Actualmente en diversos países del mundo podemos apreciar un amplio debate sobre el reconocimiento y protección de los derechos de los homosexuales, en miras de revertir la histórica segregación que afecta gravemente a estas personas en el libre desarrollo de su personalidad. Evidentemente, esta controversia varía según la coyuntura de cada país y por ende, existen numerosos sistemas jurídicos que regulan de forma muy distinta este asunto. Un caso reciente es la nueva legislación que planea implementar Uganda, país ubicado en África del Este, donde el 20 de diciembre del año pasado el Parlamento emitió un proyecto de ley que sanciona las relaciones homosexuales con una pena de 14 años de cárcel e incluso, impone cadena perpetua en su “modalidad agravada”. Esta iniciativa aún no es aprobada por el presidente Yoweri Museveni, pero como era de esperarse ya ha recibido diversas críticas por parte de la comunidad internacional. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial abordaremos este tema a partir de un análisis político y jurídico de la situación para finalmente reflexionar sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de medidas y la necesidad de erradicarlas.

Para empezar, es necesario examinar el contexto social y cultural de Uganda. La popularidad que recibe una iniciativa como tal responde a una lógica generalizada en todo el continente, donde alrededor de 34 países criminalizan la homosexualidad creando una lamentable precariedad de derechos. Ello sorprende, pues esta situación no siempre fue así. Si seguimos el análisis del historiador Alistair Boddy Evans, encontraremos que en sus inicios las relaciones homosexuales constituían algo habitual en el continente, pero fue el proceso de colonización que el continente experimentó lo que generó una dura represión contra este tipo de conductas, sustancialmente debido a la llegada de nuevas ideologías y doctrinas religiosas.  Ahora, a diferencia de nuestro país donde el rechazo al reconocimiento de los derechos homosexuales se basa únicamente en dogmas y prejuicios, en Uganda existe un factor objetivo que explica la popularidad de la medida, que son los cerca de 1.5 millones de personas que padecen de VIH y que, conforme a los estudios realizados, cuenta con una transmisión porcentualmente más alta en las relaciones que son entre hombres homosexuales. Es en ese sentido que la iniciativa aprobada por el Parlamento intenta proteger la salubridad del país frente a la expansión de dicha enfermedad, lo que lleva seriamente a preguntarnos si realmente un escenario como tal justifica jurídicamente este tipo de legislaciones.

Lo que percibimos es una habitual colisión entre derechos, ambos meritorios de tutela por parte del Estado. Por un lado, es imprescindible garantizar el derecho a la libertad sexual de las personas homosexuales; pero por el otro, lo que la ley pretende es –y en nuestra opinión, equívocamente- resguardar la salud pública, un bien jurídico de común interés en toda población. No quepa duda que un fin dirigido a evitar la expansión del VIH es legítimo; sin embargo, cabe cuestionarnos si la medida es idónea, y creemos que no lo es. Diversos estudios han llegado a la conclusión que es muy probable que las personas homosexuales e incluso las heterosexuales, al encontrarse bajo un sistema represor y sancionador, dejen de asistir a centros médicos para realizarse exámenes de prevención o tratamientos posteriores debido al temor que les produce el solo hecho de ser castigados o cuestionados como infractores de la ley. Asimismo, el que las relaciones homosexuales sean consideradas antijurídicas por ningún motivo va a generar un cambio en la sexualidad de las personas porque eso no depende de un proceso de discernimiento o decisión. Lo único que hará será forzar a dichas personas a realizar una doble vida fuera del ordenamiento lo que dificultará al Estado analizar y tratar la transmisión del VIH con personas que desconfían de un sistema como tal. En pocas palabras, ni disminuirá el índice de homosexualidad y menos aún, las prácticas homosexuales, que eventualmente se desarrollarían por lo bajo.

Incluso, si la medida fuese idónea y efectivamente, reprimir conductas “homosexuales” redujese en algo la transmisión del VIH –poco probable-, es completamente innecesaria a sabiendas de que existen otras opciones menos gravosas que podría el Estado adoptar. Antes que sancionar y reprimir, debería reconocer la existencia de tales relaciones y así sobre la base de ello, trabajar en distintos programas para reducir los índices de transmisión, sean entre homosexuales o heterosexuales. Un ejemplo es lo realizado en Sudáfrica durante el 2011 donde diversos estudios demostraron los beneficios que generan los antirretrovíricos en reducir la transmisión del virus en 96% de las parejas donde uno de los miembros está infectado con el VIH. Indudablemente, estamos frente a un país sumido en arduas condiciones, pero creemos que un paso trascendental para combatir esta situación pasa necesariamente por el reconocimiento, más que por el rechazo.

Esperamos que este proyecto legislativo no termine de implementarse, pues sería un grave retroceso y una fuerte afectación hacia los derechos de los homosexuales. Como hemos podido apreciar, la norma crearía una sanción que no conduce a solución alguna conforme a los fines por los cuales fue creada, sino que tan solo fomenta injustos e innecesarios encarcelamientos,  además de reforzar un lamentable prejuicio contra personas que han sido histórica e injustamente marginadas dentro de la sociedad. Finalmente, está de más recalcar nuestra férrea oposición a este tipo de políticas y esperemos, no proceda en aras de defender la libertad individual, concretamente sexual, que todo humano debe gozar independientemente de su orientación sexual.

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