El día viernes, por primera vez, desde que nos rige la Constitución del 93, el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al Gabinete de Ministros encabezado por el Premier Cornejo de acuerdo al procedimiento establecido por los artículos 130, 132 y 133 de nuestra Constitución y el reglamento del Congreso. Fueron dos votaciones seguidas en las que no se obtuvo el voto de confianza: en la primera con 47 votos a favor y 71 abstenciones; y en la segunda con 42 votos a favor, 6 en contra y 73 abstenciones. A raíz de ello, el Presidente ha solicitado que el lunes se convoque a sesión extraordinaria para definir si se le da o no el voto de confianza. Y frente a un panorama como tal, surge una pregunta que aún muchos no logramos resolver: ¿se otorgó o no el voto de confianza al Gabinete de Cornejo? A fin de contestarla, en el presente editorial explicaremos lo sucedido desde el plano jurídico para analizar las consecuencias que trae consigo esta polémica situación.

Comencemos analizando la norma base de este procedimiento: el artículo 132 de la Constitución que contempla las figuras del “voto de censura” y la “cuestión de confianza”. Si bien ambos son mecanismos que tiene el Poder Legislativo para fiscalizar la actuación del Ejecutivo, cuentan con diferencias sustanciales en su origen. Mientras que la primera es una moción que nace desde el Congreso y se plantea contra los miembros del Gabinete, a fin de censurar a un ministro por responsabilidad política; la segunda nace por iniciativa del Ejecutivo ante el nombramiento de un nuevo gabinete para presentar los lineamientos políticos de su gestión frente al Congreso para que este pueda decidir darle o no su voto de confianza. Además, solo para la aprobación del primer supuesto se requiere de mayoría absoluta, mientras que para el segundo, mayoría simple. Evidentemente, hablar de “censura” para el presente caso sería incorrecto pues estaríamos refiriéndonos a otro supuesto que, como hemos señalado, requiere de una votación más alta para ser aprobada.

Así, habiendo aclarado que estamos frente a la figura de la “cuestión de confianza”, es menester ahora preguntarnos si el Congreso dio luz verde al Gabinete con tales votaciones. Si bien existen muchas interpretaciones, se puede argumentar formalmente que sí. Así, es posible interpretar que en caso existan votos a favor, en contra y abstenciones en una deliberación, estas últimas no se contabilizan al momento de calcular la mayoría. Bajo este razonamiento, en la segunda votación, debido a la “jugada” de los nacionalistas con los 6 votos en contra, las abstenciones no serían tomadas en cuenta y por ende, los votos a favor representarían la mayoría, quedando así, aprobada la cuestión de confianza. Ahora, esta interpretación es altamente discutible, siempre que existen otras que aseguran mejor la representatividad de las decisiones; como por ejemplo, no tomar en cuenta las abstenciones únicamente cuando entre los votos a favor y en contra se represente al menos la mitad más uno del quórum total del congreso.

Entonces, podríamos concluir que sí hubo una aprobación por parte del Congreso, pero que finalmente no fue tomada en cuenta pues el Presidente del Congreso terminó calificando como denegado el voto de confianza. Sin embargo, si bien la aprobación del Gabinete puede ser defendida desde el plano jurídico, no lo es desde el plano político, y eso trae graves consecuencias. Nuestros congresistas, al momento de forzar la votación, parecen olvidar que dentro de nuestro sistema constitucional las autoridades no solo están amparadas por la legalidad, sino que necesitan de legitimidad para garantizar la institucionalidad de nuestra democracia. En una sociedad en la que no existe consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente y se cuestiona su condición, se abren la puertas para que la única herramienta para establecer el orden sea la coacción y la fuerza en desmedro de la estabilidad de nuestro sistema democrático y nuestra ciudadanía.

Además, si para el lunes finalmente no se otorga el voto de confianza, el Presidente se verá obligado a nombrar un nuevo Gabinete en las próximas 72 horas, conforme lo señala nuestra Carta Magna. Lo mismo podría suceder en caso transcurriesen 30 días desde que se nombró al Gabinete y este no lograse obtener el voto de confianza por parte del Congreso. Y por si no fuera poco, de no volver a entregarle el voto de confianza al segundo Gabinete, el Presidente tendría la facultad de disolver el Congreso pues así lo reconoce el artículo 134 de nuestra Constitución.

Sin duda, nos encontramos ante una crisis de representación política. En el Ejecutivo han olvidado toda capacidad de consenso para lograr la confianza de la ciudadanía: y en el Congreso, se ha instalado el miedo, la duda y la mano blanda con las abstenciones, quizás buscando obtener algunos intereses partidarios a cambio de otorgar la confianza al oficialismo. Mientras tanto, nuestro país sufre un lamentable retraso en el desarrollo de políticas públicas debido a la inestabilidad de sus autoridades y como consecuencia del actuar de la primera dama que ha terminado por quebrar la frágil y precaria institucionalidad de nuestro sistema político.

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