Enfoque Derecho entrevista a Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, sobre lo que está ocurriendo en los Gobiernos Regionales y los lineamientos que tienen que seguir los funcionarios públicos para no caer en la corrupción.

ED: En el 2008, el tema de la “Centralita” y los indicios sobre una supuesta red de corrupción en Chimbote ya habían salido a la luz; sin embargo, no es hasta que se registran muertes que adquiere mayor importancia en los titulares de los medios de comunicación. ¿Qué cosa nos dice esto? ¿No es un reflejo de que seguimos viviendo de espaldas a lo que sucede en el mal llamado “interior” del país?

JA:Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Para empezar, creo que hay dentro de la Administración Pública un desprecio por la data que se pueda tomar de las experiencias de las gestiones. En el 2008, se comenzó a investigar este caso. Hacia el 2011, el caso ya se encontraba en investigaciones preliminares en sede del Ministerio Público, pero, en ese momento, no teníamos idea de que la magnitud del problema iba a ser la de una organización criminal. Sin embargo, hacia el 2012, la Procuraduría sí sabía más o menos de manera rigurosa las dimensiones del caso de la “Centralita”, y además teníamos la data de que en Áncash, los casos de corrupción eran incluso más numerosos que en Lima. Algo nos decía eso. Sin embargo, es verdad que se ha tenido que esperar a que ocurra más de un homicidio para empezar a tomar interés en combatir algo que había comenzado a gestarse hace mucho tiempo atrás.

ED: Según distintos informes mostrados por la prensa, actualmente, existen 19 presidentes de gobierno regionales involucrados en 158 casos de corrupción. ¿Qué acciones debe tomar el Estado? ¿Qué respuesta se espera desde la Contraloría y la Procuraduría Anticorrupción? ¿Qué instrumentos se necesita para combatir este problema?

JA: Yo creo que hay que analizarlo desde dos dimensiones: (i) prevención de la corrupción y (ii) un nivel más punitivo. Desde el lado de la prevención, han fallado todos los controles. El sistema de Control Interno es absolutamente inadecuado en todas las regiones, en general en todas las instituciones. Todos los funcionarios de las Oficinas de Control Interno dependen de la cabeza de la institución a la que controlan y de la cual deberían tener total autonomía, y esto es totalmente pernicioso para un trabajo serio y riguroso de cualquier órgano de control.

Pero no solo eso, se ha puesto en evidencia que el diseño de centralización tal cual está, en términos de las instancias de control de fiscalización- me refiero básicamente a los Consejeros Regionales y a la Coordinación Nacional de las Regiones-, tampoco ha funcionado. La fiscalización en la ejecución de gasto, que debería corresponderle en alguna manera a los Consejeros Regionales, es deficiente por un asunto de proporción de fuerzas al interior de los Gobiernos Regionales.  Creo que esto requiere de un diseño mucho más inteligente. Por otro lado, tampoco han funcionado las instancias nacionales. Ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial han funcionado adecuadamente. Y la Procuraduría ha tenido muy poca fuerza hasta el 2012.

El rol del Ministerio Público es esencial cuando se ha cometido un delito o existe una organización criminal como este; empero, lo que ha habido es, al parecer, una estrategia en función de conseguir impunidad. Todos los fiscales que investigaron con rigor el tema de la Centralita fueron removidos en su momento.

Hay un caso emblemático que es el de la fiscal Jenny Vilcatoma. Inicialmente, la fiscal mencionada tenía a su cargo la investigación del caso de la “Centralita”. En este contexto, recibió amenazas de quienes seguramente eran los sicarios de esta organización. Estas amenazas fueron comunicadas al entonces Fiscal de la Nación, José Pelaez, cuya respuesta fue cambiarla de jurisdicción. Así, la fiscal fue trasladada a Iquitos.

El Fiscal hizo esto cuando, en mi opinión, debió proporcionarle mayor seguridad para que continúe con el caso. Lo que pasó es sintomático de cuál ha sido el papel del Ministerio Público en el caso. Al ser enviada a Loreto, la fiscal se hace cargo de la investigación más emblemática de Loreto- el caso del alcantarillado que también involucra al Presidente Regional, al Sr. Vásquez. En ese sentido, siguió con el mismo rigor con que investigó la “Centralita”. En un momento, el Ministerio Público decidió “secuestrar” información de una oficina del Gobierno Regional con autorización posterior del Juez, según el Código Procesal Penal esto es legal, pero se cuestionó esta toma de decisión. Yo, en ese momento era Procurador, fui a informar a favor de la acción tomada por el Ministerio Público y ganamos, se legitimó la incautación de la documentación que era valiosa para el caso. Sin embargo, una semana después, dicha fiscal fue, nuevamente,  cambiada y trasladada a Lima.

De la situación descrita, se desprende en primer lugar que la Fiscalía lejos de ser el órgano que debería ser, es decir, un filtro necesario para investigar la corrupción en las regiones, le ha dado la espalda a estos casos. En segundo lugar, no ha habido un acompañamiento al rediseño que se hizo de la Procuraduría en las distintas regiones. Si bien hasta el 2011, la Procuraduría tenía una sola persona por región, el diseño que nosotros propusimos suponía una estructura diferente. Fue muy difícil que las oficinas contaran con el mobiliario necesario, tuvimos que enviar computadoras a dichas oficinas. Había una excesiva burocracia en el Estado.

ED: Una de las razones por las cuales se dice que existe tanta corrupción en los Gobiernos Regionales es porque estos manejan una cuantiosa suma de dinero fruto del canon minero. ¿Qué opinión le merece ello?

JA: Esa sola afirmación no es exacta. Esa información desprovista de contexto es inexacta. No tendría que haber correspondencia entre mayor dinero de canon minero y mayor corrupción. Sin embargo, sí existe dicha correspondencia. Nosotros documentamos esto con los casos que teníamos, hicimos una toma de data en los casos de corrupción en las regiones, y efectivamente Ancash, como región que tiene el mayor manejo de canon minero, es una región con mucha corrupción. En ese sentido, mayor ingreso por nivel de canon es reflejo, normalmente, de mayores casos de corrupción. Pero falta un elemento que no se ha analizado y es que hay una absoluta discrecionalidad por parte de los Presidentes de los Gobiernos Regionales en el uso de los fondos, desconocimiento total en temas de contrataciones y adquisiciones del Estado dentro de los Gobiernos Regionales, y una ausencia absoluta de control- que es lo que decía inicialmente. En ese sentido, todos esos elementos conjugados hacen posible que opere la ecuación de manera sumamente lógica (mucho dinero, poco control y escasa capacitación para ejecución del gasto).

ED: A partir del incremento en los últimos meses de las denuncias, se ha hablado incluso de congelar las cuentas de algunos gobiernos regionales, ¿le parece una medida viable, habría otro recurso de escape? ¿Cómo afrontarían esto los gobiernos regionales?

No solamente se habla, esto ya ha pasado tanto a nivel de Gobiernos Regionales como también a nivel de Gobiernos Locales. Yo no sé si esa es una medida efectiva, sí puede ser una medida efectiva siempre que no esté insertada en un sistema de modificaciones de la estructura regional. Si eso va a funcionar va a ser siempre y cuando se activen o se mejoren los mecanismos de control. Cuando la Contraloría se fortalezca, los consejeros podrán efectivamente dedicarse a fiscalizar. De otro modo yo no veo que funcione.

ED: En su experiencia, ¿cuáles son las principales complicaciones para sancionar los delitos de corrupción? ¿El proceso para conseguir las pruebas, testimonios y otros recursos es lo más complicado? ¿Es acaso una carencia de mecanismos de control?

JA: Los mecanismos los tenemos. No hay que olvidar que el sistema de corrupción instaurado después del 2000 tuvo que hacerle frente a una organización criminal de dimensiones escalofriantes e inéditas en la historia del país. Estas estructuras criminales al interior de las regiones son replicas muy disminuidas de esa corrupción. En ese sentido, los instrumentos están. Por ejemplo, la Ley de Colaboración Eficaz que se había dejado de lado en los años previos es un instrumento sin duda importante para desmontar una organización criminal. La razón es que se inscribe bajo la lógica del Derecho Penal premial, el cual permite que un imputado por delito de corrupción, que no se encuentre en la estructura jerárquica máxima de la organización, pueda delatar a los cabecillas, describir cuál es el nivel de estructura de esa organización criminal, así como su funcionamiento. Eso funciona muy bien y yo creo que ese es un instrumento que va a tener que usarse en estos casos. Otro mecanismo es la interpretación de la norma; en este contexto,  yo percibo que hay participación de privados.  En ese sentido, va a haber, por ejemplo una discusión que ya hubo en relación a si es posible imputarle delitos especiales propios de la función pública a los privados. No me queda duda de que los abogados de estas personas volverán a poner este tema en el debate.

Hay otro asunto que estaba dejando de lado, el dinero que sale del Estado a través de la corrupción es seguramente llevado al extranjero como ya ha ocurrido antes. En ese sentido, debe haber una política de rastreo de fondos, de búsqueda de dinero, saber cuál es la ruta de ese dinero que sale de las arcas públicas. Hay que analizar todo el esquema de organización criminal; ahora mismo, existen investigaciones por el delito de corrupción, pero también por homicidio, secuestro y otras cosas. Todos estos delitos que no son contra la Administración Pública son absolutamente instrumentales para la comisión de delitos contra la Administración Pública. En ese sentido, yo creo que el fin de esta organización criminal no es matar, amenazar, secuestrar, es robar. La idea de este grupo tiene que ver con asentarse en el poder para robar; si para eso tiene que matar, lo van a hacer.

Otra idea es tratar de acumular las investigaciones en una sola. Esto es una experiencia que la Procuraduría Anticorrupción ya vivió en el caso Fujimori-Montesinos. Tratar de acumular todas las investigaciones para poder juntar de manera holística un caso complejo.

ED: Sin duda alguna, la labor de un procurador anticorrupción está constantemente expuesta a ser objeto de soborno o corrupción, ¿cuáles cree usted que deben ser los lineamientos o perfiles que debe tener un procurador para no caer en la corrupción?

Lo primero que hay que tener claro es que uno entra a la Administración Publica por una vocación de servicio. Esto es algo que no solo tiene que ver con la Procuraduría, sino con todos los funcionarios públicos. Del lado del ejercicio de la función pública, se establece la idea de servir,  de estar jugando en un esquema de ejercicio funcional con expectativas y derechos de los ciudadanos. Esto es mucho más intenso en el espectro del funcionario que lucha contra la corrupción, porque lo que yo siempre he dicho es que detrás de cada acto de corrupción, hay vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, si eso no va de la mano de un adecuado sistema punitivo, de recuperación de activos y de requerimiento de indemnización por el daño causado hay una ruptura del sistema; lo cual provoca una sensación de impunidad permanente. Entonces, que el encargado de promover el castigo para el corrupto, entre en la telaraña de corrupción es absolutamente perverso. Importa expresar que conozco pocos casos, pero estos existen, siendo la situación de la Selva un ejemplo que demuestra el nivel de precariedad del sistema.

ED: ¿Qué rol debe y debió jugar la Contraloría General de la República ante estos problemas? ¿Cuál es el desempeño que han tenido las Oficinas Regionales de Control?

JA: Ya lo dije, creo que es absolutamente inconveniente el esquema en el cual los Órganos de Control dependan administrativamente de las instituciones que controlan. Eso es inviable, se empieza a constituir una dependencia funcional y por tanto, un esquema de protección que creo que es pernicioso para cualquier sistema de control. No tiene lógica que el funcionario del órgano de control de la institución sea pagado por el presupuesto de esa institución, ¿qué nivel de autonomía puede tener en esa situación?

1 COMENTARIO

  1. La capacidad de control del Estado sobre el uso de los recursos públicos, vía la Contraloría General de la República (CGR), seguro, puede mejorarse como propone el ex Procurador Arbizu, si el personal de las Oficinas de Control de las entidades públicas pasan a depender en su integridad de la CGR. El Contralor actual al inicio de sus funciones abogo y en parte logro algún avance en ese sentido. Hace falta que los congresistas, la CGR y el MEF incluyan en la discusión del Presupuesto de la República de 2015, el presupuesto necesario para ese cambio fundamental. Eso reflejaría firme voluntad política en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la potencial mejora del sistema de control de los recursos públicos, en paralelo, supone la mejora del Sistema de Defensa Jurírica del Estado. Es imperativo que las denuncias de la CGR concluyan con fallos firmes a favor del Estado en los tribunales.

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