El pasado miércoles 9 de abril, tras una larga espera y con varias sesiones sin resultados de por medio, por fin se eligió como nuevo Fiscal de la Nación al cuestionado Carlos Ramos Heredia. La autoridad fue electa mediante un mecanismo bastante polémico, donde distintos sectores de la prensa y varias organizaciones de la sociedad civil criticaron la ausencia de un proceso transparente, con reglas claras y destinadas a priorizar el mérito y la capacidad de la persona que asumirá la institución, ya que, por el contrario, nos hemos encontrado frente a un sistema que permite a determinados grupos de interés manejar el proceso de elección, generando que se antepongan sus prioridades antes que el bienestar general. Así, entre las grandes críticas que se realizan a nuestro nuevo Fiscal, resulta de gran preocupación su vinculación con la cúpula acusada de la ola de corrupción que se vive en Áncash. Por esta razón, en el presente editorial invitamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el Ministerio Público en nuestro sistema de gobierno, más aún frente a la situación lamentable que se vive en Áncash.

Para empezar, no quepa duda de que el Ministerio Público juega un papel trascendental en el desarrollo de la sociedad y en las garantías que debe otorgarse a la ciudadanía, al ser el encargado de promover, de oficio o a petición de parte, la acción penal en defensa de los intereses públicos tutelados por el Derecho. Por ende, debemos tener presente que sin una actuación eficiente de este organismo, todos los delitos que reconoce nuestro sistema normativo no tendrían ningún efecto en la realidad, pues solo mediante un adecuado proceso de investigación y acusación es posible concretizar esa seguridad jurídica a fin de combatir las actuaciones delictivas. En situaciones críticas, cuando los ciudadanos se encuentran vulnerables a violaciones de sus derechos, la importancia de esta función aumenta, pues sin ella la comunidad queda desprotegida, propiciando terreno fértil para la impunidad. Lastimosamente, es esto lo que ha ocurrido en Áncash.

La región situada al norte de Lima ha vivido en los últimos años una creciente ola de inseguridad, y lo más preocupante es que parece estar íntimamente relacionada con el Presidente de la Región, César Álvarez. Como es de común conocimiento, Áncash maneja cuantiosos recursos provenientes en su mayoría del canon minero; precisamente, el manejo de estos bajo su gestión ha sido objeto de una serie de cuestionamientos y denuncias de corrupción. Lo alarmante es que cada vez que alguien ha denunciado o ha querido denunciar estos actos ha terminado siendo amenazado de muerte o cobardemente asesinado. Algunos autores como Steven Levitsky, califican esta crítica situación como un autoritarismo sub-nacional; y es que dentro de las víctimas cobradas por la inseguridad se encuentran Ezequiel Nolasco (opositor político de Álvarez, asesinado en marzo de este año), Juan Carlos Altamirano (otro opositor político a quien intentaron asesinar este mes), Nancy Moreno (fiscal que reabrió el caso de “La Centralita” y a quien han amenazado de muerte constantemente), el periodista Pedro Flores, dos alcaldes y el fiscal Luis Sánchez Colona, quienes también han sido asesinados. Pero la inseguridad y corrupción no son los únicos problemas en Áncash, también es posible evidenciar la inexistente libertad de expresión en tanto que periodistas y medios de comunicación son continuamente comprados y los pocos independientes, chuponeados o amenazados.

Más allá de todos estos alarmantes indicadores, la situación en Áncash es preocupante también por otro elemento: las redes de sicariato que ocasionaron la muerte de todas estas personas están relacionadas con la esfera política del gobierno regional. A ello se suma que la actuación de los poderes del Estado, que debió ser inmediata, no fue la óptima. Cabe resaltar el caso de Heriberto Benítez, congresista por Solidaridad Nacional, quien alquilaba uno de los pisos del inmueble de “La Centralita” y quién evitó el allanamiento inmediato del inmueble y que hoy es un fiel defensor de Álvarez. Pero no solo la actuación del congresista es cuestionable, también lo son las actuaciones del ex Fiscal de la Nación y del recientemente nombrado Fiscal de la Nación. Durante la gestión de José Peláez, se nombraron como fiscales en Áncash a dos allegados del régimen de Álvarez. Además, Peláez ha sido denunciado por remover y sancionar a once fiscales que investigaron al presidente regional. Por su parte, el nuevo fiscal de la Nación pidió la sanción de quince fiscales que investigaban actos de corrupción en Áncash, además de investigar a los cuatro fiscales que allanaron “La Centralita”.

Dicho ello, es indudable que entre los grandes retos que debe enfrentar el Nuevo Fiscal de la Nación está el de investigar quienes están detrás de todos estos acontecimientos, delitos e irregularidades que hacen entrever un lamentable clima de impunidad en Áncash, ciudad que hoy parece ser tierra de nadie. Desde esta tribuna, lamentamos que la actuación por parte de las altas esferas políticas y del mismo Ministerio Público haya sido tan tardía. Esperamos que esta situación se revierta para que finalmente este órgano pueda cumplir con la función que le ha sido otorgada por la Constitución, de la cual pende la confianza de los ciudadanos.

1 COMENTARIO

  1. A ello, se suma la vulneración de la Ley Orgánica del Ministerio Público al estar el Fiscal de la Nación electo más allá de los 3 años improrrogables en el despacho de Fiscalía Suprema de Control Interno. En verdad, debiera renunciar a la elección.
    Saludos.

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