en los que estos acontecimientos se han vuelto casi una práctica común; donde las huelgas, tomas de calles y marchas, reflejan una gran debilidad institucional del Estado para canalizar propiamente las demandas de la población (Ver Editorial: “Calles llenas, instituciones vacías”).

Por si no fuera poco, resulta insuficiente dicha modificación si no va de la mano con una mejora en la profesionalización de la labor policial. Dar más herramientas a un policía o a un militar, sin tener la garantía de que sepan cuándo y cómo utilizarlas, sugiere cierta irresponsabilidad del legislador. Más aún, si no hace diferenciación alguna en el uso de la fuerza de la PNP, encargada del orden interno, o de las FFAA, encargada de la seguridad exterior. Precisamente una adecuada capacitación y control del uso de ésta es lo que garantiza el que esté conforme a una reglamentación.

Finalmente creemos necesario reflexionar sobre el móvil que incentiva dicha modificación. Se discute la aplicación de la fuerza por parte de los agentes del orden como una medida para enfrentar la inseguridad ciudadana, cuando en realidad, lo que debiera preocuparnos, como señaló Fernando Castañeda en una entrevista realizada el sábado en RPP, es desarrollar una estrategia preventiva del delito. No olvidemos que atacar la delincuencia mediante el uso la fuerza debiera ser una medida necesariamente a tomar como última ratio. Además, tomando en cuenta un problema más amplio, consideramos oportuno que no solo se debata esta modificación, sino en general todos los supuestos contemplados en el artículo 20 de nuestro Código Penal, pues se mezclan muchas figuras jurídicas que dificultan la labor jurisdiccional al momento de analizar cada caso.

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