A estas alturas, se presenta evidente que la columna vertebral del populismo latinoamericano está representada por el sector estatal, es decir, aquellas empresas estatizadas por los gobiernos de turno y que, por regla general, exhiben un funcionamiento deficitario e improductivo. Es que el producto de estos núcleos parece resumirse a una sumatoria de fracasos y de resultados económicos negativos por doquier. Asimismo, éstas se encuentran regenteadas por una burocracia estatal que teme a la competencia y que rechaza fervientemente tanto la innovación como el progreso económico.

Como contrapartida, la importancia del espíritu empresarial y de los emprendedores como aporte al crecimiento de cualquier país es fundamental, siempre en un marco de absoluta libertad laboral. Los hombres de empresa que hacen de la batalla contra la regulación estatal una carrera, son generadores de competencia, al tiempo que son los motores de la evolución y las mejoras en la calidad de vida de las personas, es decir, los verdaderos héroes. Los ejemplos en todo el mundo son bien conocidos.

La figura exactamente opuesta al espíritu emprendedor está dada por los ‘dioses políticos’, autoproclamados caudillos que en sus discursos defienden hacerlo todo en nombre del pueblo -al que, paradójicamente, saquean y menosprecian-.

Mientras tanto, los latinoamericanos han sido convencidos frente a la falacia populista de que el empresario debe siempre “repartir sus ganancias”, en tanto se ha promocionado un supuesto carácter inmoral de éstas. Tales utilidades -reza el populismo- deben ser puestas a la orden del político de turno, mientras que también reclaman la necesidad de una mayor –y a la vez destructiva- regulación del mercado laboral. El resultado final no sorprende: baja productividad en la industria, baja calidad de los productos -pero más caros para el consumidor final-, y una caída abrupta del salario real.

América Latina precisa de una revitalización urgente y definitiva de la cultura del emprendimiento, factor que solo logrará consolidarse a partir de la eliminación del proteccionismo y de los regímenes impositivos que resultan letales para la producción y la innovación. El proteccionismo, a diferencia de lo que expresan los populistas, no logra más que perjudicar al consumidor. Las empresas privadas deberían ser libres de competir, del mismo modo que los consumidores deberían ser libres de elegir.

El despilfarro, el clientelismo y la corrupción endémica son también consecuencias directas del ‘Estado empresario’. Este nos ha mostrado los resultados más destructivos de su naturaleza, porque nada conoce el político sobre incentivos y competencia. El Estado empresario soluciona el déficit de la firma estatal que administra haciendo que aquél sea pagado por el contribuyente, es decir, usted.

Para la dirigencia política latinoamericana, aún se vuelve muy difícil admitir que el verdadero proceso de generación de riqueza tiene lugar en el sector privado y jamás desde el amparo estatal. La prosperidad se hallará cuando los gobiernos expropiadores pongan un alto a su comportamiento infantil, y hagan a un lado el juego de “Estado empresario”. El sector estatal solo administra lo recibido a partir del cobro de impuestos y tributos: el Estado no produce nada más que escasez, miseria y hambre. A diferencia de la quiebra de una firma de orden privado -en donde el principal damnificado es el dueño de la compañía-, las desventuras del Estado empresario y sus consecuencias son pagadas, nuevamente, por usted.

América Latina debe abandonar, de una vez y para siempre, la creencia populista de que lo ‘estatizado’ le “pertenece a todos’. Si esta prerrogativa fuese cierta, todos veríamos resultados concretos de las ganancias supuestamente logradas desde la estatización. No es curioso que, a la postre, siempre suceda exactamente lo opuesto. La idea de propiedad pierde todo su sentido cuando hablamos de “propiedad del Estado” o “propiedad de todos”,  esta idea termina siendo no más que un concepto en el que abunda el sarcasmo.

No obstante, una economía dispone de varias salidas para liberar su poderío. Entre ellas, la independencia total del banco central –o su eliminación, en lo posible-; un freno definitivo al proteccionismo nacionalista, procediendo a la verdadera apertura de la economía; la inclusión en el vocabulario del concepto “disciplina fiscal” y su verdadera práctica; y, la privatización de toda empresa pública. Conforme ya dijimos, al Estado le corresponde facilitar el surgimiento de nuevas empresas y desregular la actividad económica, no expropiar emprendimientos o estructuras cuyo déficit luego deba financiarse a través del incremento violento de impuestos y trabas al comercio.

Solo así nuestra región conocerá más sobre progreso y crecimiento económico, y deshacernos del flagelo populista.

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