“Vamos a luchar con toda la fuerza contra estos cobardes, sicarios de tinta y contra sus mentiras. Ladre quien ladre compañeros”. Así se expresó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sobre el dibujo publicado por el conocido caricaturista Xavier Bonilla, mientras emitía su tradicional programa televisivo “Enlace Ciudadano”. Días después, “Bonil”, como es comúnmente conocido, afrontaba una investigación dirigida por la Superintendencia de la Información y Comunicación, quien lo acusaba de apoyar una supuesta “agitación social” que deslegitimaba a la autoridad. Las imágenes muestran el allanamiento sufrido por el asesor político, Fernando Villavicencio, ex-sindicalista petrolero, quien supuestamente habría sido acusado de “hackear” correos presidenciales. Sin embargo, el detonante que encendió la cólera del presidente, fue que este personaje, que casualmente meses atrás publicó una investigación sobre las redes de corrupción petrolera entre el Ecuador y otros países, aparecía como una víctima del allanamiento por parte de la Policía y Fiscalía quienes confiscaban las denuncias de corrupción que éste teóricamente guardaba en su hogar. Hace unos días, Bonil fue obligado a rectificarse, lo que inmediatamente, desató una polémica en torno al tema de una libertad de expresión coartada en el país vecino.

Para comenzar, es menester contextualizar lo sucedido dentro de un marco legislativo que tiene como principal eje la reciente Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013 y cuestionada por diversas entidades internacionales como Human Rights Watch. Recordemos que precisamente, la Superintendencia de la Información y Comunicación, autora de la ley, fue la que en el año 2012 permitió que el Presidente Correa gane un juicio contra el diario El Universo tras haber sido llamado “dictador” por uno de sus columnistas. Acusados del delito de injuria 3 directivos y un ex director fueron sentenciados a 3 años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.

El tema preocupa debido al importante papel que tiene la libertad de expresión e información dentro de todo sistema de gobierno, pues permite una participación más amplia de la ciudadanía en los asuntos públicos. La Convención Americana en su artículo 13 así lo reconoce y señala como regla general la prohibición de la censura previa, y solo acepta las sanciones ulteriores cuando se pone en riesgo la reputación de los demás o la seguridad nacional. Como es de conocerse, dicha libertad suele entrar en conflicto con el derecho al honor y a la privacidad, lo que debe analizarse con mucha cautela especialmente cuando se trata de funcionarios o autoridades públicas. Por ser personas que ejercen actividades de interés público que afectan positiva o negativamente el ejercicio de nuestros derechos, existe un mayor grado de tolerancia y una disminución del ámbito de protección de estos derechos, dado que la crítica por parte de los medios de comunicación garantiza una adecuada fiscalización de sus gestiones. Específicamente, sobre este punto ha surgido todo una polémica en relación al artículo 26 del “linchamiento político” que establece la ley de comunicaciones en Ecuador. La problemática se encuentra en la laxa y arbitraria interpretación que podría dar a lugar. Además, se critica la difusa línea que permite diferenciar el terreno de la información y el de la opinión- donde versan posturas, perspectivas, expresiones y donde cabe colocar a las caricaturas-, estableciendo sanciones sin diferenciar necesariamente uno de otro.

Lo sucedido con “Bonil” es especialmente relevante por estar frente al género de la sátira que constituye un eficaz instrumento para medir y criticar las actuaciones políticas. Históricamente, este ha permitido una difusión más rápida y ha sido fuente de una mayor atracción por parte del lector para tomar conocimiento sobre lo que sucede en el ámbito público. La caricatura en sí, pertenece al ámbito de la opinión, y los rasgos hiperbólicos son característicos de este, por lo que prohibirlos o disminuir parte de su esencia colinda casi en lo absurdo. Confundir este tipo de libertad de expresión con una especie de hate speech sería desconocer la naturaleza y el potencial uso de este recurso para generar debate en el ámbito público.

Cabe mencionar que estas amenazas a la libertad de expresión son características del marco político en el que se encuentra Ecuador. Como señala el analista Steven Levitsky, estamos frente a un “autoritarismo competitivo” donde aparentemente se respetan ciertas garantías mínimas de la democracia, como llevar a cabo elecciones y dejar competir a cierta oposición, pese a que las libertades más básicas son constantemente violentadas. Así, la oposición compite pero en un terreno desequilibrado, donde las entidades públicas hacen notar una separación de poderes que deja mucho que desear para asegurar una sana competencia. Es en ese contexto, donde los medios de comunicación independientes tienen “un papel importante de vigilante al investigar y exponer las malversaciones del gobierno (…) los medios independientes no solo son legales sino que también tienen gran influencia y los periodistas a menudo surgen como figuras de oposición importantes” (Levitsky 2004: 168)[1]. Ello explica por qué son constantemente reprimidos por este tipo de gobiernos.

Así, nos encontramos frente a un escenario donde las normas, en conjunto con un organismo “supervisor”, han creado un marco inadecuado y un sistema preocupante para el fomento de la libertad de expresión en Ecuador. Si bien la legislación intenta ser armónica con las normas internacionales, dándole prioridad a la sanciones ulteriores cuando se pongan en peligro determinados derechos, se ignora la vertiente objetiva de la libertad de expresión e información al no crear las condiciones idóneas para la transmisión de ideas y el debate alturado. Ante esta situación, y a pesar de que entendemos que en determinados servicios públicos es necesaria la intervención de un Estado que asegure la cantidad y calidad de la oferta, en este preciso supuesto creemos es mejor apostar por una autorregulación responsable para el desarrollo de un derecho que es pilar en la construcción de toda sociedad plural, tolerante y, sobre todo, democrática.


[1] LEVITSKY, Steven y Lucan A. WAY. “Elecciones sin democracia: El surgimiento del autoritarismo competitivo.” Traducción  de Darío López López. Estudios Políticos. 2004 Medellín, número 24, pp. 159-176.

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